El Senado convirtió en ley este miércoles por la noche un proyecto destinado a abrir la polémica: declaró «servicios esenciales» la recolección de residuos urbanos, tanto domiciliarios como patológicos, el servicio de potabilización y distribución de agua, el servicio de transporte público urbano de pasajeros y el cementerio -la inhumación, cremación, tumulación o entierro de cadáveres-, en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos.

La iniciativa, presentada a mediados de mes por el diputado justicialista Juan Reynaldo Navarro, ingresó en la Cámara Baja en medio del conflicto gremial del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), que se inició el 3 de noviembre por un reclamo salarial ante la administración del intendente de Paraná, Sergio Varisco, y que dejó a la ciudad tapada de basura durante 15 días. El pleito movió a la presentación de un recurso de amparo en la Justicia, que ordenó a la Municipalidad restablecer el servicio.

El tratamiento en el Senado, este miércoles, que le dio sanción definitiva, movió a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) a movilizarse hacia la Legislatura, aunque se encontraron con las puertas cerradas y una fuerte custodia policial. Mario Barberán, secretario general de la Festram, dijo a Entre Ríos Ahora que la iniciativa supone una «limitación al derecho de huelga, sienta un muy mal precedente y además es inconstitucional. Es decepcionante que el proyecto haya sido motorizado por legisladores pseudo justicialistas».

El texto que ahora adquirió ahora fuerza de ley denomina como «servicio esencial a aquel que debe ser prestado de manera obligatoria y continua por quien corresponda, ya sea el gobierno provincial o local, y que de ninguna manera se puede suspender su provisión de forma tal que se ponga en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población». Y agrega que en aquellos casos «en que por razón de un conflicto de trabajo, las partes decidieran adoptar medidas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de los servicios esenciales a fin de evitar su interrupción».

Los municipales de la Festram fueron a la Legislatura, pero no pudieron ingresar.

La Festram ya puso a su cuerpo de asesores legales a estudiar el texto aprobado por la Legislatura, y Barberán dijo además que pedirán el diario de sesiones, y después evaluarán qué acciones legales o judiciales adoptar, aunque lo primero que hicieron fue, aseguró, «ganar la calle». Precisamente, la presencia de los municipales en los alrededores de la Legislatura movió al Senado a alterar el orden del día, y tratar, y aprobar, primero la iniciativa sobre «servicio esencial».

Sólo dos senadores del PJ no levantaron la mano para aprobar el texto convertido en ley: Lucas Lararte y René Bonato.

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Polémica

Claro que la ley aprobada por el Senado este miércoles podría convertirse en letra muerta. La Justicia tiene otra mirada sobre quién puede declarar «servicio esencial».

Al resolver favorablemente el amparo presentado por la Asamblea Vecinalista ante la falta de recolección de residuos, el juez Alejandro Joel Cánepa dio un paso más y pidió a la Secretaría de Trabajo de la Provincia que tramitara ante el Ministerio de Trabajo de la Nación la declaración de servicio esencial de la recolección de residuos.

Al respecto, y en procura «de garantizar también se prevea de una dotación o servicio mínimo para la prestación del servicio en cuestión para el caso de reeditarse medidas gremiales de idéntico tenor a las vividas la semana anterior una vez finalizada la etapa o plazo de conciliación» dictada por Trabajo el viernes 8 y que concluye el viernes 22 de noviembre, Cánepa en su resolución instó a la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos a que, «atento a sus competencias en el marco de la conciliación obligatoria en curso entre la Municipalidad y las entidades sindicales Suoyem y ATE, y/o cuando lo entienda conveniente y/o procedente, requiera de oficio (…) ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y/o Comisión de Garantías dependiente del mismo, la declaración del servicio de recolección de residuos de la Municipalidad de Paraná, como esencial», en el marco de la Ley Nacional N° 25.877.

«La misma debería funcionar a modo de gatillo automático y tramitado -aún de oficio- por las autoridades laborales provinciales cuya intervención sea solicitada en el marco de la Ley N° 14.786, y/o cualquier otra en la que intervenga en sus funciones de policía del trabajo. Lo anterior, porque la situación planteada, esta vez como acción judicial, no es la primera vez que ocurre en nuestra ciudad, ni que se extiende tanto en el tiempo, debiendo encontrarse un camino legal que no deje a los vecinos como rehenes y permita la armonización de todos los derechos en juego», subrayó Cánepa.

El servicio de recolección de residuos fue declarado «esencial» por una ordenanza de 2014 sancionada por el Concejo Deliberante, pero un tribunal provincial alertó sobre la inconstitucionalidad de normas de ese tipo cuando la Municipalidad quiso aplicar la misma vara con la prestación del servicio de colectivos por el largo paro de agosto último.

La Justicia ya dio antes una primera respuesta cuando tuvo que pronunciarse en el marco del conflicto que en agosto último dejó sin servicio de colectivos a Paraná durante 15 días: para la Cámara Contencioso Administrativo, el Estado Municipal no tiene facultades para catalogar como “esencial” un servicio de colectivos porque esa declaración avanza sobre garantías constitucionales, como el derecho a huelga. En ese terreno, sólo puede legislar el Congreso de la Nación ya que se trata de facultades delegadas por las provincias al Estado federal.

El voto del camarista Hugo González Elías en esa causa resulta ilustrativo: “Por último, pero no menos importante de destacar en este análisis conceptual aplicable al caso es la equivocada calificación del servicio público de transporte de pasajeros urbanos como ´esencial´, calidad que en el régimen jurídico impide el ejercicio pleno del derecho de huelga de los trabajadores que se desempeñen en dicho servicio, en tanto éstos deben asegurar lo que se denomina como «guardias mínimas» o que el núcleo del servicio no se vea interrumpido. Tal calificación corresponde a la autoridad nacional en ejercicio de sus competencias delegadas por las Provincias a la Nación (art.14 bis y 75 inciso 12 de la C.N.) y lo ha hecho con el dictado de normas que no incluyen al servicio prestado por ´Buses Paraná – Agrupación´, en tanto la Ley 25877 en su artículo 24 considera esenciales sólo a: 1. Los servicios sanitarios y hospitalarios; 2. La producción y distribución de agua potable y energía eléctrica y gas; 3. El control del tráfico aéreo y 4. por la Ley 27.218 al reconocer un régimen tarifario especiales a los servicios públicos esenciales menciona también al de provisión de gas natural”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.