La Iglesia de Paraná hizo silencio luego de la durísima condena que recibiera este viernes un miembro del clero, el cura Marcelino Ricardo Moya, sentenciado a 17 años de prisión por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, al hallarlo culpable de los delitos de abuso y corrupción de menores.
El tribunal no aceptó el pedido de pena que planteó el Ministerio Público Fiscal en conjunto con la querella particular, 22 años de cárcel, y tampoco el pedido de prisión preventiva en una unidad penal hasta que la sentencia quede firme. En vez de eso, lo condenó a 17 años, y lo mantuvo en libertad hasta que el fallo adquiera firmeza.
De ese modo, torció una posición que ha venido manteniendo hasta ahora con los otros dos sacerdotes condenados a prisión por abuso y corrupción de menores: Juan Diego Escobar Gaviria y Justo José Ilarraz., ambos condenados a 25 años de prisión.
Antes, el titular de la Iglesia, Juan Alberto Puiggari, se había mostrado locuz respecto de la situación judicial de Moya.
«Estaría contento que se decida lo de Moya. Me siento injusto teniéndolo castigado, y que la Justicia no avance. Y la Justicia no puede decir que no hemos aportado todos los elementos que nos pidieron”.
Eso dijo el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, a finales de agosto de 2016, un año después de la apertura de la causa penal contra el cura Marcelino Ricardo Moya.
“Estamos esperando que actúe la Justicia –aseguró–. El caso Ilarraz, aparentemente, viene más rápido, pero en el caso de Moya, hace un año y tres meses que yo lo retiré y la Justicia no avanzó”.
Puiggari dictó su propia sanción a Moya luego de que el cura fuera denunciado en la Justicia por abusos a menores, el 29 de junio de 2015.
Al día siguiente, la curia dio a conocer un comunicado en el que anunció la apertura de una investigación preliminar, siguiendo lo que establece el Código de Derecho Canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis”
La expresión en latín “Gravioribus Delictis” alude a los “delitos graves”, como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores. La investigación propia de la Iglesia fue enviada a Roma, y de eso no se tiene novedades.
Nunca se supo qué pasó con la causa canónica. Puiggari apuró a la justicia civil pero no avanzó con su propia investigación. La Justicia nunca supo qué pasos se dieron, si hubo condena, sanción o qué.
Moya, aunque recluido en cuarteles de invierno, sigue siendo sacerdote.
Moya es cura desde que el cardenal Estanislao Karlic lo ordenara, el 3 de diciembre de 1992. Al año siguiente llegó a Villaguay donde estuvo como vicario hasta 1997 en la parroquia Santa Rosa de Lima. En ese lugar se habrían producido los abusos que denuncian dos víctimas, un médico y un estudiante de Derecho, entonces adolescentes que integraban el grupo parroquial.
Aunque de los casos, la Iglesia tomó conocimiento mucho antes. De acuerdo a una carta que presentó en 2010 el entonces sacerdote José Carlos Wendler, la Iglesia supo desde ese año de los abusos del cura Moya.
José Carlos Wendler se ordenó cura el 14 de abril de 1996 y ese mismo año lo destinaron a Villaguay, como vicario de la parroquia Santa Rosa de Lima.
Ese año, Wendler supo de uno de los abusos que ahora investiga la Justicia: se lo contó Ernesto Frutos, que antes se lo había comentado a su grupo de amigos -que no le creyeron- y a su padre -que evitó denunciar a Moya por cuanto se trataba de un cura entonces muy querido en Villaguay- y lo primero que hizo fue hablarlo con la familia del chico.
La familia de Ernesto optó por la reserva, y no llevar el caso a la Justicia. Más tarde, Wendler tomaría una determinación: poner en conocimiento de los hechos a la jerarquía católica de Paraná.
Eso fue en 2010.
No hubo denuncia judicial entonces y Moya siguió siendo lo que era hasta ese momento: un reconocido cura dedicado a las payadas en los festivales folclóricos. Su último destino fue Seguí.
En 2015 recién se abrió la causa en la Justicia.
Sólo entonces actuó la Iglesia. Lo recluyó en María Grande, y allí quedó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.