La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) decidió «apoyar» la huelga general convocada para este jueves por la CGT y las dos CTA en todo el país en rechazo de la política económica del presidente Javier Milei y para conseguir trabar el tratamiento en el Congreso de la Ley Bases, ya con media sanción de Diputados, y que una vez sancionada introduciría fuertes modificaciones en el mundo del trabajo.

«Con la presencia de 15 filiales de AJER y de la Mesa Directiva reunidos en Plenario Provincial se
resolvió expresar el apoyo al paro de 24 horas convocado por la Federación Judicial Argentina, las dos
CTA y la CGT para el día 9 de mayo de 2024, a través de una Declaración con concurrencia a los lugares
de trabajo, por esta vez», dice el documento del gremio de los judiciales.

Y agrega: «Las razones que fundamentan la declaración son la escalada de precios tanto en los productos
básicos como en las cuotas de las escuelas, los combustibles, los alquileres, el transporte y los recientes
fuertes aumentos en la luz y el gas, que deterioran el salario mes a mes, con actualizaciones salariales
que quedan por debajo de la inflación».

El documento de AJER señala ante un escenario «de giro violento a políticas neoliberales que ya conocemos, vuelve aponer en riesgo el modelo de sociedad con equidad distributiva y justicia y progreso social que los trabajadores judiciales hemos defendido y defenderemos». Luego, apunta: «Asimismo, el Gobierno provincial que acompaña las políticas y la sanción de las leyes del ajuste nacional, comienza, por ese mismo ajuste, a no poder liquidar correctamente los aumentos de los jubilados judiciales lo que impone nuestro reclamo para que se respete su derecho y se liquide lo adeudado, y enciende una alarma sobre el estado de las cuentas públicas provinciales».


En el título IV de la Ley Bases se establece la regularización de «relaciones laborales no registradas» o «relaciones laborales deficientementemente registradas», en los primeros 90 días de la aprobación de la norma, en caso de que el Senado termine de aprobarla. Quienes se inscriban en esa regularización recibirán un porcentaje de condonación de deuda no inferior al 70 por ciento del total.
Además, los empresarios que no hayan registrado a sus trabajadores serán relevados de la acción penal, la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), y la condonación de la deuda por capital e intereses, incluyendo demandas laborales.

Mayor período de prueba
El proyecto aprobado por Diputados extiende este tiempo de 3 a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores; de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores; y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

Sustitución de la indemnización
Además, en el Capítulo III, la ley plantea la implementación de un fondo de cese laboral optativo. La norma indica que «mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245° de la Ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».
De esta manera, se habilita que los gremios negocien el denominado modelo Uocra, el gremio de trabajadores de la construcción, donde funciona un fondo de desempleo donde el empleador deposita una parte del sueldo del trabajador en una cuenta bancaria para que esté disponible una vez que se termina el vínculo laboral. El proyecto de ley establece que el fondo de cese será con un aporte de hasta el 8 % de las remuneraciones.

Flexibilización de contratos laborales

De aprobarse la norma, esto habilitaría a los trabajadores autónomos o «emprendedores» a contratar el trabajo de hasta otros cinco «trabajadores independientes», a partir de un régimes especial unificado que reglamentará el Poder Ejecutivo.
Un sistema que bien podría promocionarse desde el ámbito cooperativo, pero que en la norma plantea como un patrón con cinco empleados contratados sin derechos laborales, traducido en «relación autónoma, sin que exista vinculo de dependencia entre ellos».
«Queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley», propone la norma anticipando cómo podría traducirse la propuesta en la práctica.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora