Si algo le faltaba a la política entrerriana y en particular al Poder Judicial en este complicado 2016 era un juicio político capaz de provocar una vacante ni más ni menos que en el Superior Tribunal de Justicia y en la estratégica Sala Penal.

Abonar la idea de que esta es una movida «purificadora» supone hacer gala de una ingenuidad sin límites. En el otro extremo, la hipótesis de que se está ante «un pacto de impunidad» se inspira en la más absoluta desconfianza.

Como sea, ni un cuento infantil tiene una trama tan elemental como la que se presenta en los medios para explicar el embate contra un magistrado del STJ.

¡¿Quién está dispuesto a creer que los mismos diputados entrerrianos del FpV que semanas atrás rechazaron «in limine» un primer pedido de juicio político contra el Juez Carlos Chiara Díaz, de golpe, porque la segunda presentación presuntamente fundamentó mejor el uso indebido de viáticos y otros desmanejos, se han sentido «obligados en conciencia», «compelidos moralmente», a investigar al autor de tan «graves irregularidades»?!
¿Qué pasó realmente? ¿Por qué cambiaron de opinión?

A falta de explicaciones sensatas, una catarata de rumores, en los que cuesta escindir lo presuntamente real de lo fantasioso, intenta descubrir lo que se oculta, a riesgo de lograr el efecto contrario.

Es el contexto el que hace las veces de caldo de cultivo para que las versiones más disparatadas campeen a sus anchas.

Estamos en la misma provincia que tiene a muchos de sus principales dirigentes investigados por corrupción y enriquecimiento ilícito. Y a varios de ellos sentados en la cámara baja, levantando la mano en favor de esta flamante cruzada moralizadora.

Estamos en la misma provincia cuyo Superior Tribunal de Justicia debió salir a intentar aclarar el uso de «fondos reservados» que le aprobara la Legislatura, definidos como «sobresueldos» por el presidente de un Colegio de Abogados.

La misma provincia de la mega millonaria estafa de las compensaciones fraudulentas en ATER, con responsables políticos a quienes ni cosquillas se les ha hecho.

La misma provincia en la que han salido a luz nexos comerciales entre parientes directos de una magistrada, los más poderosos empresarios de la obra pública y la familia de un ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados. Y como si ello no fuera ya bastante, esa extraña coincidencia en un mismo domicilio en Buenos Aires, adonde todos tocaron el timbre para radicar sus sociedades, bien lejos de la Dirección de Personerías Jurídicas de Entre Ríos.

La misma provincia en la que habría funcionado una «mesa de dinero» en la mismísima Legislatura.

La misma provincia cuyos principales magistrados demoraron más de un año para expedirse sobre la designación del presidente de un órgano clave de control como lo es el Tribunal de Cuentas.

En fin, es en esta provincia, donde las aguas bajan así de turbias, adonde se pretende que la opinión pública crea sin más en la repentina irrupción de una movida justiciera por el uso indebido de viáticos, un delito muy menor comparado con las causas que están en juego.
El Pendrive en una Estación de Servicios de Victoria

Sin excepciones, aunque el tono que empleen sea diferente, resguardados en un riguroso off the record, dirigentes oficialistas y opositores coinciden en que el juicio político a Carlos Chiara Díaz es una operación destinada a meter en la Sala Penal a un hombre afín a Sergio Urribarri.

«Si esto se revela como un intento de cambiar a Chiara Díaz por Rodríguez Signes (el nombre que más suena), difícilmente pase Diputados, porque Cambiemos no va a aceptar ese tipo de enroque», confió un abogado radical, de reconocido prestigio en el foro.

«La maniobra -agregó- procede de Sergio Urribarri. Es el más interesado en que el proceso se acelere y la mayoría de los diputados del oficialismo le responden a él. Es tan así que se han librado oficios a los juzgados de Capital Federal, donde tramita esa causa por alimentos del supuesto hijo extramatrimonial de Chiara Díaz, y el que diligenció esos oficios, quien los llevó, es un secretario privado de Urribarri».

Pero es en el peronismo donde la usina de rumores dio rienda suelta a una creatividad infinita para explicar el cambio de posición de los legisladores urribarristas.

Palabras más, palabras menos, un dirigente del PJ cuenta los hechos de esta manera:

«Después de que rechazaron el primer pedido de juicio político porque no le quisieron dar oxígeno en la interna a Alasino, Maya y Rossi, el urribarrismo decidió conseguir a un dirigente que haga una nueva presentación, en base a datos más precisos contra Chiara Díaz, que no pudieron salir sino desde dentro del mismísimo STJ. El objetivo es provocar la vacante y cubrirla con un hombre de ellos, que garantice impunidad al Pato y a su familia en causas muy sensibles».

«El que anduvo gestionando todo fue un peronista histórico de San Salvador. Primero habría hablado con un ex intendente de San José para pedirle que firmara el nuevo pedido de juicio político, pero no aceptó. Entonces, lo convencieron a Reggiardo (Carlos Guillermo) para que se cortara solo. Al texto lo escribió un hombre ligado a la Secretaría Legal y Técnica y se lo llevaron a Reggiardo en un pendrive, hasta una estación de servicios de Victoria. El mandado que les hizo Reggiardo es muy valioso», insinuó. . .
¿Y Bordet?

Las mayores dudas giran en torno al papel del gobernador Gustavo Bordet en esta historia.

«Deja hacer escudándose en el respeto a los otros dos poderes, pero llegado el momento tendrá que jugarse al proponer al reemplazante de Chiara Díaz y allí inevitablemente quedará en evidencia si es o no partícipe de la maniobra para proteger a los Urribarri. Pero, de todos modos, no creo que tenga margen para meter a Rodríguez Signes. Sería un bochorno», opinó un legislador que llegó a su banca desde el Frente Renovador.

Un hombre de Cambiemos dejó entrever que este martes algunos dirigentes del sector iban a intentar tener un encuentro con el gobernador para pedirle que sincere su postura.

«No se olvide -agregó- que Busti está muy cercano con Bordet y la salida de Chiara específicamente a Busti no le conviene. Él lo llevó ahí. Décadas atrás, tanto Carubia, Chiara como Carlín integraron la Sala Penal, donde se resuelven las cuestiones penales y los casos vinculados a los delitos en la gestión pública».

El razonamiento sirvió para reforzar las dudas sobre el lugar que ocupa en el tablero el tres veces ex gobernador. ¿Participa de un acuerdo para soltarle la mano a Chiara Díaz? ¿Qué obtendría a cambio?
Una caída con arrastre

Difícilmente se pueda «extirpar» al Juez Carlos Chiara Díaz del alto tribunal, cual si fuera una cirugía laser, sin provocar una verdadera hemorragia en la cúpula del Poder Judicial.

¿Acaso pudo uno sólo de los miembros de un cuerpo colegiado desviar fondos de viáticos durante años sin que el resto supiera absolutamente nada?

Los demás jueces también serían alcanzados por algún grado de responsabilidad, sea porque no supieron controlar el uso de fondos públicos bajo su custodia, sea porque no denunciaron en tiempo y forma las irregularidades cometidas por uno de sus pares.

«Están todos con las manos manchadas, porque tenían las mismas costumbres. El Superior es hoy un aquelarre. Hay vocales que ni siquiera se saludan en los pasillos. Le apuntaron a Chiara Díaz porque tal vez es el más expuesto, pero también a quien menos pueden manejar y eso se notó en el Caso Smaldone», confió un referente del derecho, con llegada directa a algunos de los magistrados.

Los resquemores y la desconfianzas se habrían acrecentado aún más en las últimas horas, cuando quedó en evidencia que en el segundo pedido de Juicio Político aparecieron algunos datos sobre el comportamiento de Chiara Díaz que no estaban en la presentación inicial de Alasino, Maya, Rossi y Reggiardo. ¿De dónde salió la información sobre esos nuevos hechos si no es de alguno de sus pares?

Tal vez valga traer a colación una de las respuestas de la Doctora Claudia Mizawak, en la entrevista que le concediera a El Entre Ríos, cuando detalló la metodología del alto tribunal para tomar sus decisiones:

«Para todo, esto es un gobierno colegiado. Cualquier resolución tiene que tener por lo menos cuatro firmas, los presidentes de cada sala más el presidente del Superior Tribunal, y tiene que tener opinión o dictamen, que lo va a ver en cualquier expediente, de dos vocales más, que conforman una comisión asesora (…) Es decir que nunca los presidentes de sala pueden estar desconociendo una decisión que se toma, porque ellos son el tribunal de superintendencia. O sea que, como mínimo, los presidentes de sala y el presidente estamos en absoluto conocimiento».

Fuente: El Entre Ríos
Autor: Osvaldo Bodean.