La Iglesia de Paraná salió a respaldar públicamente al cura Germán Pablo Brusa, párroco de San Martín de Porres, en Anacleto Medina, que el viernes, mientras celebraba misa en una propiedad recuperada vía judicial por el Arzobispado, fue agredido y amenazado de muerte.
El predio había sido entregado en 1994 por la Municipalidad de Paraná, pero una década más tarde, durante el cambio de párroco en San Martín de Porres, una mujer, empleada municipal, ligada al Movimiento Evita y al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Gisela Gómez, ocupó la propiedad y la hizo suya. No sólo eso: también la alquiló y después, cuando se dispuso a venderla, el Arzobispado decidió ir a la Justicia con un juicio de desalojo, que resultó favorable.
Una orden de desalojo, un cura amenazado y un conflicto irresuelto
El viernes 5 el cura Brusa recibió la llave de la propiedad y el sábado ofició misa en el lugar. Fue entonces cuando ocurrió la situación enojosa: Gisela Gómez y sus hijos irrumpieron mientras celebraban misa y agredió al sacerdote, que luego efectuó la denuncia policial. El caso ahora lo tramita el fiscal Eric Zencklusen.
Luego de la comunidad de San Martín de Porres y la Fundación Presencia Presente, que administra la escuela social Pablo Tarso, idea de Brusa, el Arzobispado salió a solidarizarse con el sacerdote. «Es conocida y apreciada la enorme tarea solidaria y benéfica que realiza la capilla San Martín de Porres entre los miembros del barrio, acompañando y sosteniendo a personas, emprendimientos y familias que tanto lo necesitan. La agresión sufrida el fin de semana debe movernos a la reflexión sobre el respeto que merecen todas las personas, en especial en aquellos ambientes de verdadera cercanía con quienes más sufren la difícil coyuntura socioeconómica actual, y a recordar que el mensaje evangélico rechaza el uso de la violencia como forma de convivencia entre las personas y los hermanos», expresó la curia.
«El episodio -señaló- se desencadenó a raíz de la recuperación por parte del Arzobispado de Paraná de un inmueble de su propiedad, que había sido intrusado hacía algunos años y que era utilizado para finalidades totalmente ajenas a las de la Iglesia por parte de los ocupantes. Luego de haber concluido las gestiones judiciales de desalojo mediante la firma de un acuerdo homologado por la Justicia, el Padre Germán Brusa junto con un grupo de files de la comunidad se dispusieron a celebrar la Santa Misa en agradecimiento, ocasión en la cual se produjeron los lamentables hechos de violencia protagonizados por personas que manifestaban tener derechos sobre la propiedad, pero que nunca ocurrieron por las vías legales correspondientes para hacerlos valer».
En un pronunciamiento público, la curia concluyó: «La entidad lejos de desconocer el derecho a reclamar que pueden ejercer las personas, más allá de la legitimidad o no de lo que consideren justo, jamás reconocerá la utilización de formas y medios no pacíficos para ejercerlos, menos aún cuando se encuentran en funcionamiento las instituciones del Estado de Derecho y en pleno ejercicio de la democracia».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora