«Todavía no resolvió el juez».

De ese modo respondió el abogado Miguel Cullen la situación del funcionario de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Alejandro Almada, a quien la Policía Federal le incautó $374 mil a mediados de enero, en un operativo de control en el Acceso Norte a Paraná.

El jueves 19 de enero la Policía Federal lo sorprendió a Almada en un operativo cerca del Acceso Norte a Paraná, con $374 mil en el baúl de su auto. Según informó entonces la fuerza que intervino en el operativo, el empleado de la Cámara Baja no pudo justificar que el dinero era suyo. Si bien sostuvo que era producto de sus ahorros, los oficiales no creyeron en sus argumentos y dieron aviso a la Justicia Federal, que ordenó secuestrar los fajos que estaban en una caja de cartón en el baúl del vehículo.

El viernes 20 de enero, Almada se presentó ante la Justicia Federal de Paraná para reclamar que le devuelvan los $374 mil que, afirma, son producto de su capacidad de ahorro. La presentación la formalizó a través de sus abogados, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen.

El juez federal de feria, David Chaulet, decidió no hacer lugar a la pretensión y por esa razón la última palabra la tendrá el juez Federal Leandro Ríos.

Pero si Chaulet no resolvió la devolución del dinero de Almada tampoco lo ha hecho el juez Ríos, que ahora tramita la causa. «Estamos esperando que lo resuelva», dijo el abogado Cullen.

Alejandro Almada, el funcionario de la Cámara de Diputados.

 

Almada no sólo es empleado de la Cámara Baja provincial. También se lo conoce porque es el cuñado de Juan Pablo Aguilera, y por ser socio de la empresa Next SRL, que está siendo investigada por la Justicia provincial por haber sido beneficiada con contratos entre 2010 y 2015.

Aguilera, a su vez, es cuñado del exgobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, ya que es hermano de la esposa del legislador, Ana Lía Aguilera. Además, es parte de la familia Almada, porque su pareja, Belén, es hermana del empleado de la Cámara que reclama que le devuelvan el dinero que está bajo investigación.

Pero la historia del vínculo entre estas familias no llega hasta ahí. El padre de los Almada es un exsubcomisario de la Policía de Entre Ríos con una historia más propia del mundo del hampa. Su nombre es Héctor ‘Pitín’ Almada y se lo conoce por haber participado de la fuga del ex policía Carlos Balla, quien fuera condenado por el secuestro y asesinato del escribano Rubén Calero, hecho ocurrido en 1991. Almada fue exonerado en 1991 por su rol en la fuga de Balla. Sin embargo, en 2007 el entonces gobernador Jorge Busti lo reintegró a la fuerza y lo ascendió al grado de comisario general. El decreto quedó registrado bajo el número 4444, del 23 de agosto de 2007.

Hasta este caso, Alejandro Almada pasaba inadvertido para la gran mayoría de la sociedad entrerriana. No obstante, su nombre aparece en una causa judicial en la que está imputado por fraude a la Administración Pública, junto Urribarri, Aguilera, ex secretario de la Cámara de Senadores y coordinador de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal; Pedro Báez, ex ministro de Cultura y actual diputado peronista; y Gustavo Tamay, quien fuera Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del Ministerio de Cultura. También están acusados Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada (hermana de Alejandro), de las firmas TEP SRL y Nexto SRL.

Esa causa, caratulada“Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”, tiene ya pedido de elevación a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal.

El 1° de febrero, la Fiscalía solicitó elevar a juicio la causa en la que están imputados el exgobernador Urribarri; su cuñado Juan Pablo Aguilera; el ex ministro y hoy diputado Pedro Báez; y otras ocho personas en una causa por supuesto desvío de publicidad entre 2010 y 2015, por un monto total de $24.204.918,69. Los delitos que se les imputan van desde negociaciones incompatibles con la función pública, a fraude, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, más falsificación de documentos públicos.

Esta causa, conocida en ámbito tribunalicios como “la causa de la vaca”, fue abierta en septiembre de 2016, cuando la fiscal Patricia Yedro firmó el auto de imputación contra los funcionarios y empresarios. El legajo está caratulado “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.

Además de Urribarri, Aguilera, Báez y Gustavo Tamay (responsable de certificación de publicidad en la vía pública), fueron imputados los empresarios de la empresa Tep SRL: Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, y Luciana Belén Almada (pareja de Aguilera) y Alejando Almada (a quien recientemente le incautaron $374 mil en un procedimiento de la Policía Federal); además, se imputó a la contadora de la firma, Corina Cargnel; y más tarde quedaron bajo la lupa los empresarios José María Bustamante (Paraná) y Fernando Montañana (Concepción del Uruguay). La firma Tep SRL es la que se le adjudica como propia a Aguilera. El 28 de diciembre, cuando se presentó a declarar ante los fiscales Yedro y Gonzalo Badano, el cuñado de Urribarri negó que sea de su propiedad.

Las penas solicitadas por la fiscalía son: para Urribarri, Aguilera y Báez, 8 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Cargnel, Bustamante y Montañana, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo; para Tamay, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; y para los hermanos Almada -Luciana y Alejandro-, Giacopuzzi, Sena, solicitaron 4 de prisión de cumplimiento efectivo.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.