La Justicia dispuso la inhibición general de bienes de los integrantes de la familia Etchevehere y los dueños de la Red Mutual en el marco de la tramiación de la causa por estafa iniciada en 2013 por Dolores Etchevehere en la que denunció el vaciamiento de la sociedad que fue responsable de la edición de «El Diario», de Paraná, el medio de comunicación que fue insignia en la provincia -fundado en 1914- pero que hoy es una cáscara comercial.
La medida alcanza a Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agroindustria en la presidencia de Mauricio Macri; de quien fuera candidato a gobernador de Entre Ríos por La Libertad Avanza Arturo Sebastián Etchevehere; el director de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, y a la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, en forma solidaria por la suma de 250 mil dólares. También a los hermanos Walter y Viviana Grenón, de Red Mutual, en forma solidaria, por la suma de 250 mil dólares.
El juez de Garantías y Transición Pablo Nicolás Zoff dispuso, a pedido del fiscal Álvaro Piérola, trabar embargo sobre los bienes inmuebles de Construcciones del Paraná SA y la inhibición general e bienes de las empresas Arroyo Ubajay Sa y Nexfin SA por la suma de 1 millón de dólares.
Walter Grenón, dueño de Red Mutual.
La denuncia judicial contra los Etchevehere y los Grenón se originó en 2013 pero los tres hermanos y la madre no se sentaron a dar cuentas ante un juez sino hasta siete años después, en 2020.
En el ínterin, la denuncia estuvo a punto de ir a dormir el sueño de los justos, luego de los dictámenes de dos fiscales que juzgaron que el tema no tenía la menor importancia.
Así
El 6 de diciembre de 2013, el fiscal Ignacio Aramberry elevó al entonces juez de Instrucción Alejandro Grippo la “denuncia presentada por la ciudadana Dolores Etchevehere ante esta Fiscalía a mi cargo”: 20 carillas de mucha información que ponía contra las cuerdas a sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.
El 20 de diciembre de ese año, Dolores Etchevehere ratificó ante el juez Grippo los términos de la denuncia formulada por escrito.
Contó de qué modo, con qué maniobras, bajo qué paraguas su familia pretendió cometer una serie de hechos ilícitos en las empresas familiares que tendrían alto impacto social: en 2018, una de las firmas del holding familiar, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de «El Diario», dejó en la calle a 80 trabajadores sin pagarles indemnización, e ingresó en concurso preventivo.
Bajo el paraguas del urribarrismo, en 2010 había ingresado a SAER el empresario santafesino Walter Greón, que estuvo hasta 2012, cuando fue la incursión de otro santafesino, Ramiro Nieto.
Luis Miguel Etchevehere
Sebastián Etchehere (con barbijo) junto a su hermano Luis Miguel.
Juan Diego Etchevehere.
Leonor Barbero Marcial, junto a la actual ministra Patricia Bullrich, y sus hijos.
Dolores Etchevehere.
Pero en el génesis de la causa por estafa que involucra a los Etchevehere ocurrió lo impensado.
Extrañamente, el 6 de febrero de 2014, la agente fiscal Evangelina Santana dictaminó lo que sigue: “Atento a la entidad del hecho que diera inicio a las presentes y siendo factible que el conflicto suscitado en autos pueda ser resuelto mediante el proceso de mediación, ante la pronta implementación en nuestra jurisdicción del nuevo ordenamiento adjetivo, remítase las presentes actuaciones a la Delegada Judicial del Ministerio Público Fiscal, Dra. Paola Farinó, a fin de que consulte a las partes y en caso de que presten su consentimiento, celebre la mediación”.
El 24 de febrero, y tras entrevistarse con Dolores Etchevehere, Farinó informa que la mediación resulta inviable. El 6 de marzo, la agente fiscal Santana anoticia al juez Grippo de la continuación de la causa penal. La primera medida que dicta el magistrado es pedir a la Dirección de Personas Jurídicas de Entre Ríos información sobre la composición societaria de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, y de Construcciones del Paraná SA. También, a los bancos Itaú y de Entre Ríos para que informen sobre líneas de crédito otorgadas a la firma Las Margaritas, también del holding de los Etchevehere.
