La monja Luisa Ester Toledo, exprioira del convento carmelita de Nogoyá, fue condenada este viernes a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo en la Unidad Penal N° 6 de Paraná. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay la halló culpable del delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de las excarmelitas Silvia Albarenque y Roxana Peña, a quienes durante años impidió la salida del Carmelo, y a las que sometió a la aplicación de violencia, amenazas y tormentos que no estaban establecidos en las constituciones de la orden religiosa.
El tribunal morigeró la pena que había pedido el Ministerio Público Fiscal, 6 años y medio, por cuanto consideró la avanzada edad de Toledo, su estado de salud y el hecho de haber vivido casi toda su vida enclaustrada en un convento. En su resolución, desechó los argumentos de la defensa, y consideró probados los hechos –el convento convertido en una cárcel “inexpugnable”, con cámaras de seguridad, cerco perimetral de alambre de púa y vidrio molido, muchas puertas con llaves, la existencia de vigilancia en el “locutorio”, el lugar donde las religiosas del claustro recibía visitas-, y condenó a la monja por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada bajo la utilización de violencia y amenazas.
Condena a la monja Luisa To… by on Scribd
Dijo el tribunal que Toledo obligaba a las monjas a aplicarse tormento fungiendo que eso estaba previsto en las constituciones de la orden de las carmelitas. Así, las obligaba a autoflagelarse, a ayunar y a llevar en la boca un adminículo durante varios días que les impedía hablar, todo eso como forma de castigo y no como conductas voluntarias.
Tomó el tribunal la declaración del sacerdote Mauricio Landra, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA, que testimonió en el juicio que se realizó a la monja en Gualeguay, y negó que el andamiaje legal de la Iglesia contenga la aplicación de tormentos, y que todo acto de mortificación debe ser siempre voluntario y no impuesto. Y consideró “convincentes” los testimonios de las dos víctimas, Silvia Alvarenque y Roxana Peña, una de las cuales llegó a intentar el suicidio al no poder soportar los tormentos a los que era sometida dentro del convento por decisión de Toledo.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 29 de julio, a las 8,45.
El caso
Toledo fue denunciada por dos excarmelitas, Silvia Albarenque y Roxana Peña, ambas exclaustradas tras la presentación en la Justicia que hicieron en 2016. La religiosa dirigió los destinos del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, ubicado en la zona sur de Nogoyá, frente a barrio San Miguel, entre 2008 y 2016, cuando fue separada de su cargo.
El apartamiento de Toledo se dio tras el allanamiento ordenado por la Justicia en 2016. En su declaración por escrito en el juicio que se le siguió a la religiosa en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, explicó que “pedí con urgencia que se enviara un Visitador Apostólico. Así fue, la Santa Sede eligió un Obispo Emérito, monseñor Martín de Elizalde, exAbad de un Monasterio Benedictino, con muchísima experiencia en la vida contemplativa. Él se instaló en el Monasterio durante unos cuantos días, pudo hablar largamente con cada monja; pudo conocer en el lugar la vida comunitaria. Cuando terminó la Visita Canónica, elevó un informe a la Sagrada Congregación de la Vida Consagrada, que es la encargada por el Santo Padre de velar por la vida religiosa. Ese informe es reservado, nunca tuve conocimiento del mismo”.
El 8 de noviembre de 2016, el Vaticano decide apartar a Luisa Toledo del cargo de priora del convento carmelita de Nogoyá.
“Como consecuencia el Informe, es que la Santa Sede decide que la Hna. Isabel deje de ser Priora y sea trasladada a otro Monasterio y se me pide que haga un acompañamiento más cercano hasta que pueda normalizarse la vida del Carmelo. Durante ese tiempo, visité mucho más seguido a las Hermanas, flexibilicé algunas normas transitoriamente por estado de las Hermanas, de cansancio y nerviosismo por todo lo vivido. El 4 de diciembre de 2017, por Decreto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, se nombra por tres años las nuevas autoridades del Camelo”, declara Puiggari.
El 8 de junio de 2017, Puiggari envió un informe a la Justicia en el que dio razones de que por qué la monja Luisa Toledo fue sacada de su cargo de priora del Convento Carmelita de Nogoyá, y enviada muy lejos de allí, a una casa religiosa en el Chaco.
Puiggari, en realidad, no hizo más que reenviar un informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, con una advertencia: le dijo que la documentación enviada desde Roma “involucra temas que no tienen relación con la causa” y por eso mismo pidió “reserva de la información”.
El informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, y firmado por el arzobispo José Rodríguez Caballo, explica que luego de una visita apostólica al Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo de las Monjas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se resolvió apartar a la monja de su rol de priora, y enviarla a otro monasterio.
Roma, además, pidió a Puiggari hacer un seguimiento del monasterio tras los graves hechos ocurridos, en la que dos religiosas denunciaron graves tormentos y la privación de la libertad.
Itatí Miño fue nombrada nueva priora del convento carmelita de Nogoyá desde Roma.
La piedra de toque
El caso ganó la luz pública a mitad de 2016 cuando se conocieron las denuncias de las dos religiosas a través de la revista Análisis. Las exreligiosas revelaron malos tratos, abusos y aplicación de tormentos dentro de la comunidad de las carmelitas, conductas que reprocharon a la entonces priora Luisa Toledo, que fungía como Madre María Isabel. El caso llegó a la Justicia y tras concluir la etapa de instrucción, la Fiscalía de Nogoyá elevó la causa a juicio.
La causa contra la religiosa, caratulada “Toledo Luis s/Privación ilegítima de la libertad”, atravesó un momento de zozobra cuando los defensores Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, plantearon una cuestión de competencia, que finalmente fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso que la Justicia entrerriana es competente para entender en el caso.La causa penal que se abrió el 25 de agosto de 2o16, a partir de una denuncia que publicó la revista“Análisis”: dos excarmelitas contaron ante el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, los tormentos que soportaron en la clausura, y responsabilizaron de esos hechos a la priora, Luisa Toledo.Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.