La “reina de los gastos reservados”

Claudia Mónica Mizawak, la polémica presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que estuvo a punto de ser sometida a un proceso de juicio político, fue duramente cuestionada por la oposición que, sin embargo, no logró imponer su dictamen en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en donde el Frente para la Victoria (FPV) consiguió, con el voto de sus miembros, dejar a salvo a la magistrada de la acusación de mal desempeño.
Hubo dos dictámenes, el de mayoría, que reprochó la denuncia “sin pruebas” y, aunque sometió a Mizawak a la auscultación pública, frenó la aspiración investigadora de la oposición. Y la postura de Cambiemos, que elaboró un dictamen demoledor hacia la magistrada, que antes había sido llamada “la reina de los viejas” por el suspendido presidente de la Sala Penal del STJ, Carlos Alberto Chiara Díaz. El juez aludía así al afán viajero y de uso de víaticos por parte de la magistrada.

Cambiemos descubrió otra faceta de Mizawak: la excesiva utilización de los gastos reservados, que bien podría derivar en una reversión de aquel mote, por el de la «reina de los gastos reservados».
Aunque la oposición reveló otra faceta: el apego por parte de Mizawak al uso discrecional de gastos reservados, que engrosarían sus ingresos, sin la molestia de rendir de modo puntilloso. En el apartado que habla de los “sobresueldos”, dice el dictamen de Cambiemos, “ha quedado plena y suficientemente probado al punto de que, por su gravedad, por sí solo es determinante como para configurar la causal de ´mal desempeño´ atribuido a Claudia Mónica Mizawak”.
La denuncia contra Mizawak, por parte de un grupo de abogados entre los que está Rubén Pagliotto, alude al uso de gastos reservados por parte de la jueza, encubiertos bajo el rótulo de “gastos protocolares”. Entre 2013 y 2016, y según informes de Contaduría, Mizawak utilizó $4.224.000 en concepto de “gastos reservados”.
“Al respecto, en relación a los importes de la Partida 3.9.2. Gastos Reservados del Poder Judicial dispuestos en su totalidad el Informe de la Contaduría General del S.T.J.E.R. acredita haberse recibido durante el año 2013 la suma de $ 959.000,00 que fue ejecutada en su totalidad en 4 extracciones. En el año 2014, sobre una Partida que ascendía la suma de $ 1.065.000,00 el importe fue consumido en su totalidad en 3 extracciones. Y en el año 2015, la asignación presupuestaria para Gastos Reservados del Poder Judicial fue de $ 1.500.000 también agotada íntegramente en 4 extracciones. Llegado el año 2016 la Partida 3.9.2. Asignada al Poder Judicial ascendía la suma de $ 1.890.000,00 de los cuales se consumieron $ 700.000,00 en 3 extracciones.”
Según el Tribunal de Cuentas, sólo entre octubre de 2015 y abril de 2016, los montos totalizaron la cantidad de $ 1.394.000, “percibidos íntegramente en efectivo, (como consta en los recibos que extendió a la Contaduría General de la Provincia en dicho período”, sin que la funcionaria “haya justificado cuál habría sido la ´representación, protocolo y/o viaje de intercambio con otras Cortes, institutos o Universidades u otras gestiones de esa índole´, hipotéticamente por ella realizados o por otro magistrado. Es decir: nunca justificó el destino dado a los fondos públicos percibidos de la Partida Gastos Reservados”.
Los montos en concepto de gastos reservados eran altísimos y se rendían con simples recibos. El Tribunal de Cuentas informó sobre el uso de los “gastos reservados” y da cuenta de un “recibo extendido por la Dra. Mizawak por $ 450.000 (27/10/2015), surgiendo de la Planilla de fs. 3 que esa suma fue ejecutada de una sola vez y en la Planilla de fs. 8 (relación de comprobantes) se identifica el recibo preindicado como ´comprobante nº 2´ . A fs. 25 obra el recibo extendido por la funcionaria de fecha 15/12/2015, por la cantidad de $ 244.000,00 (15/12/2015), en la Planilla de fs. 18 consta que dicha suma fue invertida totalmente y en la Planilla de fs. 23 se lo identifica como comprobante nº 4); a fs. 52 obra recibo por $ 450.000,00 del 17/03/2016, que en la Planilla de fs. 43 se consigna haber sido invertido de una sola vez y en la de fs. 50 se lo individualiza como comprobante nº3; a fs. 71 obra el Recibo por $ 150.000,00 extendido por la Dra. Mizawak (20/04/2016), a fs. 72 obra el Recibo por $ 100.000,00 (28/04/2016) extendido por la Dra. Mizawak, suma que, según surge de la Planillas de fs. 62 y 62 fueron invertidos en un solo acto.”
El dictamen de Cambiemos, que abunda en datos, señala que Mizawak gestionó en el mes abril de 2016 la suma de $ 460.000,00 de la Partida 3.9.2. Gastos Reservados “que rindió acompañando recibos simples como toda justificación del destino dado a los mismos”.
“El último pago, de fecha 28 de abril de 2016, es el último que se cobró, coincidiendo con la época en que toma estado público a través de los medios de prensa, la irregularidad hasta entonces oculta. También es circunstancia coincidente y sugestiva que en el presupuesto para el año 2017 ya no se contempla esa partida para el poder judicial”, resalta el dictamen de minoría en Diputados.
Mizawak recibía, aparte, los fondos para viáticos, y también “percibía de manera regular un plus que integraba –e integra- su haber mensual de vocal, equivalente al 15% de la sumatoria de los rubros: antigüedad + asignación de cargo + intangibilidad que el Estado le paga en concepto de Gastos de Representación y Gobierno del Poder Judicial. De manera tal que la percepción por la denunciada de Gastos Reservados con destino a cubrir ´Gastos Protocolares´ resulta una conducta que configura inexcusablemente la causal de mal desempeño”.
El único comprobante que utilizaba Mizawak para rendir esos gastos era un “recibo simple”.
Pero la magistrada se empañaba en dar otra versión.
Al respecto, Cambiemos cita una declaración pública del STJ, divulgada el 2 de julio de 2016, y titulada: “En el Poder Judicial de Entre Ríos no hay sobresueldos”.
Allí, destacaba Mizawak que en la Justicia entrerriana “no hay fondos secretos, ocultos o ilegales”, “existen, como en la Nación y en la mayoría de los Tribunales y Cortes de otras provincias, Gastos Protocolares de Representación del STJ y los vocales que lo componen. No son parte del salario, están previstos en la Ley y se rinden al Tribunal de Cuentas de la Provincia”, “de manera global”. “No hay en nuestro presupuesto ninguna partida destinada a gastos de Representación”.
“Resulta inaceptable que la Presidente del STJER haya dicho y divulgado a través de la Página web del Poder Judicial que “no hay en nuestro presupuesto ninguna partida destinada a gastos de Representación como tiene la CSJN”, contradiciendo abiertamente el informe del Tribunal de Cuentas”, que destaca que el artículo 3° de la Ley N° 10.068 fija “una asignación de carácter remunerativo a los vocales del STJER por funciones de Representación y Gobierno del Poder Judicial de la Provincia…consistente en un 15% aplicable sobre los siguientes conceptos: asignación de la categoría, intangibilidad y antigüedad de las remuneraciones correspondientes a sus respectivos cargos”, subraya Cambiemos.
Agrega otro informe, esta vez de la Contaduría General, que da cuenta de que al Poder Judicial siempre se le asignó la partida “servicio de ceremonial”, y que desde 2010 hasta 2016 “se le asignó, además, la partida ´gatos reservados´. El informe citado adjunta una planilla donde en paralelo figuran ambas partidas y sus respectivos montos”.
Cambiemos se basa en un informe del Tribunal de Cuenta pero sólo limitado al período octubre de 2015 a noviembre de 2016. Los “gastos reservados” percibidos entre enero de 2010 a septiembre de 2015 “no fue acompañada por el Organismo de Control, aduciéndose su devolución al Superior Tribunal de Justicia”.