Dolores Etchevehere dice en un segundo escrito, presentado el 10 de abril de 2014: ”Básicamente he denunciado la forma en la que abusivamente se ha obligado a la sociedad en beneficio de un grupo de accionistas (mis hermanos y mi madre) lo que posibilitó la extracción de fondos líquidos para ser aplicados a otra maniobra también de una tercera: Construcciones del Paraná, de la cual naturalmente no soy accionista (sí lo soy de SAER y Las Margaritas, como oportunamente explicara)”.
De ese modo, la menor del clan Etchevehere contaba de qué manera se había «vaciado» a Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER)
En la primera denuncia, la mujer habló de la “toma fraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentes a u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 por dólar) cuyo importe fue retirado por los denunciados según así surge de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año”. Los denunciados son, claro, sus tres hermanos y su madre.
Después, abundó en las cifras y detalló que el fraude bancario fue mayor a los u$s 250.000. Hubo otros dos montos de u$s 360.000 y u$s50.000 que los denunciados tomaron de préstamos bancarios y se repartieron en provecho personal. Por eso, en 2014 Dolores Etchevehere pidió el allanamiento de la sede de la sociedad Las Margaritas SA, en Urquiza 1123, tercer piso, el mismo edificio donde funcionó la Redacción de El Diario, con el propósito de secuestrar los libros contables “y toda otra documentación que tenga que ver con el hecho que se denuncia”. También pidió allanamientos a las sedes de SAER, en la misma dirección, Urquiza 1123, tercer piso , dirección que corresponde a otra firma, Construcciones del Paraná, cuyo allanamiento también solicitó.
Los préstamos, después se supo, fueron pedido por los Etchevehere a los bancos Itaú y Nación, a tasa subsidiada, en teoría para fines productivos, pero que en la práctica fueron a dar al bolsillo de la familia.
Con su denuncia, Dolores Etchevehere procuraba establecer “la ruta del dinero” y la “posible utilización de los fondos (o parte de ellos) de los préstamos tomados por Las Margaritas SA en la transferencia de los inmuebles” propiedad de SAER. Desvío de fondos, vaciamiento, estafa: delitos gravísimos que una fiscal, más adelante, entendería como una simple peleíta familiar.
Efectivamente ello todo fue como lo denunció Dolores Etchevehere, según un sesudo dictamen de los entonces fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra, que más tarde intervendrían en el caso tras la desafortunada intervención de la fiscal Santana y, más tarde, de su colega Laura Irene Cattáneo.
Nada que ver
Todo lo tramitado hasta entonces en la causa Etchevehere fue nada ante un dictamen que firmó el 3 de noviembre de 2014 la fiscal Laura Irene Cattáneo (ya jubilada), tercera fiscal que interviene en la causa en menos de un año. Después de analizar la denuncia, Cattáneo concluyó que el caso “no reviste gravedad y es de escasa trascendencia o impacto social por cuanto se trata de un conflicto económico intrafamiliar, sin afectación de intereses colectivos”.
La fiscal dijo que el tema denunciado “escapa a la órbita del Derecho Penal”, y apeló a “una dosis de prudencia en la aplicación del sistema penal, justificándose su intervención sólo cuando medie una afectación de un bien jurídico importante o porque no existan otros canales para resolverlos”.
En base a esos argumentos, la fiscal Cattáneo pidió a la segunda jueza de la causa, Susana María Paola Firpo, que la denuncia de Dolores Etchevehere “sea desestimada y se disponga el archivo” .
Firpo catalogó como un “enjundioso dictamen” el de la fiscal, y “siendo la representante del Ministerio Público Fiscal la titular del ejercicio de la acción penal pública, entiendo que no puedo adoptar una decisión diferente a la propugnada”. En ese marco –“amén de compartir en su totalidad lo dictaminado por la señora Agente Fiscal», aclaró- corresponde, dictaminó, «dictar sin más el archivo de las presentes actuaciones”.
