El cardenal Estanislao Esteban Karlic, 95 años, durante dos décadas jefe de la Iglesia de Paraná, uno de los redactores, junto a Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, del Nuevo Catecismo Universal, no supo qué hacer cuando se enteró de que uno de los suyos, el cura Justo José Ilarraz, había sodomizado al grupo de adolescentes que tenía a cargo en las santas instalaciones del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo. Y, claro, actuó pésimo: ordenó investigarlo, citó testigos, escuchó a las víctimas, y cuando todo eso concluyó -sin darle la posibilidad al acusado de defenderse- cerró el caso con una sanción simbólica: envió a Ilarraz al destierro.

Karlic contó en 2018 en los Tribunales -en una declaración por escrito durante el juicio a Ilarraz, finalmente condenado a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores- que el cura le pidió perdón por aquellos hechos. «El pedido de perdón lo hizo en relación a los hechos que se le imputaban sobre su relación con algunos seminaristas. Reconoció su culpabilidad en los hechos”, señaló. No explicó por qué nunca denunció esos delitos, los abusos, en la Justicia ni por qué ningún defensor intervino. Tenía a mano un abogado, el oficial de justicia de la diócesis de Paraná, Silvio Fariña.

Estanislao Esteban Karlic.

 

«Me entero por Karlic que se estaba haciendo una instrucción, pero nunca me pude defender de esa instrucción. (El sacerdote Silvio) Fariña estuvo en la misa del sepelio (de su madre) pero nunca me dijo; nunca me llamó a hacer una declaración, nunca me pude defender porque nunca tuve conocimiento, y ni siquiera de un juicio administrativo», dijo Ilarraz en las audiencias del juicio que se sustanció en su contra en 2018 y que terminó en condena a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores.

Ilarraz no fue a la cárcel: cumple arresto domiciliario en un departamento de calle Corrientes al 300, en Paraná, hasta que se expida la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su planteo de prescripción de la acción penal. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), ahora con nueva mayoría, conformada por los vocales Daniel Carubia y Miguel Giorgio, tiene una postura diferente sobre de estos delitos de las que supo esgrimir el exvocal Carlos Chiara Díaz: sostiene que no hay forma de que prospere la investigación judicial sobre los hechos denunciados por el paso del tiempo.

El primer beneficiado con esa doctrina ha sido el cura Marcelino Ricardo Moya, condenado en 2019 a 17 años de cárcel por abuso y corrupción de menores. La Sala Penal echó por tierra con los pronunciamientos de dos tribunales distintos, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay y la Cámara de Casación Penal de Concordia, y sobreseyó a Moya.

Moya está recluido en algún lugar de Entre Ríos desde que la Iglesia lo mandó a cuarteles de invierno para evitar el escarnio. La curia no sanciona, no excluye a ninguno de los suyos envueltos en asuntos gravísimos como abuso de menores. Los deja en el freezer: después se verá. Pero Moya, Ilarraz, Juan Diego Escobar Gaviria -alojado en la Unidad Penal de Victoria, condenado a 25 años-, los tres, siguen siendo miembros del clero de Paraná. Se repite el mismo modus operandi que con Ilarraz: un comunicado de consternación cuando el caso gana la luz pública, y más nada.

«Estaría contento que se decida lo de Moya. Me siento injusto teniéndolo castigado, y que la Justicia no avance. Y la Justicia no puede decir que no hemos aportado todos los elementos que nos pidieron”. Eso dijo  Puiggari a finales de agosto de 2016, un año después de la apertura de la causa penal contra el cura Marcelino Ricardo Moya, tres años antes de que se conociera la condena a 17 años de cárcel.

 

Ilarraz, Escobar Gaviria, Moya: los curas abusadores.

“Estamos esperando que actúe la Justicia –aseguró–. El caso Ilarraz, aparentemente, viene más rápido, pero en el caso de Moya, hace un año y tres meses que yo lo retiré y la Justicia no avanzó».

La mirada de la Iglesia está siempre puesta en salvar a los suyos; de las víctimas se ocuparán las propias víctimas. Ese parece ser el pensamiento del clero.

Puiggari la pifió con Moya. También con la monja Luisa Toledo, expriora del convento carmelita de Nogoyá, condenada a 3 años de prisión por privación ilegítima de la libertad. Se quejó del «escándalo» por un allanamiento judicial en el convento en 2016, y pidió la intervención de Roma. Ahora la religiosa está alojada en la Unidad Penal de Mujeres Concepción Arenal, de Paraná, y la Iglesia hace silencio.

También hace silencio con el destino de sacerdotes que saca de circulación cuando están expuestos a la sospecha pública.

El cura Alfredo Nicola está, desde finales de 2017, separado informalmente de la Iglesia: hay una investigación canónica en marcha y un silencio atroz alrededor de su caso. Aunque con una metida de pata magistral en el medio: el vicario general de la diócesis, Eduardo Tanger -el mismo que ofició un exorcismo en las puertas de la Catedral para ahuyentar la pandemia de coronavirus- le firmó un salvoconducto a Nicola en el que dijo que no tenía ninguna investigación abierta en su contra. Raro: Nicola fue uno de los curas de más alta exposición mediática y enrolado en la corriente de los sanadores y de un día para el otro ingresó en el ostracismo más cerrado.

A principios de junio de 2019, el cura Carlos Benavidez dejó de ser párroco de San Ramón Nonato, en Nogoyá, entre gallos y medianoche. Puiggari lo sacó de allí y lo trajo a Paraná y así procuró apagar el escándalo que se había desatado, con denuncia judicial incluida.

Al  cura Benavidez lo señalaron distintos testimonios por ofrecer dinero a cambio de sexo a feligreses de su parroquia. La denuncia no prosperó: no había delito porque el intercambio que proponía el hombre de Dios -dinero por sexo- era entre adultos.

«Cagón, no te animas, jajaja, a venir, qué, tenes miedo», dice uno de los diálogos con un hombre que buscaba una changa.  «En confianza, ¿no hacés masajes?», pregunta el cura a la persona que se había ofrecido para cortar el pasto en la parroquia.

Nicola y Benavidez, envueltos en situaciones distintas, comparten el mismo destino: el ninguneo y el silencio sobre su situación, nada nuevo en la inescrutable dinámica de la Iglesia de Paraná.

La Justicia será siempre un camino escarpado que la curia evita seguir. Mejor no hablar de ciertas cosas.

 

 

 

 

Ricardo Leguizamón

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

Fotos: Gentileza Arzobispado de Paraná

 

 

 

 

 

 

 

 

«La lectura de las constancias de esta causa y las convicciones y conductas de sus protagonistas, basadas en meros dogmas de fe y no en la razón, me llevan a pensar que la condena impuesta no será tomada por Luisa Ester Toledo como una sanción penal sino casi como un premio que le permitirá recibirla como un acto sublime de contrición cuyo sacrificio la acercaría al sufrimiento de su redentor y la cumplirá como un acto de amor», señaló Carubia en su voto, al que adhirieron Miguel Giorgio y Claudia Mizawak.