La camarista Gisela Schumacher, la misma que ordenó al Gobierno frenar el tarifazo y aplicar sólo el aumento que fuera discutido en audiencia pública, deberá resolver un nuevo planteo sobre el precio de la luz: la validez de la convocatoria a audiencia pública formalizada por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) para el miércoles, en Villaguay.
Schumacher acogió favorablemente un amparo presentado por la firma Estación de Servicio Laurencena SRL contra el tarifazo, y limitó la suba al 19,8% en vez del 137% que autorizó el Ejecutivo. Ese planteo ahora está en apelación en la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La jueza, vocal de la Cámara Contenciosos Administrativa, señaló en su fallo que no discutía “si era o no necesario actualizar las tarifas, o si la falta de actualización provocaría un severo daño a la prestación del servicio público, o un quebranto de las distribuidoras”. Lo que sí expresó es que resulta “inadmisible”, aseveró, “tratar de enmascarar la omisión de un procedimiento esencial (audiencia pública) bajo la urgencia de la restauración de la ecuación económica financiera frente a la amenaza de quebranto, cuando en la ley que regula el servicio público se prevé un plazo absolutamente veloz que combina la garantía de la ciudadanía en conocer información con la protección del servicio público”.
Lo que la jueza pidió es que se respetara lo que establece la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico. Pero en vez de basarse en esa ley, el Ente Regulador apeló al artículo 51º de la Constitución, y convocó a una audiencia para “informar” de los aumentos y no para discutirlos.
La Defensoría del Pueblo presentó este viernes un amparo contra ese mecanismo y pidió que sea declarado ilegal.
El artículo 1º del anexo que acompaña a la resolución Nº 67, dictada el 28 del actual por el EPRE, regula el “mecanismo de participación ciudadana en la audiencia pública convocada” pero aclara que esa convocatoria es sólo “para informar los fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos por los cuales se transfiere a la tarifa los precios de la potencia y energía que adquieren las distribuidoras en el mercado mayorista eléctrico”.
El artículo 2º previene, además, que “las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la audiencia pública tendrá carácter consultivo y no vinculante”.
Ahora, el defensor del Pueblo, Luis Garay, y el adjunto, Pablo Donadío, presentaron un recurso de amparo contra el EPRE y pidieron que se declare la nulidad de la resolución que convocó a audiencia pública “por lesionar, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos de raigambre constitucional”
La Defensoría reprocha al EPRE que pretende realizar la audiencia “violando el reglamento vigente para su convocatoria y celebración, persiguiendo además, que el EPRE, en lo sucesivo convoque a audiencia pública de conformidad a su propia reglamentación”.
Pidió que el organismo respete los términos de la Ley de Marco Regulatorio N° 8916/95 “y por sobre todo que asegure a los ciudadanos entrerrianos el derecho a la información y participación republicana en la conformación de las tarifas de servicios públicos”.
Pero mientras se resuelve el amparo, pidió una medida cautelar y “se ordene la suspensión de la realización de la audiencia pública”.
El escrito recayó en la Cámara Contencioso Administrativo, en el despacho de la camarista Gisela Schumacher, la misma jueza que ya falló en contra del EPRE, y ordenó al organismo convocar a audiencia pública según los términos de la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico.
“El Ente entiende a la audiencia como un mero trámite administrativo, y no es así. No estamos contra la audiencia pública. Estamos en contra de este tipo de convocatoria, hecha sólo para convalidar lo que ya está resuelto”, dijo el defensor del Pueblo, Luis Gary.
Todos, claro, estarán atentos a la decisión de la jueza Schumacher, en particular a la medida cautelar planteada por la Defensoría, pidiendo la suspensión de esa audiencia.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.