Ni la Ley Micaela -esa normativa que siguió al femicidio de la entrerriana Micaela García y que obliga a todos los funcionarios del Estado a capacitarse en género-. Ni las buenas intenciones. Ni las declamadas buenas prácticas. Ni la perspectiva de género. Todo eso, en la Justicia entrerriana, es mera postura discursiva, que en la práctica nada de nada.
La Justicia entrerriana es patriarcal, le falta siempre empatía y el «justiciable», ese término que adorna los discursos de los funcionarios judiciales, será siempre un número, un expediente, nunca una historia de vida, o muerte. «La legislación como cuerpo normativo en Argentina es un modelo a nivel internacional, más respecto a derechos humanos. Incluso en violencia de género estamos a la vanguardia. Nos toman como modelo. Pero sin estructura esa ley no llega a la gente. No deja de ser una letra hermosa pero no se puede aplicar», analiza Florencia Rojo, abogada, vicedirectora del Instituto de Mujer, Género y Diversidad del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
En un análisis descarnado de lo que ocurre en los Tribunales entrerrianos, la profesional se detiene en las causas por violencia de género y en la brutal falta de empatía que encuentran las mujeres que acuden con situaciones de angustia y peligro. Los Juzgados de Familia, que tienen jurisdicción en esos casos, están agobiados de causas y las personas -las mujeres, los niños, las familias- se convierten solo en un número de expediente. En ocasiones, además, las resoluciones sobre esos expedientes duermen el tiempo suficiente como para que después lo que se resuelva se convierta en letra muerta. Más grave aún es lo que sucede en aquellas ciudades -la mayoría- donde no hay Juzgados de Familia y en el tema de violencia de género actúan los Juzgados de Paz.
«Entonces -agrega la abogada-, un juez, una jueza, que se ocupaba en cuestiones menores, como certificaciones de firmas, pasó a resolver cuestiones de familia en algo tan complejo como es la violencia». Y cita el ejemplo de la ciudad donde se desempeña, Villa Elisa, en el departamento Colón: el Juzgado de Paz tiene apenas cuatro empleados: la jueza, la secretaria, un oficial de justicia y una escribiente. «Si tengo que hacer alguna otra presentación, me tengo que ir a Colón», describe, en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
Después, pone la mirada en los empleados del Poder Judicial -fiscales, defensores, jueces, funcionarios- y sostiene que «los empleados de la Justicia perciben ingresos que les permiten poder especializarse, tener tardes libres, fines de semana, vacaciones. No lo digo para que suene a resentimiento. Sostengo que todo eso quien pide justicia no lo tiene. Y se produce una falta de empatía muy grande. Y eso se ve en un montón de fueros. Están lejos de la realidad de la gente que te pide que labures sobre su caso».
En la Justicia, agrega, las personas que esperan la resolución de su caso son apenas «un número, un expediente. Tengo el caso de una mujer que fue víctima dos veces de intento de femicidio por parte de una persona que está presa. Y la causa no fue caratulada como femicidio, sino como lesiones leves agravadas por el vínculo. Y la verdad que no, que no es así, porque intentó tirarla por el balcón».
Los Juzgados de Familia son un tema. «La legislación les da el poder a los jueces de Familia de hacer lo que quieran. Tienen facultades amplísimas, pero no tienen la voluntad política para tomar las decisiones que tienen que tomar. Dejan los expedientes que echen raíces, aplican la legislación cuando tienen ganan, y eso hace que la justicia esté muy lejos de la gente. Un punto clave es su sueldo: cuando no sabes cómo es llegar a fin de mes, cuando no sabes cómo hacés para pagar el alquiler, o para alimentar a tus pibes, estás muy lejos para decidir sobre la realidad de la gente», asegura.
«No hay un sentido de la urgencia», en la Justicia, que es lo mismo que ausencia de empatía. Y después apunta contra la fuerte carga patriarcal en los tribunales entrerrianos, un calificativo que cabe por igual para jueces y para juezas. «Uno piensa que por portación de útero tenemos sororidad, empatía, perspectiva de genero, pero no», dictamina.
Luego, Rojo pone la mirada en los recurrentes cursos de capacitación en género y Ley Micaela que se afana en dictar la Justicia de Entre Ríos.
«La formación no sirve de nada si acá no hay autocrítica de las prácticas patriarcales que estamos reproduciendo. La Ley Micaela en la Justicia es la ESI (educación sexual integral) para las escuelas. Si no tengo gente autocrítica que quieran dejar de repetir una formación que viene de antaño, sin cuestionamiento, va a quedar en la puerta y nunca va a entrar, como pasa con la ESI en las escuelas. Si no hay autocrítica de las prácticas diarias, si no pensamos que la persona que va al juzgado tiene un problema que le parte la vida al medio, y dejamos de pensar que solo es un número, un expediente, la capacitación no va a servir de nada. Falta el sentido de gente en la Justicia», apunta.
Entre las prácticas patriarcales que sobreviven en la Justicia de Entre Ríos ubica el botón antipánico, una aplicación de celular que requiere que la víctima tenga en forma permanente conexión a internet para poder utilizarlo en el momento justo en el que se sienta amenazada por su agresor. «El botón antipánico es una práctica patriarcal. Tenes que tener internet constantemente, y te consume datos. Es como tener el GPS prendido todo el día. Aparte, no podes tener un Iphone porque en ese tipo de teléfonos no funciona. Es solo para Android. Ya lo patriarcal está en el hecho de que la víctima no puede tener una determinada gama de teléfonos porque no va a poder denunciar. Yo conozco muchas víctimas que por tener Iphone no pueden tener el botón antipánico. Además, las mujeres terminan presas con el teléfono en la mano para tocar ese botón. La solución sería que los denunciados tengan la tobillera, y la víctima tenga el botón», dice.
La situación se torna más compleja si se analizan las peleas hacia el interior de la Justicia. La tirantez en la relación que hay entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Procuración, de la que dependen todas las Fiscalías de la Provincia, deriva en que los equipos técnicos de los Juzgados de Familia retaceen colaboración en causas de abuso sexual, y entonces las víctimas quedan en ascuas, mirando, sin conocer, una disputa de extraños que vuelve nada su aspiración de alcanzar justicia.
Florencia Rojo.
«Por esa pelea, los equipos técnicos no responden a la solicitud de informes por parte de Fiscalías en causas de abuso sexual -sostiene la profesional-. Entonces, con qué cara me voy a sentar a decirle a una persona que su causa de abuso, esa causa que no la deja dormir desde hace dos años y por la que intentó suicidarse, que su causa no avanza porque un señor se peleó con otro señor en la Justicia. A veces hay que ser crudos porque esto es grave».
Lo urgente, para un juez, una jueza, es fijar en mayo una audiencia para resolver una cuota de alimentos en agosto, ironiza. En su crítica no deja afuera al Ministerio Público Pupilar, a cargo del concordiense Maximiliano Benítez. «Las Defensorías civiles surgieron para resolver las cuestiones en las que las personas necesitan resolver conflictos sí o sí por vía judicial, por ejemplo los divorcios. Pero eran tantos los divorcios que empezaron a tener que empezaron a recortar el servicio. Si vos tenes bienes, no te tomo el trámite de divorcio gratuito y te obligo a contratar un abogado particular. Si la pareja tiene un trabajo en blanco, depende lo que cobra será el servicio que se da. Hay montón de mujeres y de varones que no se pueden divorciar porque no pueden pagar el divorcio. Hoy está en $300 mil de honorarios. Si una mujer va en moto a pedir que en Defensoría la representen en forma gratuita en un trámite de divorcio, le dicen que no», describe.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora