La diputada Gabriela Lena (Cambiemos) dijo sentirse «incómoda» de trabajar en un recinto, la Cámara de Diputados de Entre Ríos, con varios integrantes implicados en causas por corrupción: el presidente del cuerpo, Sergio Urribarri, y los miembros de la bancada oficialista Pedro Ángel Báez, José Ángel Allende, Raúl Riganti y Juan Carlos Darrichón. A la lista se suma Ángel Vázquez.

La legisladora oriunda de Chajarí sostuvo que siente la incomodidad al estar sentado la lado de la banca de diputados acusados en la Justicia “por haber robado la plata que es de todos”.

Pero las complicaciones judiciales no han hecho mella en la Cámara de Diputados donde, hasta ahora, no ha prosperado ningún pedido de desafuero.

En el caso de Allende, su causa ya lleva 4 años de investigación y, los avances están lejos de considerarse importantes. Allende es investigado por el supuesto desvío de subsidios legislativos del Estado a la Fundación Esperanza, cuya titular es su esposa. También tiene una denuncia  por enriquecimiento ilícito.

En tanto, su compañero de bancada, el diamantino Darrichón, sobre quien pesa un pedido de desafuero, tiene un expediente abierto desde 2009. El diputado está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omitir hacer los aportes de los trabajadores municipales en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Diamante, en tiempos en que fue intendente de la ciudad.

También tiene causa en la Justicia el diputado Vázquez.

Se trata de una denuncia que arrastra desde junio de 2005 el diputado Ángel Vázquez. La causa está caratulada “Vázquez, Rubén Ángel –Cogno José Luis S/ falsedad ideológica de instrumento público”.

En tiempos en que era intendente de San Benito, Vázquez fue denunciado por la supuesta falsificación de un decreto y una notificación oficial. Junto a otros funcionarios, fue acusado de falsificación de documento público, delito que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. En 2012, la Justicia pidió su desafuero pero la Comisión de Asuntos Constitucionales, en aquel entonces presidida por el diputado-gremialista José Allende, lo protegió.

Otro legislador oficialista con causas pendientes en la Justicia es Riganti: se trata de una denuncia por supuestos sobreprecios en la obra pública mientras fue intendente de Larroque. La forma que ha intentado zafar es con sus fueros de legislador.

Urribarri y Báez ahora sumaron un último pedido de desafuero en una causa por manejo irregular de la publicidad oficial, en una causa penal en la que la Justicia les decretó un embargo por $26 millones y la inhibición general de bienes.

En ese marco, la diputada de Cambiemos dijo que ante el eventual pedido de desafuero a los diputados Urribarri y Báez, en una causa por desvío de publicidad oficial que ya fue pedida su elevación a juicio oral, «seguramente no vamos a alcanzar los votos necesarios, pero lo vamos a plantear con firmeza como lo hemos hecho siempre”, según dijo a Radio Uno de Federación.

«Hoy tenemos en la Cámara Baja implicados en hechos de corrupción al presidente Sergio Urribarri, y al diputado Pedro Báez, pero también está muy complicado con la Justicia el diputado Allende, y también el caso del diputado Darrichón, imputado por la retención indebida de fondos de la caja de jubilaciones municipal, o sea que son varios”, describió.

Lena opinó que, en vez de someterse a la Justicia como cualquier buen ciudadano de esta provincia, “están utilizando los mecanismos que obtienen por legisladores”, apuntó y afirmó que  “están implicados por corruptos; por haberle robado a la gente, la plata que es de todos; se quedaron con fondos públicos, y esa es la realidad, así que para el resto de los legisladores no es sencillo convivir en este clima”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.