Eso dispuso la jueza Firpo el 14 de noviembre de 2014,
Contragolpe
Dolores Etchevehere apeló el archivo de la causa con artillería pesada, y dijo en su escrito que “bajo el ropaje que le otorgan los arbitrarios y antojadizos argumentos señalados en el pedido de desistimiento fiscal de fecha 3 de noviembre pasado, se esconde un enorme temor de investigar hechos que ostensiblemente exceden la órbita familiar y que derivan en irregularidades”. Y habló del “temor reverencial que muchos aquí en la ciudad de Paraná le tienen a mi familia en general y a mi madre y hermano Luis Miguel en particular: ahora lo confirmo”.
El 26 de noviembre la jueza Firpo le concedió el recurso de apelación.
Desde el vamos, la causa se caratuló como “Estafa”.
Los camaristas José María Chemez, Elvio Garzón y Miguel Giorgio tomaron intervención el 3 de marzo de 2015 y consideraron que el archivo de la causa resultó “prematuro y desacertado, toda vez que advertimos que se trata de un caso que reviste gravedad, con importantes sumas de dinero en juego, que excede el marco de un simple conflicto de familia y merece al menos que se produzcan algunas de las medidas de prueba interesadas por la denunciante a los fines de dilucidar la posible existencia o no de delito”.
De ese modo, los camaristas resolvieron revocar el archivo de la causa.
El 31 de marzo de 2015 emite dictamen el entonces fiscal de Cámara Rafael Martín Cotorruelo –hoy juez de juicio-: analizó la causa, releyó el dictamen de la fiscal Cattáneo, que había pedido el archivo y también había desestimado la denuncia, y concluyó que “corresponde en este estado ordenar la continuidad de la investigación”.
El 1° de abril de 2015 Cotorruelo devuelve el expediente de la causa Etchevehere al despacho de la jueza Firpo. Entonces, interviene una quinta fiscal, Viviana Margarita Ferreyra.
En 2016 la causa tiene nuevo juez, Pablo Zoff –que fue agente fiscal y ahora es juez- y se incorpora otro miembro del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Joel Cánepa –actual juez de juicio- y se produce una petición que ya había hecho Dolores Etchevehere: los fiscales Cánepa y Ferreyra le piden al juez que libre orden de allanamiento a Las Margaritas y el secuestro de libros contables, que se libre oficio al Banco Central para que aporte toda información referida a esa compañía de los Etchevehere, y se pida al Registro del Notariado de la Provincia un informe de los inmuebles registrados como propiedad de esa sociedad. También, que luego de levantar el secreto fiscal, la AFIP y la ATER informen declaraciones juradas de los períodos 2010 a 2016 de Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere y también de Leonor María Magdalena Barbero Marcial.
También, los fiscales pidieron la indagatoria de los tres hermanos Etchevehere y su madre, pero el 23 de diciembre de 2016 los fiscales solicitan que se suspenda la indagatoria en virtud de la nueva prueba incorporada a la investigación penal.
Allanamiento y sorpresa
El juez Pablo Zoff hace lugar al pedido y, además, dispone que la Dirección de Investigaciones y la División Delitos Económicos de la Policía realicen el allanamiento en la sede de Las Margaritas.
El 26 de diciembre de 2016, un día después de la Navidad, la Policía allanó la sede de Las Margaritas SA, en el edificio de El Diario.
Un informe que produjo el oficial Enzo Gutiérrez el 27 de diciembre, y que dirigió al juez Zoff, dio cuenta de un imponderable: no se pudo dar con los libros contables por cuanto la mater familias, Leonor Barbero Marcial, los anotició de un hecho policial: en 2012, habiendo viajado a Buenos Aires a visitar a su hija Dolores –a quien no encontró en su casa- fue sorprendida por desconocidos que le arrebataron esos documentos.
La causa siguió tramitándose, incorporando pruebas e informes contables y periciales, y el 28 de diciembre de 2017, un año después de la primera petición, los fiscales Cánepa y Ferreyra solicitan que se fije fecha de indagatoria para los hermanos Etchevehere y su madre.
Uno días antes, el 20 de diciembre de 2017, Firpo reasume en el Juzgado de Transición y retoma el manejo de la causa.
