Los docentes prendieron las luces de alarma luego de un decreto divulgado por el Gobierno Nacional que supondrían, estiman, el fin del  Fondo de Incentivo Docente. Se trata de una asignación que perciben maestros y profesores, y que equivale a $1.210 por cargo o 15 horas de media o 12 de superior, que financia el Gobierno Nacional.

Pero el presiente Mauricio Macri anunció una serie de medidas de ajuste, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FM), contenidas en el decreto Nº 632/18.

Este decreto lleva la firma del presidente  Macri, y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

«El decreto 632/18 no hace más que confirmar que el proyecto de Cambiemos es la desaparición del Estado de Bienestar y de los programas que actúan como red social. Este proyecto incluye además la desfinanciación de las empresas públicas que resguardan recursos estratégicos y fomentan el desarrollo nacional, abriendo con su debilitamiento una enorme oportunidad para los negocios privados», alertó la Ctera.

Entre las medidas dictadas, se prohíben nuevas designaciones o contrataciones de personal.

La norma prevé la revisión de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales para determinar si son procedentes, así como la prohibición de otorgar nuevos adicionales, suplementos o bonificaciones hasta diciembre de 2019.

Asimismo la revisión de las estructuras orgánicas y planteles de organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado parte del mismo concepto: el Estado es ineficiente y tiene gente de sobra.

Del mismo modo, la invitación a provincias y municipios a adherir a la norma genera un efecto devastador sobre nuestra cultura estatal: la “eficiencia y eficacia”, en el caso de los Estados, supone su reducción. La naturalización de este concepto genera el clima necesario para la pérdida de miles de puestos de trabajo y la reducción drástica de la cobertura territorial de los programas y servicios públicos.

Con respecto al Incentivo Docente, que paga la Nación, como así también el Fondo Compensador, no hace ninguna mención explícita , aunque desde la Ctera sostienen «que deja la puerta abierta para futuros ajustes».

Y por eso, todos los gremios de base, como la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), se declararon en estado de alerta.

La historia del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) empezó a escribirse el 2 de abril de 1997, cuando la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) instaló la Carpa Blanca frente al Congreso para reclamar una ley que financiara mejoras salariales.

Por entonces gobernaba Carlos Menem, y su ministra de Educación era Susana Decibe.

A fines de 1998, el Congreso Nacional creó un impuesto que gravaría con el uno por ciento anual a los autos, aviones y embarcaciones. La idea era destinar esa recaudación a un aumento de los salarios docentes. Pero la iniciativa fue un fracaso: el Gobierno no logró recaudar los 660 millones necesarios para asignarles a los maestros un aumento mensual de 60 pesos.

Este revés y la larga permanencia de la Carpa frente al Congreso fueron en parte los motivos que llevaron a Decibe a renunciar a su cargo, sin haber logrado superar el conflicto.

El 30 de diciembre de 1999 el conflicto por el financiamiento del Fondo pareció llegar a un final. Veinte días después de asumir la presidencia, Fernando de la Rúa logró la aprobación de una ley que garantizaba el incentivo docente con fondos del Tesoro Nacional para el período 2000-2001.

Ese mismo día, después de 1.003 días —dos años y nueve meses— de protesta, la Carpa fue desmantelada por maestros que se habían turnado para ayunar, artistas y otras personas que durante esos meses se solidarizaron con la lucha de los maestros.

 

El Incentivo fue uno de los logros que consiguieron arrancarle los docentes al gobierno de Carlos Menem en 1999, tras la instalación de la carpa blanca frente a la Plaza de los Dos Congresos, que duró mil días.  Aquel beneficio se pensó por un plazo de cinco años, pero todavía subsiste. En 2019 cumplirá 20 años de vigencia.

 

 

 

De la Redacción de Entre  Ríos Ahora.