El Ministerio de Salud de Entre Ríos intimó a un exempleado del Hospital 9 de Julio de La Paz a devolver más de $700 mil en concepto de salarios abonados y percibidos indebidamente durante dos años. La situación es curiosa, puesto que el intimado había sido cesanteado en 2016, pero continuó cobrando el sueldo hasta 2018.
El intimado es Luis María Rodríguez, de 58 años, un técnico en Radiología oriundo de Santa Elena, quien fue jefe de Personal del Hospital 9 de Julio, de La Paz. En rigor, el Ministerio de Salud de la provincia exigió la devolución de $759.804,54. Esa es la cantidad exacta que percibió entre el 12 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.
El cobro indebido se dio mientras Rodríguez ya no trabajaba en el hospital, debido a que había sido cesanteado tras el escándalo por la existencia de licencias truchas. El profesional dejó de prestar servicio el 12 de septiembre de 2016, pero por alguna razón continuó percibiendo su salario. La cartera sanitaria detectó la situación, reclamó el dinero y advirtió que de no hacerlo se le iniciarán acciones legales.
El reclamo quedó registrado en un edicto publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos el 14 de junio pasado. “Luis María Rodríguez, DNI N° 13.877.562, se intima a Ud. para que en un plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días, de recibida la presente, proceda a la devolución de la suma de pesos setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuatro con cincuenta y cuatro centavos ($ 759.804,54), monto total que le fuera abonado y percibido por Ud. indebidamente, en el período 12/09/16 al 31/12/18, atento a que se le dispuso la sanción de cesantía y dejó de prestar servicios el día 12/09/16 en el Hospital ‘9 de Julio’ de La Paz. En defecto de no cumplimentar con la misma, se procederá sin más a iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes al recupero del monto antes mencionado, junto con los intereses legales, gastos y honorarios pertinentes”, dice la intimación firmada por Carlos Omar Santillán, Director General de Despacho del Ministerio de Salud.
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Rodríguez fue jefe de Personal del Hospital 9 de Julio de La Paz, y fue cesanteado el 4 de agosto de 2016, mediante el decreto N° 2253. El castigo llegó tras una investigación por la existencia de certificados de licencia ficticios, que generaban la contratación de personal suplente innecesario. Los hechos sucedieron entre los meses de julio y diciembre de 2008.
Como contó Entre Ríos Ahora, en ese caso también estuvo involucrado Ramón Domingo Limongi, quien fue administrador del nosocomio. Ambos fueron sometidos a una investigación administrativa y una judicial.
Su situación fue resuelta en tres etapas: en el ámbito administrativo, sumario mediante, fueron cesanteados; en el fuero penal aceptaron una condena condicional por fraude a la administración pública; y en el marco de una demanda civil iniciada por el Estado, acordaron devolver el dinero que se fue de las arcas públicas a través de las licencias truchas.
El Tribunal de Cuentas de la provincia estableció que la maniobra le produjo un perjuicio al Estados por la suma de $ 119.693. Pero ese monto aumentó por los intereses. A fines de 2018 ambos exempleados infieles alcanzaron un acuerdo de pago con la Fiscalía de Estado de la provincia, y devolverán más de $300 mil en cuotas.
Sin embargo, ahora a Rodríguez se le sumó otro dolor de cabeza. Debe devolver el dinero que percibió en el periodo en el que ya no trabajaba en el nosocomio y que, se presume, se le fue depositado por error.
La cesantía a Rodríguez
El exjefe de Personal del Hospital 9 de Julio, Luis María Rodríguez, fue cesanteado el 4 de agosto de 2016 mediante el decreto N° 2253, firmado por el gobernador Gustavo Bordet y el entonces ministro de Salud Ariel de la Rosa.
A Rodríguez se lo acusó de haber “presuntamente cometido y o facilitado que los agentes que estarían gozando de licencia por enfermedad, generaran la posibilidad de suplencias, con el agravante que el personal supuestamente enfermo asistía normal y regularmente a cumplir funciones, generando con dicha conducta disvaliosa que el erario público abonase doble sueldo, así como también irregularidades en las solicitudes de las suplencias, las planillas de asistencias, marcación diaria al ingreso y egreso del personal de dicho nosocomio, entre otras cosas, todo ello detectado luego de realizada una auditoría contable”.
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En su defensa en ese trámite administrativo, Rodríguez negó los cargos y aseguró que fue “víctima del desordenado sistema”. Lo cierto es que en el sumario se concluyó que fue “directamente responsable por el mal desempeño de las funciones administrativas”.
En el decreto que dispuso sus cesantía, se detallaron las faltas en las que incurrió: “Falta de control y confección de tarjeta de asistencia, no tener actualizados los legajos del personal, , no controlar los reemplazos de los agentes por diversos motivos de las distintas áreas, no realizar los trámites correspondientes ante la Comisión Médica de la totalidad de los agentes que presuntamente se encontraban con licencia por enfermedad y generaban las suplencias, no confeccionar debidamente las planillas de movimientos de inasistencias del personal elevándolas al Ministerio de Salud habiendo incorporado datos erróneos”.
Para la cartera sanitaria, la finalidad perseguida por Rodríguez era “cubrir a los agentes titulares –supuestamente enfermos ya que seguían laborando- con suplentes, para conseguir a la postre una doble remuneración y un consiguiente perjuicio hacia el Fisco Provincial, con el solo objeto de enriquecerse y/o participar del producido”.
Enseguida, se aclaró que no actuó sólo sino que contó con la connivencia de varios agentes: “Aquellos que sabían que generaban suplencias en sus cargos titulares y se encontraban prestando servicios, la de profesionales médicos que extendían certificados sin revisar a sus pacientes, la del Director del nosocomio (NdelaR: Luis Domingo Badaracco), por haber tenido una conducta displicente y por último del personal que se desempeñó como suplente”.
Condena por fraude
Un año después de la cesantía, Rodríguez aceptó su responsabilidad penal en un juicio abreviado. Lo hizo junto al paceño Ramón Limongi, exadministrador del nosocomio de La Paz.
Según el fallo al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora, fechado el 22 de agosto de 2017, ambos reconocieron los delitos de fraude a la Administración Pública y fueron condenados a la pena de 2 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua especial para ejercer cargos públicos. El fallo condenatorio lo dictó la jueza del Tribunal de Juicio de La Paz, María Lía Van Dembroucke.
A esa pena llegaron en el marco de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado con el fiscal Facundo Barbosa.
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«Que durante el período comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2008, Ramón Domingo Limongi y Luis María Rodríguez, en sus respectivas funciones de Administrador y Jefe de Personal del Hospital Zonal ‘9 de Julio’, de esta ciudad de La Paz, Entre Ríos, y previo acuerdo entre ambos, procedieron a adulterar la documentación administrativa necesaria – Certificados Médicos, Planillas de Licencias, etc-, y, en otros casos, a hacer desaparecer documentos – Certificados Médicos, Tarjetas de marcación, etc-, y con ello haciendo aparecer a los agentes titulares con licencias por enfermedad, lo que les permitió contratar personal en el hospital a su cargo, en carácter de suplentes y en reemplazo de aquellos, quienes desconociendo esta situación continuaron con sus labores habituales y percibiendo regularmente sus haberes, produciendo así, un daño patrimonial significativo al estado contratante de aproximadamente Pesos Ciento Diecinueve mil seiscientos noventa y tres ($119.693)”, dice parte del acuerdo judicial que firmaron.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.