El tradicional diario La Nación, de Buenos Aires, se pronunció hoy en contra del procedimiento judicial que ocurrió el jueves 25 de agosto en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, tras la publicación de informe periodístico en la revista “Análisis” en la cual dos exreligiosas denunciaban tormentos y privación de la libertad.
La causa recayó en el fiscal Federico Uriburu, que logró que el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, le firmara una orden de allanamiento. La incursión de policías y miembros de la Justicia molestó a la curia, y por boca del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, reprochó el accionar judicial como “escandaloso”. El último pronunciamiento es el de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina que alertó por la falta de respeto a la libertad religiosa.


En esa línea, hoy se publica un editorial en el diario La Nación que replica la línea argumental de la Iglesia en defensa de la autonomía del convento. “La milenaria vocación por una vida monástica demanda respeto. Sería deseable que la intervención judicial ante los hechos evite caer en actitudes ofensivas o escandalosas que distorsionen su recta intención. Las reglas propias de una comunidad como la referida no encubren o encierran delito alguno. Por eso mismo, ante la duda, está muy bien que se investigue”, dice el editorial del diario de los Mitre.
El juez Acosta decidió que la priora del convento carmelita, Luisa Toledo, sea apartada de su cargo –fue trasladada a Lucas González, a poco más de 20 kilómetros de Nogoyá– , y el fiscal Uriburu la imputó por el delito de privación de la libertad, luego de escuchar el duro relato de dos religiosas que consiguieron escapar del convento. Pero La Nación tiene una mirada distinta sobre el caso: “Como en tantos otros terrenos, el límite parece cuanto menos difuso y claramente plantea cuestiones de conciencia. La libertad religiosa, como cualquier otra, debe defenderse siempre. Algo no estaría funcionando bien si ésta se viera penalizada sin las pruebas incontrastables que surjan de una investigación seria e independiente”.
El diario entiende que se trata de juzgar el modo de vida monástica y no la comisión de delitos y por eso plantea: “Está visto que, para muchos, algunas acciones pueden resultar incomprensibles y arcaicas, pero no por ello se las puede criminalizar ni condenar, mucho menos antes de comprobar la existencia fehaciente de un delito. De lo contrario se incurriría en una forma de persecución religiosa”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.