Un exempleado municipal entabló un litigio judicial contra la Municipalidad de Paraná para que lo restituyan en su puesto de trabajo, del cual fue apartado tras ser declarado culpable de estafa en un trámite administrativo.

El denunciante es Miguel Alberto Goró, quien hasta 2013 fue subdirector de la Unidad Municipal Nº 3. El hombre fue denunciado durante la gestión de la exintendenta Blanca Osuna, el 9 de marzo de 2012, por Julio Ricardo Germano, quien sostuvo en sede policial que Goró y Ramón Juan Carlos Gazzano “les solicitaban sumas de dinero a varios de los agentes contratados de la Unidad Municipal Nº 3, valiéndose de la situación de inestabilidad laboral de éstos”. También refirió que en una oportunidad, Gazzano, convocó uno a uno a los contratados y les comunicó que iban a cobrar un plus salarial de $450 y que a “ese dinero se lo tenían que entregar”.

Esa denuncia motivó que el 3 de julio de ese año se abriera un sumario administrativo que se desarrolló bajo el expediente Nº 21617/12, que culminó con el decreto 1468/13, por el cual se le aplicó al agente Goró la sanción de cesantía y se declaró abstracta la imputación contra Gazzano porque ya no pertenecía a la planta del personal.

El caso tuvo un primer fallo en contra del exempleado por parte de la Cámara Contencioso Administrativo de Paraná, integrado por Marcelo Baridón, Hugo Rubén González Elías y Gisela Schumacher. Pero el demandante no se quedó ahí, ya que llevó su reclamo ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En el trámite administrativo, Goró negó los hechos que le endilgaron, pero la sanción se concretó. “Los agentes Goró y Gazzano no han aportado medios probatorios suficientes, ni muchos menos convincentes, que permitan desacreditar la evidencia recolectada y mucho menos las imputaciones en su contra”, señaló el dictamen que castigó a Goró. Además, se destacó que se recibieron testimonios de trabajadores que fueron coincidentes con lo denunciado por Germano.

El exmunicipal apeló la decisión que lo expulsó de la Administración Pública Municipal, pero volvió a recibir un revés. El 21 de diciembre de 2018 el entonces intendente Sergio Varisco, no hizo lugar a su recurso que buscaba ser reincorporado a la planta permanente. Contra esta decisión, Goró presentó una demanda contencioso administrativa.

En la misma, destacó que la imputación originaria fue contra Gazzano por “comunicar a sus empleados que deberían entregarle un plus salarial que recibirían por $450, ya que de lo contrario no se les renovaría su situación laboral”.

Y también aseguró que su excolega de trabajo, si bien fue cesanteado en otro expediente, volvió a trabajar para la Municipalidad. Además, esgrimió que es injusto que quien pudo ser cesanteado en dos oportunidades, haya sido reincorporado a sus funciones.

Con todo, denunció que en el caso existe “partidocracia», puesto que “toma al conjunto de empleados públicos como un botín electoral” y que no se respetó “la igualdad cuando le pidió al Municipio que enmendara su omisión y lo reincorporara”.

Sin embargo, los argumentos de Goró no alcanzaron. El 8 de julio de este año, la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná entendió inadmisible la demanda “ya que la división de poderes impide que el Poder Judicial se inmiscuya en las actuaciones administrativas si éstas no son cuestionadas en el tiempo y modo oportunos, consagrados por la normativa vigente, lo que, respecto del procedimiento sancionatorio y su conclusión, ha quedado firme y consentido”.

En torno al pedido de reincorporación a la planta permanente, señalaron que “Goró no logró demostrar estar en las mismas condiciones que Gazzano y, por tanto, la achacada vulneración de la igualdad no puede prosperar. En primer lugar, al optar por el proceso sumario, se vio privado de acompañar prueba que hubiera abonado su posición: el expediente administrativo del sumario que aplicó la sanción de cesantía a Gazzano; o el expediente administrativo bajo el que tramitó la revisión de aquélla sanción aplicada a éste, cuya nulidad se declaró por decisión del Presidente Municipal a través del Decreto 843, del 14 de abril de 2016”.

“Por otro lado, aun reconociendo lo extraño de la historia laboral de Gazzano que se atisba a través de algunos de los fragmentos obrantes en estos autos, lo cierto es que, si la Administración hubiera actuado ilegítimamente, ello no importa la generación de un derecho en cabeza de Goró que tenga como base una ilegalidad”, completaron.

Lo cierto es que el caso sigue con final abierto, puesto que Goró decidió ir hasta el máximo tribunal provincial para que revea su situación. El exSubdirector de la Unidad Municipal Nº 3 presentó un recurso de queja ante la Sala Contencioso Administrativo del Superior Tribunal de Justicia. El fallo en esa instancia sigue pendiente.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora