Dos de los tres vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) -Claudia Mizawak y Daniel Carubia- entregaron al gobernador Gustavo Bordet los aportes que relevaron a partir de sucesivos encuentros con miembros del Poder Judicial para una eventual reforma del Código Procesal Penal..

El 15 de febrero, durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, Bordet habló de la intención de su gobierno de presentar un proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Y aludió en particular a la elongación de plazos. “Hay causas que demoran muchos años y están en una suerte en limbo jurídico. Algunas llevan 5 o 6 años y no se archivan ni desestiman, pero tampoco se las eleva a juicio. Hay que corregir esto porque vulnera el legítimo derecho de defensa. Estaré enviando un proyecto que tenga el más amplio consenso para reformar el Código Procesal Penal de Entre Ríos”, adelantó.

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Luego de ese anunció, la Salan Penal del STJ -que mantiene un enfrentamiento no resuelto con la Procuración, encargada de llevar la acusación y la investigación en las causas judiciales- anunció que iniciaría una ronda de consultas para realizar los aportes necesarios a esa reforma.

Un mes después, el Gobernador recibió a la Sala Penal en pleno -Mizawak, Carubia y Miguel Giorgio- y entonces ya se supo por qué carril iban a transitar las aportaciones del Poder Judicial. «Vemos desde el Poder Judicial que el sistema acusatorio, tal como está diseñado en la Ley 10.317, ha sido en la práctica y con el correr de los años de alguna manera desnaturalizado», sostuvo la magistrada y agregó: «Creemos que las partes, los fiscales y la defensa, tienen que encontrar, para que esto funciona correctamente, una garantía que justamente son los jueces de garantía. Y esos jueces de garantía tienen que ser jueces de garantía fuertes, dispuestos a controlar el cumplimiento de todas las garantías. Queremos fortalecer dentro de la magistratura esta instancia y queremos también proponer mejoras en el sistema de gestión de audiencias para que se aprovechen mejor los recursos», apuntó Mizawak.

La Sala Penal del STJ quiere opinar sobre la reforma del Código Procesal Penal

Este miércoles, Mizawak y Carubia le entregaron al Gobernador las propuestas y aportes de la Sala Penal “para un mejor funcionamiento del sistema penal en la provincia”. De la audiencia participó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.

De acuerdo a lo que se informó oficialmente desde la Justicia, las “sugerencias formuladas desde la Justicia giran en torno al fortalecimiento del rol de los jueces y juezas de Garantías durante la investigación penal preparatoria; los plazos de duración de esta; el efectivo y oportuno control jurisdiccional en las detenciones; la actuación dinámica de las partes dentro del proceso; la plena vigencia del principio de oralidad; el abordaje del juicio abreviado y sus alcances; y la importancia de la etapa intermedia y los métodos alternativos de resolución de conflictos”.

El tema excluyente, los plazos dentro de los cuales la Fiscalía puede realizar su investigación, es un asunto que divide aguas entre la Sala Penal y la Procuración, que dirige el Procurador Jorge García, a partir de un fallo que dictó el máximo tribunal el 6 de diciembre de 2021 en el denominado «Caso Cozzi». Fue al dictar el sobreseimiento de un empleado de la Legislatura, Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, que había sido imputado en una causa sobre contratos laborales irregulares que salpicaba al exdiputado provincial radical Ricardo Troncoso.

«Por lo demás -dijo en su voto el vocal Carubia-, constatándose largamente agotado el término para practicar la Investigación Penal Preparatoria, sin verificarse la existencia de una fundada solicitud de prórroga ni la consecuente concesión judicial para su continuación, deviene incontestable la insubsistencia de la potestad de la Fiscalía para realizar actos de investigación respecto del imputado recurrente Juan Alfonso Blasón Lorenzzatto, lo cual implica el agotamiento de las legítimas tareas de investigación con la inexistencia de razonable posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba; y no contó el Ministerio Público Fiscal, para entonces, con bases suficientes para requerir de manera fundada la apertura del juicio, lo cual configura la expresa causa de procedencia del sobreseimiento en su favor».

Un fallo que tensa relación entre la Procuración y la Sala Penal del STJ

En el encuentro de este miércoles entre el Gobernador y los vocales de la Sala Penal también se habló sobre “la necesidad de regular con mayor precisión la conversión de la acción pública en privada y el accionar de la querella autónoma, posibilitando un ágil acceso y participación de las víctimas en el proceso penal”.

“Por otra parte, se ha trabajado en propuestas de reglamentación -dentro del digesto procesal- de diversos institutos que no se hallan regulados en el actual Código, a saber: esferas de jurisdicción y competencia de jueces/as y Tribunales, el procedimiento de Mediación Penal, el trámite del recurso de impugnación extraordinaria y el recurso de queja en sus diferentes instancias”, indicaron desde Tribunales.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora