“Para nada fui consultada”.

La definición es de Perla Florentín, vocal gremial en el Consejo General de Educación (CGE) y se relaciona con la implementación por parte del Estado de un control de presentismo docente en las escuelas mediante el control “facial”.

“No tuvimos ninguna participación en la implementación del control facial. Esto ha sido una definición política. Nos parece que hay otros temas en los que se podría avanzar, y la inversión que se destina a esto se podría haber destinado a cuestiones más acuciantes. Pero es una definición que han tomado, y como representante sindical, y militante de Agmer, respaldo la posición que ha tomado el sindicato de rechazar estos controles”, dijo Florenín.

Efectivamente,  Educación avanzó con el control “facial”.

El 22 de septiembre último el CGE dictó la resolución N° 4.333 a través de la cual lanzó oficialmente el control “facial” de asistencia de los 50 mil docentes que componen el sistema educativo entrerriano. Aunque oficialmente no hay fecha de puesta en práctica, sí se resolvió establecer, mediante un documento público, que todos los docentes deberán registrar sus huellas dactilares y su rostro en un soporte digital.

 

La resolución dispone “la implementación del sistema de registro y asistencia, mediante el uso de relojes biométricos en establecimientos educativos de la provincia y demás dependencias” del CGE.

 

La puesta en marcha de ese mecanismo de control de asistencia de maestros y profesores, señala la resolución, “brindará la posibilidad de reemplazar el soporte papel por procedimientos electrónicos de servicio on line, los que permitirán registrar, comunicar y transferir información con mayor eficiencia, exactitud y transparencia, puesto que la asistencia diaria registrada por el personal será procesada de modo automático y de manera inmediata en el Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE).

Florentín sostiene que el argumento oficial es un control de presentismo, pero que desde el gremio apuntan más a registrar las licencias. Pero va más allá, y sostiene que si de verdad el Gobierno quiere llevar adelante el control, deberá garantizar la conectividad de todas las escuelas.

“Tenemos que garantizar Internet, que no está garantizado. Sabemos que hoy por hoy lo pagan las cooperadoras”, aseveró.

Florentín rechazó como argumento para el control el alto nivel de ausentismo –la Ley de Presupuesto sólo autoriza a pagar en concepto de licencias un 8% de la planta total—por cuanto, dijo, no hay estadísticas oficiales. “Pero puedo decir que los docentes se manejan en el marco del régimen de licencias, todo lo que está por fuera del régimen de licencias, es definición que pasa por el Consejo”, aseveró.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.