El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná dio a conocer los fundamentos del fallo en el que se condenó, en diciembre último, al exintendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco, a la pena de 6 años y medio de prisión al ser hallado partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes en la causa conocida como narcomunicipio.
La sentencia fue emitida por los jueces Lilia Graciela Carnero, Noemí Marta Berros y Roberto Manuel López Arango. En el escrito, de 511 páginas, los magistrados consideraron probada la acusación del Ministerio Público Fiscal, que formularon el Fiscal General José Ignacio Candioti y los fiscales Generales Ad Hoc Leandro A. Ardoy y Carlos García Escalada.
En el juicio, el fiscal Candioti señaló a Varisco como «coautor» de «financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes» junto al ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local, Griselda Bordeira. Estos útlimos fueron condenados a 5 años de prisión.
En los alegatos, refirió que Varisco realizó “un acuerdo en septiembre de 2017” con el narco Daniel ‘Tavi’ Celis –que fue condenado a 13 años de prisión- en el que “se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar” la venta de drogas.
En el extensísimo fallo, el TOF sostuvo que “han sido acreditados más allá de toda duda, los hechos que fueron diseñados por los representantes del Ministerio Público Fiscal. Es que la organización destinada a la comercialización de estupefacientes, de la que daban cuenta las tareas de inteligencia de la Policía Federal fue una realidad que azotó, principalmente a esta ciudad, pero también a zonas aledañas”.
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En otro tramo, también establecieron probadas las relaciones entre Celis con Varisco, Hernández y Bordeira. “Un análisis integral de los datos probatorios, permite afirmar que esas conexiones ocurrieron a partir de la campaña para la elección a presidente Municipal, en el año 2015, aunque también se estableció que D. Celis ya había participado en la campaña 2011, financiando parcialmente a ambas. No es casualidad que el financiamiento político en los niveles municipales y provinciales carezca de una sólida legislación, en cierto punto porque cunde el desinterés en este aspecto, o en todo caso, los gobiernos eternizan esta situación para disimular la recepción de dineros espurios”.
“En este marco, se advierte que un aspecto de la narcocorrupción es el ingreso de dinero ilícito para financiar las campañas políticas, por supuesto que esta contribución no es gratuita. En la emergencia, surge del plexo probatorio que el propósito de Daniel Celis era obviamente tener autoridad e influencia, para manejar, dominar, ser una especie de regente de la importante Unidad Municipal 2, que tenía jurisdicción en un extendido ámbito territorial de esta ciudad y en su consecuencia, ese enclave institucional le concedería protección para continuar con la actividad prohibida”, agregaron.
En otro párrafo, señalaron: “A pesar de saber quién era y qué hacía Daniel Celis, Varisco celebró y ejecutó el acuerdo ‘político’ con vistas al proceso electoral del año 2015. No hay dudas de que él lo fue a buscar a su domicilio, acompañado de Hernández, permanecía horas frente al mismo esperando ser atendido, y cuando ello ocurrió comenzaron la campaña (declaración de Luciana Lemos). Hete aquí que todas las versiones ensamblan.
Asimismo, remarcaron que “es evidente entonces, que si Bordeira sabía de las actividades de Daniel Celis, también la conocían Varisco y Hernández, no solo por esa fuente directa, sino también por todas las publicaciones (NdeLaR: periodísticas) que hubieron al respecto, y además porque compartieron las actividades de campaña, recorriendo barrios, en el territorio que manejaba el dirigente del MVO, con quien se relacionaban desde el año 2010”.
El TOF remarcó que el cúmulo de pruebas testimoniales, documentales, informativas y periciales “demuestran irrefutablemente que durante los primeros días de septiembre del año 2017, cerca del día 5 de dicho mes, se celebró un acuerdo entre el intendente de la ciudad de Paraná Sergio Varisco, secundado por el concejal municipal Pablo Hernández y por la Sargenta 1º de la Policía de Entre Ríos (activo efectivo afectada en comisión de servicio al Área de Seguridad de la Municipalidad de Paraná) Griselda Bordeira y Daniel ‘Tavi’ Celis, (con la intervención de Luciana Lemos), cuya finalidad era proporcionar recursos económicos periódicos para que la organización ilícita pueda continuar adquiriendo y comercializando material estupefaciente”.
Sobre el acuerdo, destacaron que “consistió en la entrega de $ 50.000, el 15 de cada mes, hasta que Varisco termine la gestión. Existen dos entregas reconocidas, la del 29 de diciembre de 2017, cuando Hernández le facilita a Lemos, según él, $20.000, según ella, $30.000, los cuales anota en uno de los cuadernos secuestrados ‘30 muni’. La otra entrega ocurrió el 27 de abril de 2018”.
“En conclusión, el compromiso de los funcionarios municipales imputados consistía en la entrega regular de $50.000 -por interpósitas personas- a Daniel Celis, todos los meses, el día 15 y hasta finalizar la gestión del intendente”, remarcaron.
En ese mismo sentido, establecieron que “el aporte de $50.000 mensuales y en efectivo, permitió el relanzamiento de Daniel Celis en las actividades de comercialización de estupefacientes, pues al menos le habían insuflado fondos para abastecer los gastos de traslado del material tóxico y otros menesteres”.
En conclusión, los jueces del ROF entendieron que Varisco, con la asistencia y colaboración del concejal Hernández y la funcionaria policial Bordeira, a partir del acuerdo celebrado en los primeros días de septiembre de 2017 con Celis, “proporcionó periódicamente los recursos económicos necesarios para activar la comercialización de estupefacientes -cocaína-; por intermedio de Luciana Lemos y ocasionalmente de terceras personas, todavía no identificadas, aunque se estableció al inicio de la investigación que podrían ser un tal González o tal vez el propio Viola”.
En otro tramo, destacaron como “notable la protección que alrededor del intendente Varisco habían tejido Hernández y Bordeira para evitar que se comunique tanto con Daniel Celis, como con Luciana Lemos”.
“El escudo protector en torno a la figura de Varisco se explica en la carpeta negra con tapa transparente de su propiedad, que se secuestró en su domicilio. En ella se lee, ‘Pablo Hernández: no atiendas si termina en 811’, siendo que uno de los teléfonos que utilizaba Daniel Celis era precisamente el 3434655811”, señalaron, al tiempo que remarcaron que el contacto de Varisco con Celis era a través de Bordeira y Hernández.
“Ciertamente Daniel Celis ocupa el más alto sitial en el organigrama delictivo, fue el líder natural del Movimiento Vecinalista del Oeste (MVO), y en esa situación fue requerido por Sergio Varisco y Pablo Hernández, para celebrar un acuerdo político que les proporcionó medios, territorio y estructura para la campaña 2015 a intendente, acuerdo que se reperfiló a partir del 5 de septiembre de 2017, a los fines de reorganizar el comercio de estupefacientes, con los fondos que fueron entregados por los funcionarios municipales imputados. Con distintos grados de participación también actuaron Eduardo ‘Cholo’ Celis, Nahuel Celis, Gómez, Heinz, Figueroa Lagos, además de Lemos y Bordeira”, concluyeron.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora