La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mónica Mizawak, no refutó las acusaciones que pesaban sobre ella sobre mal desempeño durante el transcurso del proceso de juicio político, de la que fue dejada a salvo por el bloque del Frente para la Victoria (FPV), en la sesión del miércoles 11. Así opina el dirigente massista Luis Leissa. A su entender, había pruebas suficientes para iniciarle el juicio político y señaló que ello no ocurrió por la postura de diputados que responden más “al staff político” que al interés de la sociedad.

El miércoles 11 del actual, 17 diputados del FPV, dos de UNA-Frente Renovador y un radical, salvaron del juicio político a la magistrada. Cambiemos, más el massista Alejandro Bahler (Unión Popular/ Frente Renovador), aprobaron un dictamen acusatorio por la minoría. El resultado final fue 21 votos en contra del enjuiciamiento y 12 a favor.

Leissa, que pertenece al grupo de Bahler y Emilio Martínez Garbino, fue uno de los tantos dirigentes y abogados que el 12 de diciembre de 2016 formuló la denuncia por mal desempeño contra Mizawak. Un mes después, y tras la absolución de la jueza, el ex legislador provincial expresó su desacuerdo con la resolución de la mayoría de los diputados: “Desde el punto de vista democrático, la decisión de los diputados es soberana, pero uno no la comparte”, dijo en diálogo con Entre Ríos Ahora.

En esa línea, Leissa consideró que lo ocurrido no responde al interés de la población y señaló que “esperaba una actitud de mayor firmeza de parte del Frente para la Victoria”. “Creo que el FPV responde más a una mirada hacia adentro que a lo que debe ser defender que quienes ocupen los cargos de justicia actúen con la libertad suficiente y no incurran en causales de mal desempeño que en este caso son evidentes”, agregó.

En el mismo sentido se manifestó en el caso de los diputados Daniel Koch y Gustavo Zavallo, ambos del bloque UNA/Frente Renovador, que votaron en contra del enjuiciamiento de Mizawak. “Creo que no se actuó correctamente. Se mira más en lo chiquito o compromisos anteriores. Creo que hay que estar a la altura de la circunstancia y advertir que si la doctora Mizawak llegó a esta situación es producto de su mal manejo”, afirmó Leissa.

El dirigente de Gualeguaychú aseguró que los diputados que votaron en contra del juicio político “cuando asumen lo hacen invocando la representación de sus votantes y cuando están en el cargo responden más al staff político y se ponen en justificadores de las cosas que no se deben hacer”.

“Mizawak no refutó las acusaciones”

En cuanto a las acusaciones que pesaban sobre Mizawak, Leissa sostuvo que la magistrada no refutó algunos de los principales hechos de mal desempeño que se le endilgaban. El abogado y dirigente hizo hincapié en el cobro de un sobresueldo a través del concepto de “gastos protocolares y de representación”, la incompatibilidad por las sociedades comerciales y la supuesta manipulación de la causa Smaldone.

“Cada uno que de los hechos que no fueron refutados justificaba la iniciación del juicio político porque mostraba que había situaciones de roce con el Ejecutivo que afectaban su capacidad de imparcialidad para juzgar”, remarcó.

Para Leissa, la jueza incurrió en una incompatibilidad, no sólo por haber sido parte de la empresa Emprendimientos A. y M. S.A., junto a su esposo y secretario de Energía, Raúl Arroyo, sino también con aquellas firmas en las que aparece su hija, Eugenia Ormache.

“Es impropio que parte de familiares de ella (por Mizawak), concretamente el esposo o la señorita Ormache, estén integrando sociedades en evidente incompatibilidad. Eso muestra por lo menos una actitud que no es la que corresponde para el cargo que ocupa”, afirmó.

Asimismo, el renovador subrayó que Mizawak “no aclaró qué se hizo con los gastos de representación”, ya que no rindió los “pormenores y detalles” de los mismos. A ello sumó y cuestionó el hecho de que “aparezcan sentencias firmadas estando afuera del país”.

En relación a la causa Smaldone, Leissa sostuvo que “se demuestra que el tratamiento de la designación no fue el regular y transparente como debió haber sido”. “Cada una de estas situaciones debieron provocar que se discutiera en ultima instancia en el Senado de la provincia para ver si debía ser apartada de su cargo”, concluyó.

Al finalizar, Leissa reiteró que “los hechos que se le endilgaban a la señora Mizawak no han sido refutados” y que había elementos para que sea llevada a juicio político como ocurrió con el suspendido presidente de la Sala Penal del STJ, Carlos Chiara Díaz.

Al ser consultado sobre qué imagen tiene del Poder Judicial en la actual coyuntura, sostuvo: “creo que a nivel del Superior Tribunal, y no involucro a todos, hay un deterioro muy fuerte de la imagen”.

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.