La batalla judicial que se abrió en 2022 por la propiedad del edificio del exAsilo San Antonio, esa imponente edificación que se levanta en la esquina de Paraguay e Italia, contiguo a la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, no acaba y suma nuevos actores.
El médico Jorge Sapetti ha dicho públicamente que compró esa propiedad a una congregación religiosa, que se la vendió en buena ley, y tras eso hizo lo que cualquier comprador: pidió el desalojo a quienes lo ocupan de forma irregular. Los okupas resultan ser ni más ni menos que una parroquia, la Iglesia Católica.
Pero aunque en la Justicia se probó que Sapetti es su comprador, no pudo prosperar un pedido de desalojo y la Iglesia sigue ocupándolo. La titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, de Paraná, Gabriela Sione, rechazó el desalojo con el argumento de que en un juzgado de Buenos Aires se tramita una contrademanda del Arzobispado de Paraná contra la congregación Hermanas Terciarias de la Calidad, la orden que fue propietaria del exAsilo San Antonio y que luego, en una operación inmobiliaria, lo vendió a Sapetti.
En una resolución del 13 de este mes, la jueza Sione recuerda que el 4 de julio de 2023 Sapetti promovió demanda por desalojo contra el Arzobispado de Paraná y el párroco de Nuestra Señora de la Piedad, Mario Alberto Haller “del inmueble ubicado en calle Italia Nº 396 de la ciudad de Paraná, y de daños y perjuicios, solicitándose asimismo como medida cautelar la prohibición de innovar”.
El 1º de agosto del año último se presentó el Arzobispado y respondió a la demanda y pidió su rechazo. Además, recordó que ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº42 se tramita la causa caratulada “Arzobispado de Paraná c/Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad y Otros s/Medida Precautoria”, que tuvo resolución el 2 de junio en la que se dispuso la “prohibición de innovar en cuanto a la tenencia del inmueble sito en calle Italia esquina Paraguay”.
En ese mismo Juzgado Civil Nº 42 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se lleva adelante otro pleito: “Arzobispado de Paraná c/Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad y Otros /Nulidad de Acto Jurídico”.
Aunque con la medida del juzgado nacional de “prohibición de innovar” la jueza Sione se abstuvo de hacer lugar al pedido de desalojo planteado por Sapetti. “En mérito que la referida medida cautelar prohíbe a Jorge Claudio Sapetti innovar sobre la tenencia del Arzobispado de Paraná sobre mencionado bien, el objeto de la pretensión -el desalojo- implica una innovación o modificación sobre la tenencia del inmueble, lo que está alcanzado por ladecisión cautelar. Por imperio de la medida cautelar, la pretensión de desalojo es improponible en cuanto a su objeto, ya que el actor estaba notificado de la medida en fecha 13/06/2023 e interpuso el desalojo el 30/06/2023”, señaló la jueza.
Cómo empezó
No bien se enteró que un privado quería hacerse del edificio del exAsilo San Antonio, la Iglesia de Paraná no dejó de moverse.
Luego del revés que tuvo con la denuncia penal por usurpación, el Arzobispado acudió a Tribunales con un «interdicto de recobrar» posesión del edificio, del que fue despojada la Iglesia luego de que el 6 de agosto de 2022 Sapetti ingresara con escribano y cambiara las cerraduras y le vedada el acceso a todos los grupos pastorales que utilizaban la planta baja del edificio. Se trata de un recurso judicial que técnicamente implica el pedido a la Justicia para que se le restituya la posesión de un inmueble del cual era el tenedor y del que fue total o parcialmente despojado.
La Iglesia sostiene que la construcción «constituye un bien eclesiástico destinado a los fines propios y específicos de la Iglesia Católica: edificado en el siglo XIX por el arquitecto Arnaldi, fue propiedad del Apostolado de la Oración, que lo donó a dos religiosas de la Congregación Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad el 2 de abril de 1921”. Luego, “pasó a ser propiedad de la Congregación referida mientras que la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad y su comunidad han hecho uso parcial del inmueble a partir del 27 de febrero de 1965, ocasión que el templo fuera donado al Arzobispado de Paraná”.
La piedra de toque de este escándalo inmobiliario que involucra a la Iglesia de Paraná ocurrió el último 14 de julio: ese día, Puiggari recibió “sorpresivamente una nota” enviada por la superiora general del Instituto Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, mediante la cual pone en conocimiento que el inmueble había sido vendido al señor Jorge Claudio Sapetti (nunca antes se había efectuado tal anuncio pese a las tratativas que se venían realizando) y solicitaba arbitren los medios para que el párroco haga entrega de las llaves”.
La respuesta del Arzobispado a la comunidad religiosa ocurrió el 2 de agosto de 2022, cuando el vicario general de la curia, Eduardo Hugo Tanger envió una carta documento “advirtiendo la sorpresa y desaprobación de la venta, y requiriendo se informe en el plazo de 5 días si se ha dado cumplimiento con las disposiciones del Código de Derecho Canónico para la enajenación de bienes”.
El día 6 de agosto, mientras el cura Horacio Correa celebraba misa, la escribana Marie Constance Berduc certificó la toma de posesión del inmueble por parte del odontólogo Sapetti.
“Al ingresar al lugar –detalla la presentación judicial- se encuentra (el cura Correa) con tres personas que se identifican como Jorge Claudio Sapetti, Adrián Pagana, cerrajero, y el doctor Cristhian Julio Panceri”. Añade que en el acta notarial que redactó la escribana Berduc “se dejó constancia que el señor Sapetti había ingresado al inmueble no por la puerta del frente sino por la puerta trasera y desde otro inmueble de titularidad de la congregación religiosa, procediendo al cambio de cerraduras y clausurando, a través de una cadena con candado, una reja que comunica el templo con el inmueble referido”.