Diana Bracco tenía a su cargo la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Antonio Flores que funciona en la Unidad Penal Nº 8, la cárcel de máxima seguridad que funciona en Federal, a 200 kilómetros de Paraná. Pero el 28 de septiembre último, el director departamental de Educación de Federal, Santiago Krenz, firmó una resolución escasa de fundamentos, y dispuso apartarla del cargo de secretaria en esa escuela.

La disposición Nº 125 que firmó Krenz alude a “diferentes actuaciones sucedidas en el ámbito de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 8 Antonio Flores”, y menciona que “en reiteradas ocasiones” la docente ha ejercido “maltrato verbal”, no ha respetado “la vía jerárquica”, y “ponerse en rebeldía cuando se quisieron labrar actas”. Y agrega, las “denuncias por violencia laboral –no aclara de quién o quiénes-, disturbios en el ámbito de una escuela pública”, y apunta que la docente “incurre a rebeldía (sic) constantemente y continuado con su actitud hostil y no acatar las normativas institucionales”.

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Así, entonces, dispuso que Bracco deje la Escuela que funciona en la Unidad Penal y cumpla horario en la sede de la Dirección Departamental de Educación de Federal.

Bracco asegura que la piedra de toque de desató esa decisión de Educación fue su denuncia hacia una docente que titularizó falseando una declaración jurada, causa que tramita la Unidad Fiscal de Federal, a cargo de la fiscal Eugenia Molina. Y agrega que el director departamental de Educación de Federal apela a “una serie de falsedades luego de denunciar que una docente había titularizado adulterando una declaración jurada”.

Esa denuncia por adulteración de documentación por parte de una docente que finalmente titularizó fue elevada, en primer lugar, a la supervisora de nivel, Cristina Saucedo.

Santiago Krenz, director departamental de Educación de Federal.

Aunque mientras ese pleito continúa abierto, ocurrió otro incidente: antes de que Educación resolviera apartar de su cargo a la docente y reubicarla en otro lugar, fuera del aula, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había información a la Secretaría de Trabajo diez días antes, el 19 de septiembre pasado, que Bracco había sido designada delegada interina en representación del personal por un plazo de 180 días hasta la realización de las elecciones respectivas.

Martín Olier, titular de la seccional Federal de ATE, se puso del lado de Bracco. “Nosotros estamos reclamando que se respete a la compañera, que es delegada normalizadora hasta que se realicen elecciones de delegados. Lamentablemente, no se respeta a los delegados ni tampoco hay coherencia en las designaciones”, asegura.

La seccional Federal de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), según Bracco, ha mantenido una posición duramente crítica de su gestión en la escuela que funciona en la Unidad Penal Nº 8. Más aún: la ha denunciado en la sede de Trabajo.

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Bracco, que es profesora en Ciencia Política, llegó en 2020 a la escuela del penal de Federal y desde el vamos se encontró con irregularidades.

«Una docente de Conscripto Bernardi tomó el cargo de profesora de primer año. Pero durante 2020 no trabajó; en 2021, se reintegra pero trabaja nada más que 20 días, y después saca licencias: primero por Covid, y después por cuestiones personales, por cuanto había perdido la tenencia de su hijo, y otro tipo de licencias. Pero advertí inconsistencias en esas licencias. Lo informé pero nadie hizo nada. Entonces, me documenté de todo. En 2021 se producen titularizaciones de 8 docentes de la escuela, entre ellos la docente de Bernardi, que lo hizo de manera exprés. Advertí que no cumplía los requisitos de la resolución Nº 1000/13, que es la resolución de titularización docente. Lo informé, y no pasó nada. La planilla de incompatibilidad, que es una declaración jurada que los docentes tienen que llenar para titularizar, también tenía inconsistencias. No firmé eso. Lo firmó mi superior inmediato. Y sacaron la planilla que yo presenté y pusieron la adulterada para que la docente titularice. Cuando esta docente advirtió todo esto, me denuncia en la Delegación de Trabajo por violencia laboral. Tuve que pasar un test psicológico y demostrar que jamás fue violentada. Entonces, hice la denuncia en la Fiscalía de Federal por adulteración de instrumento público», relata Bracco.

La docente elevó un informe al CGE, y, dice, «desde ese momento la persecución se tornó más densa».

Después de que la separaran del  cargo, acudió a la Justicia.

El jueves 6 del actual, la titular del Juzgado del Trabajo Nº 2 de Concordia, Marina Bacigaluppe, hizo lugar a una medida cautelar innovativa y dispuso “la suspensión inmediata de los efectos de la resolución Nº 125”, por la cual el CGE había dispuesto su separación del cargo en la Escuela del Penal de Federal. Y ordenó “reinstalarla inmediatamente” en su puesto.

Fue en el marco de un amparo sindical que promovió Bracco con la asistencia de los abogados Carlos Fenés y Federico Fenés.

 

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De la Redacción de Entre Ríos Ahora