Otra vez
El 18 de marzo de 2018 los fiscales Cánepa y Ferreyra reiteran el pedido de indagatoria para el clan Etchevehere. No prospera. Lo vuelven a plantear el 18 de abril de ese año en un escrito en el que precisan el requerimiento de instrucción fiscal y detallan, de modo minucioso, de qué modo, mediante un sistema de triangulación, se vacía a SAER, la editora de El Diario, de todas sus propiedades a través de un complejo mecanismo en el que intervinieron Construcciones del Paraná, SA, de los Etchevehere, y Arroyo Ubajay y Nexfin SA, de los hermanos Walter y Viviana Grenón, dueños también de la Mutual AMUS.
Toma y daca
“Se advierte relevante que el producido de la venta de aquellos inmuebles fue a parar a manos tanto de aquellas empresas dirigidas por Grenón, como por Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda) de Etchevehere y que solo dos meses después, SAER buscaba obligarse con otras instituciones, distintas de las bancarias, para obtener más dinero ´fresco´para hacer frente a los compromisos económicos contraídos (…) lo que da la pauta que la venta de inmuebles tenía como destino exclusivo hacer circular el dinero entre las empresas de los socios de SAER, vaciando a esta última y quedándose con sus bienes”, dice el dictamen fiscal.
El movimiento “circular” de dinero se explica así: la mutual AMUS (bajo la dirección de Walter Grenón) “prestó dinero a SAER y a Construcciones del Paraná SA (Flia Etchevehere); con el mismo, ésta última adquirió distintos bienes inmuebles a SAER, con cuyo producido se abonaron las deudas de ésta con Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda) de Etchevehere; es decir, que la firma Construcciones del Paraná se quedó con los bienes de SAER, y sus socios, los miembros de la Flia Etchevehere ya referidos, con parte del producido de dicha venta. Por otro lado, también similar operación habría realizado Walter Grenón a través de sus empresas, quien le presta dinero a SAER a través de AMUS, y luego compra sus bienes a través de Arroyo Ubajay SA y Nexfin SA, quedándose también con parte del producido de dichas ventas”.
El dato que agregan los fiscales es que en la decisión de la venta de los inmuebles de SAER, que compraron las empresas de los Etchevehere y de los Grenón, “intervinieron siempre las mismas personas: Viviana Grenón y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda) de Etchevehere, como miembros del directorio, y luego Walter Grenón, Arturo Sebastián Etchevehere,y aquella última en representación de Luis Miguel y Juan Diego Etchevehrere”.
A la par de la descapitalización de SAER, editora de El Diario, dice el informe fiscal, “también se decidió ceder en garantía de distintos créditos con las mutuales descriptas –Mutual 10 de Abril, Mutual AMUS- los derechos de cobro de publicidad realizada al Gobierno de Entre Ríos por El Diario, que derivó en embargos judiciales sobre las cuentas de la empresa. Esa situación se originó por cuanto los Etchevehere y los Grenón “privilegiaron” la cancelación de las acreencias de los propios socios con la venta de inmuebles “antes que a cualquier otro” acreedor.
En el dictamen que firmaron el 18 de abril de 2018 los fiscales Cánepa y Ferreyra pidieron la formal instrucción de causa penal y la indagatoria de los hermanos y la madre de los Etchevehere y también, por primera vez, de Walter y Viviana Grenón, dueños de Red Mutual, Nexfin SA, Arroyo Ubajay y Mutual AMUS; de Luis Alberto Guevara y Germán Coronel, socios en SAER.
Pero en vez de resolver el planteo del Ministeiro Público Fiscal, la jueza Firpo se enredó en una polémica con los fiscales.
El 24 de mayo de 2018 la jueza Firpo firmó un escrito en el que pidió a los fiscales que dictaminen “fundadamente”: les mojó la oreja. Los fiscales Cánepa y Ferreyra le respondieron que el escrito elevado “contiene de modo fundado en la evidencia recabada hasta la fecha” todos los datos necesarios. Y que resolviera como mejor le plazca, traducido esto del dialecto tribunalicio.
La causa llevaba entonces cinco años tramitándose en la Justicia entrerriana.
El 11 de septiembre de 2018 interviene en la causa otro fiscal, el séptimo, Ávaro Piérola, para plantear su disconformidad al pedido de sobreseimiento formulado por los Etchevehere.
