La organización ambientalista FundaVida emitió un duro comunicado en el que denuncia que el proyecto que deroga la Ley de la Madera Nº 9.759, no se conoce en su totalidad. Sospechan que la iniciativa, que va camino a ser aprobada por la Cámara de Diputados, oculta una cláusula que eximiría del pago de impuestos a las empresas forestales. Además, advierten que si la actual ley que impide vender madera a las pasteras radicadas en Uruguay es derogada, las consecuencias se verán en el medio ambiente y en el mundo del trabajo.

 

“Esta semana que pasó fuimos agredidos por una decisión de los Senadores entrerrianos, que en el hipotético de ser convalidada por los diputados, cambiaría para peor, mucho peor, la suerte de muchos coprovincianos, provocaría pérdida de fuentes de trabajo, de soberanía territorial y el aumento de la miseria urbana por desplazamiento de zonas rurales hacia los cordones de pobreza de nuestras ciudades”, dice FundaVida.

 

Y agregan que los “Senadores aprobó un proyecto que mantienen en secreto, algo inconcebible en democracia, en Fundavida tememos que sea porque en él incluyen exenciones impositivas a los saqueadores, tal el modelo uruguayo, lo que sería escupir en la cara a los productores entrerrianos que se debaten en las permanentes crisis de la economía actual”.

 

En el comunicado, la organización ambientalista apunta al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien “se asume como entrerriano, por poseer un latifundio en el sur provincial y utiliza esta circunstancia para canalizar su ambición política a través de la dependencia que genera sus permanentes y cuantiosos auxilios financieros a nuestra provincia, presupuestariamente devastada”.

 

En esa dirección, afirman que “el Gobernador muestra una sumisión servil a sus financiadores y estos lo exhiben como un exponente la ‘pata peronista’ en la que piensan apoyar sus futuros proyectos políticos”.

 

Más adelante, cuestionan que tanto los senadores del Frente para la Victoria como de Cambiemos –salvo Nicolás Mattiauda- decidieron derogar la Ley de la Madera “de arrebato” y que “lo aprobaron a libro cerrado, porque saben están traicionando sus bases, aprobando una norma que está claramente en contra del interés provincial, pensando que si lo hacían rápido, impondrían el hecho consumado a una población distraída e ignorante: nosotros, todos los entrerrianos”.

 

Para FundaVida, el proyecto fue aprobado para beneficiar a grupos forestales, como la la Asociación Forestal Argentina (Afoa), a la que califican como  un “grupo de tareas de las empresas celulósicas”.

 

“Las razones para esta felonía: la falta de ética ciudadana del Ejecutivo y los Senadores y la presión de los lobbies económicos extranjeros que operan disfrazados de grupos económicos locales, como AFoA, Asociación Forestal Argentina, grupo de tareas de las empresas celulósicas foráneas que están tomando el control territorial de nuestra región, que han colocado sus empleados en los máximos cargos directivos de esta organización que actúa como caballo de Troya de sus intereses”, dicen desde la agrupación ambientalista.

 

 

En cuanto al proyecto que crea el denominado Plan Maderero Entrerriano, aseguran que la “derogación de la Ley de la Madera esta burdamente disfrazada dentro de otra norma,  llena de vaguedades y promesas vacuas, que demuestra claramente como nos subestiman, con un inventario de frases declamatorias  tan falsas como pueriles, que han sido malamente redactadas para disimular la verdadera intención del proyecto: habilitar la venta de nuestra materia prima forestal a las industrias celulósicas radicadas en Uruguay, las que están destruyendo el ambiente regional y concentrando y enajenando nuestro patrimonio”.

 

 

Advierten consecuencias y piden frenar derogación

 

En diálogo con Entre Ríos Ahora, Gustavo Rivollier, integrante de FundaVida, dijo que “nos duele mucho que los senadores con los que nos invitaron a exponer en la comisión (de Producción) no hayan escuchado prácticamente nada. Incluso nos molesta mucho que el proyecto de ley aprobado con media sanción no se conozca, no es público”.

 

Por esa falta de acceso al proyecto completo, el dirigente ecologista aseguró que tienen “sospechas de que todo este secretismo de la ley es porque viene atada de exenciones impositivas. Espero que no tenga exención impositiva, porque si la tienen vamos a tener que salir a invitar a los productores agropecuarios a que dejen de pagar los impuestos o que salgan duramente a reclamar que lo pongan en igualdad de condiciones”.

 

En ese marco, también aseguró que creen que el avance del proyecto es “una imposición de la Nación, que viene anexa a la compra de tierras de zona de fronteras por extranjeros. Hoy florecen los holding (empresas que se agrupan para un negocio), estancias inmensas que no se sabe de quién son”.

 

Al ser consultado sobre qué tipo de consecuencias podría acarrear el proyecto que impulsa el Ejecutivo y que cuenta con amplio consenso en la Legislatura, Rivollier explicó que “van a acabar con los bosques nativos, van a destruir la biodiversidad y va a haber expulsión de peones rurales, y gente que tiene pequeñas parcelas que va a terminar vendiendo por presión”.

 

“Un montón de problemas sociales – añadió Rivollier – van a generar en beneficio de tres o cuatros multinacionales. Esa exención impositiva es escandalosa porque tenés al pequeño y mediano productor asfixiado con escasa rentabilidad e impositivamente por Provincia y Nación.  Exceptuar (del pago de impuestos) a una actividad que dice tener tres veces la rentabilidad de la ganadería es un escándalo, una inmoralidad”.

 

El proyecto con media sanción prevé aumentar la superficie implantada. El presidente de la comisión de Producción del Senado, Mario Torres (FPV), habló de un cálculo que maneja la administración de Bordet: pasar de 150 mil hectáreas forestadas a 300 mil.

 

Ese cálculo fue expuesto por el gobernador Gustavo Bordet en su discurso de asunción, el 11 de diciembre de 2015, sólo que aquella vez aseguró que la madera que se extraiga de esa producción no iría a parar a las plantas de celulosa.

 

Así lo dijo hace dos años el mandatario: “Hay 150.000 hectáreas plantadas con eucaliptus y queremos que haya 300.000. Queremos que nuestro eucaliptus no vaya cortado con el tronco en rollizos, queremos que no salga para hacer pasta de celulosa que sean contaminantes de nuestros ríos. Queremos que vayan para viviendas de madera, con fines nobles, que generen valor, que den oportunidad de procesos de inclusión social y para esto estamos trabajando”.

 

Sobre ese aspecto, Rivollier, sostuvo que ampliar la superficie forestada llevará a tener que vender a las pasteras, ya que consideró que “generamos el problema para después inventar mágicamente la solución”. Puso como ejemplo el caso de Uruguay, que llegó al millón de hectáreas forestadas y terminó alimentando a las papeleras.

 

“El mal ejemplo de todo esto, y que lo toman como bueno, es Uruguay. Han cerrado cientos de aserraderos en al zona de Paysandú porque la industria celulósica ha secado de madera”, subrayó el dirigente ambientalista.

 

Por último, Rivollier indicó que desde la fundación que integra están solicitándole a los diputados que “analicen detenidamente lo que van a votar” ya que “el problema de fondo es que –el proyecto- termina convirtiéndose en dañino no sólo para la naturaleza sino también para nuestras economías”.

 

 

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.