Luego del conflicto suscitado con el grueso de los 47 mil docentes de la provincia a raíz de los masivos descuentos sobre los sueldos por los paros, el bloque de senadores de Cambiemos elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer de qué modo se «privatizó» en la provincia el servicio de liquidación de sueldos durante el gobierno de Sergio Urribarri.

Los senadores Raymundo Kisser, Roque Ferrari y Rogelio Schild presentaron un pedido de informes en la Cámara Alta en el que hacen notar que han tomado conocimiento que «el Consejo General de Educación habría privatizado, es decir encomendado a la empresa Lemondata,  para que liquide los sueldos de los dependientes y docentes del Consejo General de Educación. En función de ello, se solicita se sirvan informar cuáles son las razones y fundamentos para esta contratación, máxime teniendo en cuenta que el Estado Provincial cuenta con un sistema informático para liquidar sueldos».

Además, pretenden saber cuál es el costo de contratación de esa empresa,  y qué «méritos o antecedentes tiene para tan importante contratación».

Al respecto, sostienen que «hay quejas de los docentes en cuanto a que, con el sistema de liquidación de sueldos a través de Lemondata SA,  se estaría perdiendo la privacidad en los recibos. Se solicita se informe la veracidad de lo señalado, y qué resguardos se han tomado para que no se pierda la privacidad de los titulares de los recibos».

El sistema de notificación de las asistencias docentes requiere que las escuelas cuenten con conexión a Internet para conectarse con Economía, pero en el Senado advierten que muchas escuelas tienen «problemas con la señal de Internet».

 

Detalles

Lemondata comparte con otra firma más conocida, Relevamientos Catastrales SA, el mismo empresario: Diego Armando Cardona Herreros. Ambas, además, han sido contratadas durante el gobierno de Urribarri.

 

En 2015 el entonces gobernador Sergio Urribarri le adjudicó a Relevamientos Catastrales SA un contrato anual por $7.833.600 por la prestación de un servicio de soporte técnico operativo y de mantenimiento de software en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía. El huevo de la serpiente.

 

En diciembre de 2015, una investigación de la revista “Análisis” dio cuenta que Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal, estaba presidida por el empresario Diego Armando Cardona Herreros, amigo personal de Urribarri. La firma puso su oficina en Paraná en el edificio de Córdoba 585. O sea, el mismo edificio donde también tiene su domicilio Urribarri y hasta hace poco tiempo residiera también su hijo, el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri.

 

Cardona Herreros es un empresario paraguayo de bajo perfil. Es amigo personal de Urribarri (hay quienes lo vinculan a ambos con la pasión por el fútbol y algunos negocios relacionados a ello) y a su alrededor giran por lo menos diez empresas que, en su mayoría, tienen el mismo domicilio: avenida Córdoba 1184, piso 4, en Capital Federal y, por lo general, se dedican a tareas de consultoría. Entre ellas aparecen TPI Invest SA; Organización Mesopotámica de Asesoramiento y Servicios; Economía y Regiones SA; Sistemas, Administraciones y Consultorías; Macadel SA; Novopharma SRL; Relevamientos fiscales SA; Mandatos y gestiones SA; Lemondata SA y Relevamientos Catastrales SA.

 

Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Smaldone, por $19 millones, para la instrumentación de un software. A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de «relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral» para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizará en el 2016 y tiene un costo mensual de 550.000 pesos.

 

Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por $7.833.600, según el decreto 788/15, por la prestación de un servicio de «soporte técnico operativo y de mantenimiento de software» en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.

 

Ese contrato es el que le permitió a Lemondata SA manejar el sistema de liquidación de sueldos que repudian los docentes y sobre el cual el Senado se empezó a interesar.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.