El 16 de octubre, y tras la declaración en sede judicial de Dolores Etchevehere, Piérola insiste en que resulta prematuro abordar el pedido de sobreseimiento de los imputados.
En aquella declaración ante la jueza Firpo, Dolores Etchevehere no menciona, como lo diría en 2020, a partir del episodio de la toma del campo Casa Nueva, en Santa Elena, que fue presionada a firmar un acuerdo para desistir de todas sus reclamaciones.
“Recuerdo que ellos me ofrecen dos parcelas de tierra y eso es lo que recuerdo. No se ha efectivizado, son dos parcelas de partes de campo acá en Entre Ríos, que acepté”, dice respecto del acuerdo privado que su familia exhibe, rubricado en 2018. “Necesito esa cesión, sí, claro, cómo no”, declaró ante la jueza Firpo.
El 9 de marzo de 2020, el fiscal Piérola insistió en el pedido de citación a declaración indagatoria de los Etchevehere, los hermanos Grenón, Guevara y Buffa. La petición fue acogida favorablemente por el cuarto juez de la causa, Carlos Hugo Ríos, pero sin fecha. El magistrado, en un escrito del 20 de mayo, dispuso que las audiencias serían “a determinar y conforme a la posibilidad de realización de las mismas, en el marco de la situación planteado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio».
Es decir, un cuadro de total incertidumbre.
Sin espacio en el disco rígido
En los 10 cuerpos que acumula la causa -casi 2.000 fojas- hay relatadas situaciones hilarantes, como la observación hecha por la abogada María Florencia Sieber, de la Sección Penal Tributaria de la Afip Paraná, quejándose de que al intentar enviar al Juzgado de Transición N° 1 diferentes informes requeridos, los mails rebotaban una y otra vez.
El 25 de agosto de 2020 le responde la abogada María Belén López Vargas, secretaria del Juzgado de Transición, anunciándole que “ya liberaron espacio en la cuenta para que puedan enviar la información requerida”.
Así, de ese modo tan ramplón, y de otros modos posibles, con planteos, recusaciones, excusaciones, dudas, observaciones, demoras, apelaciones, la causa por estafa que denunció Dolores Etchevehere lleva tramitándose en la Justicia 7 largos años.
En noviembre de 2023, la exjueza de Transición Carola Bacaluzzo había procesado al exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, a sus hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego, a la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, al dueño de Red Mutual y exaccionaista de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), Walter Grenón, y a su hermana, Viviana Grenón, y al empresario pizzero Germán Buffa por el delito de vaciamiento empresario. En cambio, la magistrada los sobreseyó en la acusación fiscal de toma de un crédito a tasa subsidiada con fines productivos, pero que sin embargo tuvo otros fines.
Al revisar el fallo de la magistrada, el Tribunal de Juicios y Apelaciones revocó los sobreseimientos que se dictaron en noviembre de 2023, y además resolvió remitir parte de la investigación para su tramitación en el fuero federal, donde ya hay denuncia contra los Etchevehere.
Tras esa decisión, los defensores Tomás Vírgala -en representación de Luis Alberto Guevara-; Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, en ejercicio de su auto defensa; Rubén Pagliotto -por los imputados Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere-; y Alberto Sampayo y Miguel Ángel Cullen -por los imputados Walter y Viviana Grenón- interpusieron recurso de casación. En su resolución, los jueces Labriola, Castagno y Mayer entendieron que debían hacer lugar al plante por cuanto -dijeron- «se advierten buenas razones en orden a derechos constitucionales en juego, que fueron alegados por los imputados, vinculados a obtener el llamado doble conforme, en base a la doctrina de la arbitrariedad, como así también a una resolución judicial que en el menor tiempo posible esclarezca la situación de los imputados ante la ley. Por éstas razones, entendemos que en ésta instancia a-quo debe primar un criterio amplio al exámen de admisibilidad del recurso, independientemente del criterio que adopte al propio exámen la instancia ad-quem. Cabe traer a colación que en causas de singular trascendencia social, se aplicó similar criterio en tanto prosperó la casación por vía de queja, contra un auto de procesamiento».
Casación rechazó una impugnación extraordinaria de la defensa de los Etchevehere, y por eso recurrieron en queja ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
De la Redacción de Entre Ríos Ahora