La Ley Nacional de Educación N° 26.206 fija en su artículo 13° que el “Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social”.

Aun cuando el Consejo General de Educación (CGE) no le da cabida en su estructura funcional, en Entre Ríos existe la primera escuela de gestión social en Paraná desde 2014. Se llama Pablo de Tarso y está en una de las zonas más precarizadas de la ciudad, el barrio Anacleto Medina. Pero haber conformado una escuela que responda a las enseñanzas de aprendizaje de un barrio le ha valido quedar afuera del sistema de subvención estatal por cuestiones meramente burocráticas.

“Nos pegan donde más nos duele”, dicen desde la escuela. “Pablo de Tarso, la primera escuela de gestión social de la provincia de Entre Ríos, sigue sufriendo los embates normalizadores de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DEGP). Un diálogo cada vez más difícil que se viene dando, por un lado, entre los que fuimos profundizando un proyecto educativo en una de las zonas más complejas de la ciudad de Paraná, y por otro, por una Dirección Educativa que ha consolidado un ejercicio del poder a través del intransigente cumplimiento de la normativa”, plantean a través de un escrito durísimo que subieron a la página web de la Fundación Presencia Presente, que surgió en 2013 para dar respuesta al cierre de la escuela secundaria que dependía de la escuela católica San Antonio María Gianelli.

Y señalan: “Una cuestión es que nos incluyan en el organigrama de la Dirección de Educación de Gestión Privada, porque no hay una estructura administrativa en el Consejo General de Educación que albergue esta tipología de institución escolar, creada por la Ley Nacional de Educación. Pero otra cosa, es que no se contemplen nuestras particularidades y se pretenda ´normalizar´ la situación de nuestra institución, como si fuéramos cualquier otra institución privada de la provincia. Esto siempre ha sido así, excepto cuando hubo voluntad política frente a casos puntuales, en los que se han tomado algunas decisiones particulares para nuestra escuela.

Desde la Escuela Pablo de Tarso sostienen que en Educación no hay normativa que las contenga, y “a siete años de que el sistema educativo provincial incorpore a las escuelas de gestión social, todavía no hay una normativa específica que las regule. En su defecto, la normativa que se nos está aplicando es la de las escuelas de gestión privada, que abiertamente choca con algunos principios fundamentales de la gestión social”.

“Hoy atravesamos una situación crucial –alertan-. El pasado 2 de marzo recibimos la renuncia del representante legal de la Escuela Pablo de Tarso, y esa renuncia significó para nosotros un punto importante de maduración en nuestro proyecto educativo. Esta circunstancia nos permitió hacer un replanteo acerca de la pertinencia de esta figura para nuestra escuela, para nuestro proyecto educativo, y esta exigencia, que deviene de la aplicación de la Resolución N° 240/13, nos parece un sinsentido”.

Al respecto, señalan: “Comprendimos que la representación del apoderado legal según lo establece esa Resolución, es análoga a la figura del gerente general de una sociedad anónima, de una empresa privada. Las asociaciones civiles, fundaciones, iglesias y sindicatos que son propietarias de escuelas de gestión privada, delegan todo el poder y responsabilidad en el apoderado legal. Esta lógica es diametralmente opuesta a la lógica de las escuelas de gestión social, que sostienen como principio básico la democratización de las responsabilidades y del poder”.

“Y en esta imposición, hay una contradicción importante de inicio: nos exigen que como Escuela de Gestión Social no cobremos cuotas a los alumnos, pero ´obviamente´, debemos hacernos cargo de los honorarios del apoderado legal”, subrayan. La misma situación enfrentan respecto del pago de salarios al personal docente y administrativo.

“Hoy estamos atravesando una situación similar -explican. Hay un trámite de afectación de horas de nuestra asesora pedagógica a la Dirección de Educación Secundaria del CGE que está frenado en la Dirección de Educación de Gestión Privada sin poder avanzar, porque no tenemos un apoderado legal que firme la nota de afectación. Hay altas a nuevos docentes que no nos permiten hacer por no tener un nuevo apoderado legal. Hay rendiciones de aportes estatales que no nos reciben sin la firma del apoderado legal. Lo que falta es la firma exigida en la Resolución 240/13. No se objeta el trámite, se cuestiona ´que falta la firma´”.

Desde la institución observan que desde Educación “nos castigan tocándonos una fibra muy sensible: el recorte del aporte estatal para el pago de los docentes. Hoy tenemos a la asesora pedagógica trabajando sin cobrar y sucederá lo mismo con otros profesores en los días sucesivos. No podemos dejar de reconocer en esta medida un abuso de poder y un mensaje claro para aquellos que se resisten a la normalización”.

A fines de febrero último hubo una reunión entre autoridades de la Escuela Pablo de Tarso y funcionarios del Consejo de Educación, “instancia que agradecemos porque fue una oportunidad de dialogar y exponer nuestro proyecto, y para la cual no nos fue exigida la presencia del apoderado legal como en otras situaciones. Manifestamos en aquel momento la necesidad de que se tomen decisiones políticas respecto a las escuelas de gestión social. Decisiones políticas que impliquen planteos de fondo y que se vayan cristalizando en normativas específicas. Por alguna razón este ´atrevimiento´ nuestro no cayó bien y ahora estamos sufriendo las consecuencias”.

«No basta hablar de igualdad de oportunidades, si no se garantiza la justicia curricular. Si el punto de partida es la desigualdad social, la igualdad de oportunidades genera más desigualdad, agranda la brecha. Nuestra resistencia y nuestra lucha tiene que ver con reconocer que las escuelas de gestión social no están pensadas sólo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, sino para superar las desventajas en el punto de partida que tienen los adolescentes y jóvenes que viven en contextos vulnerados», plantean.

En ese sentido, puntualizan: «Es por esto que proponemos una reingeniería institucional en el marco de las escuelas de gestión social. Una nueva mirada sobre la gestión educativa que permita optimizar todos los recursos en tiempo de crisis».

De la Redacción de Entre Ríos Ahora