La Ley de la Madera, Nº 9.759, aprobada en el año 2007, será modificada en uno de sus artículos medulares: la prohibición a vender rollizos a las pasteras. Esa es la intención del gobernador Gustavo Bordet, quien este viernes hizo el anuncio en un medio nacional. La modificación llegará tras el insistente pedido del sector foresto industrial, que recibió con beneplácito la iniciativa. El mandatario informó que la semana que viene enviará un proyecto de ley a la Legislatura para derogar el artículo cuestionado por entidades forestales. En Gualeguaychú, como en otras oportunidades, la alarma volvió a encenderse.

Los fundamentos del gobernador para hacer un cambio sustancial a la Ley de la Madera son los siguientes: que la normativa respondió a un determinado momento coyuntural (conflicto con UPM-Botnia); que en 2010 la Corte Internacional de Justicia La Haya dictó que Argentina no pudo demostrar que la planta contamina; y, el más importante, que Entre Ríos está perdiendo la posibilidad de plantar eucaliptos, cuyos trozos de madera (rollizos o chips) pueden ser exportados para producir pasta de celulosa.

Esos tres puntos fueron señalados por Bordet ante una consulta de Ámbito Financiero: “Estamos perdiendo la posibilidad de sembrar eucaliptus y de recuperar también un rol importante dentro de la matriz productiva provincial y nacional. Es un contrasentido, porque vengo peleando para que se abran las exportaciones de cítricos a los Estados Unidos y Brasil, y por otro lado tenemos un artículo que prohíbe exportaciones. Somos los más interesados en conservar los recursos naturales. Esta ley salió en pleno conflicto por las pasteras. Fue una ley hecha a medida de la demanda de los ambientalistas de Gualeguaychú. Fue hecha en un momento especial, con un puente cortado, pero después los dos países se sometieron al Tribunal de La Haya y hubo un laudo. Nos puede gustar o no, pero no se puede desconocer”.

En diciembre de 2015, en su primer discurso como gobernador ante la Asamblea Legislativa, Bordet adelantó que durante su gestión impulsará la ampliación del área plantada de eucaliptos: de 150 mil hectáreas a 300 mil. Pero agregó que no serían para alimentar la industria de la producción de pasta de celulosa.

“Hay 150.000 hectáreas plantadas con eucaliptus y queremos que haya 300.000. Queremos que nuestro eucaliptus no vaya cortado con el tronco en rollizos, queremos que no salga para hacer pasta de celulosa que sean contaminantes de nuestros ríos. Queremos que vayan para viviendas de madera, con fines nobles, que generen valor, que den oportunidad de procesos de inclusión social y para esto estamos trabajando”, dijo el mandatario el 11 de diciembre de 2015, ante los legisladores entrerrianos. Ahora, el relato parece haber virado acorde a los tiempos que corren.

La Asociación Forestal Argentina (Afoa) y la Centro de Desarrollo Foresto-Industrial de Entre Ríos (Cedefi), son dos de las entidades que en diferentes oportunidades pidieron a la Casa Gris que flexibilice la Ley de la Madera. Ambas organizaciones plantean que perjudica la generación de trabajo y la inversión.

Tras el anuncio de Bordet, el área de Comunicación de la Casa de Gobierno difundió declaraciones del presidente de la Asociación Forestal Argentina (Afoa), Regional Río Uruguay, Alejandro Giúdice, quien manifestó: “apoyamos desde el sector ampliamente al gobernador. Esto es algo que le estábamos solicitando y que estimamos puede salir. Como comentó el gobernador, es dejar de impedir el desarrollo de la cadena forestal”.

Preocupación ambientalista
El integrante de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, Juan Veronesi, se manifestó en desacuerdo con el anuncio oficial para modificar la Ley de la Madera. “Eso es propiciar la industria de la planta de celulosa contaminante que nos está haciendo daño a nosotros. Desde ya vamos a estar en total oposición”, sostuvo en diálogo con Entre Ríos Ahora.

En ese sentido, el ambientalista consideró que Entre Ríos tiene que buscar otra forma de comercialización del área forestal “sin entrar en producir materia prima para plantas absolutamente contaminantes como son las pasteras”.

“Ese criterio lo vamos a mantener ante cualquier pretensión de instalar plantas pasteras o hacer forestación para abastecer a las pasteras”, subrayó.

En relación al reclamo de Afoa y otras entidades del sector forestal, sobre la pérdida de rentabilidad, Veronesi opinó que el planteo “es razonable” pero que “si empezamos a ceder así también vamos a ceder que acá se instalen pasteras”. “Es lo que están tendiendo a lograr los de la Afoa porque quieren aprovechar la forestación que se está produciendo en Corrientes y el día de mañana instalar pasteras. Aflojando de a poco vamos a conseguir lo peor”, advirtió.

“Vamos a tener que manifestarnos para ver si se convencen que este no es el camino que tenemos que buscar para la producción forestal”, concluyó el dirigente ambientalista.

Por su parte, el abogado de la Asamblea Ciudadana Ambiental, Luis Leissa, rechazó la iniciativa del gobernador, a la cual juzgó desacertada e insensible de la problemática ambiental.

“Esto no muestra que haya un mirada global sobre el impacto que tiene una medida. La Ley de la Madera respondió a un reclamo absolutamente legítimo ante un emprendimiento como Botnia”, recordó el letrado y señaló que el conflicto aún no está cerrado.

En ese marco, Leissa señaló que la pastera instalada en Fray Bentos, Uruguay, es un emprendimiento “ilegal que es el icono de una lucha que lleva 13 años y que tiene que ver con un tema que no está saldado: el impacto contaminante que tiene una empresa que no ha sido verificado porque ha habido una inercia muy fuerte por parte del gobierno nacional de los últimos 12 años”.

Leissa recordó que en el 2013, en plena campaña para las elecciones legislativas, el entonces gobernador Sergio Urribarri, junto al canciller Héctor Timerman, anunciaron que iban a recurrir a la Corte internacional de La Haya porque “la contaminación estaba probada”, pero que ello sólo quedó en los discursos.

En relación a los dichos de Bordet, que circunscribió la Ley de la Madera al conflicto con UPM-Botnia, manifestó: “decir que esto fue en un momento especial no tiene mucha razonabilidad. Botnia es ilegal y sigue contaminando. El gobernador no puede poner el mismo plano el interés económico de determinado productores forestales a lo que es la salud de la población de Gualeguaychú. Son cosas incomparables”.

“Esto de Bordet es un paso atrás, confío en que haya un mayor comprensión del tema. Entre Ríos no tiene porqué estar condenada en fomentar el monocultivo (de eucalipto). Esto favorece a Botnia. No se puede comparar la producción de mandarina con la producción de pasta de celulosa. La declaración no es feliz”, finalizó.

La semana que viene el proyecto del Ejecutivo para reformar la Ley de la Madera bajará a la Legislatura y, al mismo tiempo, los ambientalistas buscarán sumar más voces contra el proyecto oficial. Las primeras reacciones parecen indicar que la avanzada oficial no pasará inadvertida.

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.