- Por Pablo Barbirotto (*)
No me considero un especialista en cuestiones de género, ni mucho menos, pero intento aprender y desaprender (muchas más) de personas que sí lo son y que día a día luchan y militan para eliminar las violencias y las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su género
En los últimos años, el Poder Judicial ha sido objeto de interpelación como muy pocas veces en la historia de nuestra Nación, abriendo un debate sobre su funcionamiento que aún no está cerrado. Sin dudas, es un momento propicio para reflexionar y debatir si las respuestas de la Justicia son las adecuadas a las necesidades y reclamos de las víctimas y la ciudadanía .
Hago propias las afirmaciones de Letizia Lorenzo cuando expresa que el Poder Judicial es la aristocracia dentro de la democracia. Es una mezcla entre conservadora, formalista, ritualista y machista. Si hay un lugar en el que está arraigado el patriarcado es en el Poder Judicial.
Recordemos que los poderes judiciales surgen como organismos que estaban destinados a decidir sobre el patrimonio de los hombres blancos burgueses adinerados.
Hoy en día tenemos un montón de instrumentos internacionales que nos obligan a pensar en los vulnerables, en las personas en condición de desigualdad, pero seguimos manteniendo esa tradición de hombres decidiendo sobre asuntos de hombres, con leyes que son machistas y heteronormativas, con una formación universitaria en la heteronorma.
Los Consejos de la Magistraturas encargados de la selección de jueces, juezas y fiscales, defensoras y defensores siguen seleccionando en razón de conocimientos teóricos y casos de laboratorios, muchas veces alejados de la realidad, cuando es imprescindible, además del conocimiento técnico, seleccionar y magistradas y magistrados más comprometidos con el acceso a justicia y a la gestión de la conflictividad y con perspectiva de género.
En el fuero penal, donde se nota más es en los delitos contra la integridad sexual. Hace 20 años atrás a los delitos sexuales los llamábamos “delitos contra el honor”, y no está muy claro si se hablaba del honor de la mujer o del hombre que estaba con esa mujer.
Esta estructura patriarcal, machista y heteronormativa de la Justicia donde más se nota es cuando hay que tomar decisiones que involucran a las personas más vulnerables, a la mujeres o colectivos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales).
En el proceso penal, los operadores le exigen a la mujer víctima de violencias o de abuso sexual un comportamiento heroico (que haya puesto en riesgo su vida para defenderse) para demostrar realmente que se había resistido.
Y aunque cueste creerlo todavía (año 2021) se siguen viendo en algunas sentencias afirmaciones vinculadas al carácter, el modo de vida, la “actitud” de las víctimas, qué estaba haciendo en ese lugar, a esa hora, o cómo estaba vestida.
Esta situación, sin dudas, debe interpelarnos como operadores de la Justicia para capacitarnos adecuadamente – y no de lo meramente formal- para obtener las herramientas necesarias para la incorporación de la perspectiva de género en la labor judicial.
Debemos entender que la incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional, implica cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder. Es que si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las personas, cualquiera sean sus identidad, ya que no basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si, a la hora de aplicarla, los operadores, principalmente los jueces, ignoramos la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismos procesales que cualquier proceso.
No es lo mismo un robo que una violación o el despido de un trabajador o trabajadora municipal por vencimiento contractual que el despido en los mismos términos de una persona trans. O de hacer comparecer por la fuerza pública a una mujer a una audiencia que recién dio a luz para imputarle un hecho por más grave que sea. De lo contrario, se juzgará olvidando la cuestión del género y su problemática, que es en definitiva lo que da origen al conflicto.
La ausencia de perspectiva de género afecta sin lugar a dudas mayoritariamente a las mujeres, a las personas trans, al colectivo LGTBI, pero los hombres tampoco estamos exentos y nos convertimos en víctimas de nuestra masculinidad , y como ejemplo está el caso de los rugbiers que dieron muerte a Fernando Baez Sosa.
Según un informe reciente del Ministerio de Salud, en nuestro país durante el 2018 más de 600 varones, de entre 15 y 29 años, murieron por agresión en riñas y ataques callejeros. Estos datos expresan una de las consecuencias del “mandato de masculinidad”: los varones no nacemos machos, ni mucho menos violentos, sino que es un proceso de aprendizaje que se internaliza a lo largo de un proceso de socialización desde que nacemos. Así por ejemplo crecemos con mandatos tales como “si una mujer te dice que no quiere estar con vos…insistile; «Si el pibe se zarpó, tirale una piña»; «Si pinta, metele una patada en la cabeza”; “Los hombres no lloran».
En este sentido, la fuerza física, la virilidad, la represión emocional operan como medidas para separarse de aquello que está connotado como femenino. No ser un niño, una mujer ni un homosexual marca el camino para la construcción de la identidad masculina.
Al decir de Rita Segato, hoy por hoy, a los hombres no nos queda más que la violencia para probarnos a nosotros mismos y a nuestros pares que somos hombres. Actuamos como si estuviéramos rindiendo examen y poniendo en juego nuestra hombría
Pero todo esto estoy seguro que puede cambiar. Para empezar a cambiar se necesita educación sexual integral con perspectiva der género, no solo en el Poder Judicial sino en todas las disciplinas, profesiones, y también trabajar los microespacios, como los clubes deportivos, se insiste en la necesidad de trabajar esos ejes desde los primeros años.
Es indispensables la educación sexual integral (ESI) con perspectiva de género. Esto nos va a permitir prevenir un gran número de abusos sexuales en la niñez, porque una niña o un niño que conoce su cuerpo tiene menos posibilidades de ser víctima de un abusos sexual.
Es imperioso fortalecer la Educación Sexual Integral a partir de la primera infancia en adelante y en todos los ámbitos. Esta es una de las herramientas clave que tiene el Estado para cambiar la realidad.
Porque si esto lo aprendimos los varones de siglos de patriarcado, también se puede «desaprender». De ahí la importancia de la ESI.
En el siglo XXI no nos podemos dar el lujo de no entender que nuestra función dejó de ser proteger el patrimonio de los hombres blancos y pasó a ser garantizar el acceso y la amplitud a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Los debates actuales que se están dando exigen juezas y jueces comprometidos, que tengan una mirada de derechos humanos, de género y de respeto por los vulnerables.
Parafraseando a Graciela Medina, presidenta para América Latina de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, por más que nos llene de vergüenza admitirlo, hay muchas personas, en todos los estratos sociales, que no respetan el paradigma de igualdad de géneros y violan los derechos humanos de las personas en forma constante, continua e impune, con el agravante que a veces lo hacen desde el mismo Estado. De allí la necesaria intervención de la Justicia.
(*) Pablo Barbirotto es juez penal de Niños y Adolescentes de Paraná.
Foto: Gentileza La Lucha en la Calle