“La documentación que el Tribunal de Cuentas no estuvo en condiciones de presentar a esta Comisión por haberla devuelto al Superior Tribunal, debió ser presentada en este proceso para Juicio Político por la propia Presidenta del STJER, pues obra en su poder siendo ella la principal responsable de su resguardo y custodia. Si hubiese presentado las rendiciones de cuentas de los Gastos Reservados percibidos desde el año 2010 al 2015 se hubiera podido aclarar debidamente su conducta respecto al manejo y disposición de fondos tan cuantiosos”.
“En consecuencia y en relación a la prueba colectada se concluye en que ha quedado demostrado que lo que transfiere la Tesorería General de la Provincia al Poder Judicial son fondos públicos asignados como Gastos Reservados en el Presupuesto Provincial, por lo que el cambio de denominación podría constituir un acto irregular tendiente a ocultar la verdadera naturaleza y finalidad específica de esa partida –subraya Cambiemos–. De cualquier modo, conviene puntualizar que la denominación de ´Gastos Reservados´, no quita a esos fondos su condición de ´públicos´ ya que mantienen su finalidad de interés estrictamente Estatal, es decir, deberían haberse dispuesto en beneficio o interés del Estado Provincial”.
En las planillas con los detalles del destino dado al dinero recibido de la Tesorería de la Provincia, correspondiente a las distintas asignaciones al Poder Judicial, resalta el dictamen, se aclara específicamente cuál es su destino, pero no ocurre lo mismo con el rubro “Gastos Protocolares” o “Gastos Reservados”, que “se consume en su totalidad mediante la percepción del dinero en efectivo”.
“Esos recibos, -únicos documentos sobre la percepción y destino del dinero, es presentado por la denunciada ante el Tribunal de Cuentas sin rendición de cuenta. Demás está decir que el recibo sólo acredita la percepción del dinero, no su destino. Por lo tanto no existe rendición de cuentas a su respecto”, alerta Cambiemos.
“La prueba que venimos señalando da una pista valiosísima sobre su destino. Esta partida fue depositada en la Cuenta Nº 9275/3 del Poder Judicial, desconociendo el destino –añade–. Si el destino hubiera sido otro, su depósito debió hacerse en otra cuenta, en particular en la cuenta gastos u otra específica que lógicamente requiere la individualización del gasto”.
La oposición resumió que la partida de “Gastos Reservados” se consumió por completo en los años bajo análisis, lo cual demostraría “que la misma no estaba destinada a mejorar el Servicio de Justicia sino la persona de la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.