La resolución N° 2.883 del Ministerio de Salud de Entre Ríos está fechada el 29 de agosto de 2017.

 

La norma supuso la adhesión de Entre Ríos al Protocolo de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En su artículo 1º, dejó sin efecto el protocolo de aborto no punible que había dictado en 2012 el exministro de Salud Hugo Cettour. 

En marzo de 2012 se aprobó en la provincia un protocolo de atención de los casos de aborto no punible, elaborado por la gestión del exministro  Cettour.

Fue a partir del fallo que dictó ese año la Corte Suprema en el caso “F.A.L. s/Medida Autosatisfactoria”.

La sentencia puso blanco sobre negro, y aclaró el contenido del artículo 86º del Código Penal, que prevé la práctica del aborto “terapéutico” o “no punible” en casos de violación o cuando haya riesgo de vida para la mujer. Y dejó en claro que no se necesita ningún recurso judicial para hacer cumplir la ley.

La Corte, además, exhortó a las provincias a redactar sus propios protocolos para evitar que esas confusiones siguieran reproduciéndose hacia el interior de los sistemas de salud. Entre Ríos redactó su propio protocolo, que cumple en parte con aquel mandato judicial.

Pero distintas organizadores, entre estas Amnistía, han pedido la derogación de ese protocolo, y la aplicación de uno que respete el contenido del fallo de la Corte.

Lo que se reprocha es que el protocolo entrerriano prevé el aborto sólo en casos de violación, pero no cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer.

Según el CELS, a cuatro años de aquel fallo de la Corte, todavía hay ocho provincias sin protocolo y siete lo han dictado, pero con restricciones, como Entre Ríos.

El protocolo de Entre Ríos impuso “requisitos adicionales”, como la actuación de un equipo interdisciplinario, que certifique que la mujer ha sido efectivamente violada, y además requiere la intervención del director del hospital, que debe autorizar la práctica. Además, Amnistía hizo notar que el protocolo provincial “regula únicamente el aborto permitido en casos de violación” pero no incluye el aborto permitido “en casos de peligro para la vida o la salud de la mujer”. Y así, eludiendo un derecho contemplado en la ley, “promueve la confusión en los médicos respecto a la forma de proceder para este segundo supuesto”.

Pero ese protocolo quedó sin efecto.

En los considerandos de la resolución dictada ahora por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, se establece que “la necesidad de normalizar los instrumentos que garanticen el derecho a la salud de las mujeres que eviten que se pongan en riesgo numerosos derechos humanos como la igualdad, la autodeterminación, la privacidad, el principio de legalidad y la no discriminación, con el objeto de brindar atención integral y oportuna en el marco de la confidencialidad y el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, como parte fundamental de los derechos humanos”.

No bien se hizo pública esa decisión de Salud, desde los sectores más conservadores de la Iglesia Católica empezaron una campaña para conseguir instalar en la agenda pública el rechazo a esa medida sanitaria, y han empezado una campaña de recolección de firmas para lograr su derogación. Al frente de esa movida se encuentra la Red de Familias Entrerrianas, que se ha posicionado en las redes sociales y ha sido el sostén logístico para la presentación en Paraná de la hija de un exfuncionario de la dictadura, Mariana Rodríguez Varela, y su campaña del «bebito».

«Bordet puso aborto libre en Entre Ríos», «No queremos sangre inocente derramada en nuestra provincia», tal los alegatos de los antiabortistas que por estos días lanzaron una febril campaña de recolección de firmas en 35 ciudades de la provincia para presentar un petitorio al gobernador Gustavo Bordet. Este sábado, durante la festividad de la patrona Nuestra Señora del Rosario, en Paraná, hubo puestos de chicos identificados con las clásicas remeras rojas y la imagen del «bebito», juntando firmas en contra del aborto que aprobó Salud.

 

Pero las diatribas antiabortistas de los cruzados no logra saltar el cerco de los grupitos de tendencia integrista que merodean a la Iglesia Católica de Paraná. El arzobispo Juan Alberto Puiggari suele ser recurrente en su condena al aborto en las homilías, pero se cuida de no romper lanzas con el Poder Ejecutivo.  De momento, su estandarte de campaña lo alza  la hija de Alberto Rodríguez Varela, quien cumplió el rol de ministro de Justicia durante la dictadura militar y fue fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires cuando Ramón Camps estuvo a cargo de la policía Bonaerense. En su prontuario también está la defensa que realizó como abogado del genocida Jorge Videla en la causa por el robo de bebés.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.