En la quinta jornada del juicio que se le sigue al extitular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Jorge Rodríguez, por el supuesto delito de peculado, brindaron su testimonio cinco testigos, entre ellos un grupo de padres que envían a sus hijos a la escuela de Vialidad.

Este viernes el Tribunal oyó el testimonio de Rubén Andrés Raniolo, citado por la Fiscalía; y Antonella Natalí Demour, María Angélica González, Liliana Verónica Zapata , Mónica Griselda Godoy, convocadas por los abogados defensores.

Estas últimas confirmaron que el 1º de octubre de 2013 elevaron una nota a las autoridades del organismo solicitando la creación de una institución para que sus hijos continúen sus estudios de nivel primario. Meses después de aquella petición, el 5 de marzo de 2014, se inauguraría, con fondos de Vialidad, la Escuela Pública de Gestión Privada Nº 235, Heraclia Ruiz Díaz.

Cabe señalar que en el juicio también están siendo juzgados Néstor Kemerer y Mario Heyde, actual director subadministrador del DPV, y ex director de esa área, respectivamente. El establecimiento educativo lleva el nombre de la madre de Kemerer, quien este año se postula para dirigir el Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever).

Antes de la recepción de testimoniales, a pedido de los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, el Tribunal dispuso que se libre un oficio al Consejo General de Educación (CGE) para que en el plazo de 48 horas, remita una copia certificada del proyecto educativo completo.

El primero en dar su testimonio fue Rubén Andrés Raniolo, que se desempeñó en el Departamento de Obras Edilicias de la DPV. El empleado precisó que intervino en el proyecto para las obras de construcción de sanitarios y oficinas para la escuela, por las cual se pagaron alrededor de 900 mil pesos, previo cotejo de precios.

Ante la consulta de Fiscalía, el hombre sostuvo que trabajó en la ejecución del proyecto del jardín maternal y que, luego, “a pedido de la superiroridad me aboqué a realizar unas reformas para unas oficinas en la Dirección de Mantenimiento”.

Raniolo sostuvo que esa obra consistió “en una ejecución de cuerpos sanitarios, y un par de oficinas que iban a ser utilizada en el futuro por el jardín maternal”. El hombre precisó que le encomendaron el trabajo en diciembre de 2013 y que la tarea comenzó a principios del año próximo.

Ante las pregunta de los fiscales, Raniolo especificó que se realizó un concurso de precios el 7 de marzo de 2014 y que la obra tuvo un costo que rondó los 900 mil pesos, con un plazo de ejecución de tres meses. Además, detalló que se construyeron cuatro sanitarios, tres habitaciones, y un altillo para guardar elementos del jardín maternal.

Luego fue el turno de los cuatro testigos propuestos por los abogados defensores. Fueron cuatro mujeres que en octubre de 2013 firmaron una nota solicitando al entonces titular Jorge Rodríguez la posibilidad de crear una escuela de nivel primario.

Antonella Natalí Demour, fue la primera en dar su testimonio. La mujer contó que su marido es empleado vial, y que su hijo asistía al jardín maternal Los Vialcitos y que en octubre de 2013, junto con otros padres, se encontraron con una dificultad: no encontraban bancos para que sus hijos continúen sus estudios.

“No conseguíamos escuela, entonces se empezó a hablar y se solicitó que si había una posibilidad de que nos hagan una escuela porque no conseguíamos bancos”, dijo la mujer, quien reconoció una breve nota que fue dirigida al entonces titular de Vialidad, Jorge Rodríguez.

La mujer destacó que la educación en la institución es “muy buena” y que “está en condiciones”. “Se hizo mucho esfuerzo. Nosotros vimos cómo fue avanzando. Es la primera escuela con educación vial”, dijo la mujer y resaltó que sus hijos aprendieron a tener conciencia vial debido a la orientación de la escuela.

Por último, ante la pregunta de fiscalía, detalló que la cuota mensual en la escuela Heraclia Ruiz Díaz actualmente es de 1100 pesos.

En segundo término compareció Liliana Verónica Zapata, otra de las madres que firmó la nota elevada a Vialidad para pedir una escuela. La mujer también refirió una situación similar al de su antecesora.

“Como nos gustaba la enseñanza, los padres propusimos si se podía crear una escuela. Hablamos entre los padres para proponerle al director de Vialidad. Se hizo una reunión de padres y se hizo una nota”, contó la mujer, al tiempo que reconoció el documento fechado el 1 de octubre de 2013.

Más tarde fue el turno de María Angélica González, empleada municipal que se desempeña en la Dirección de Estudios y Proyectos de la DPV y que formó parte del grupo de padres que pidió un establecimiento educativo de nivel primario.

González también sostuvo ante el Tribunal las dificultades para conseguir bancos para su hijo en las escuelas cercanas: “Pedí banco en la escuela República de Chile y no conseguí”, dijo y luego recordó que se empezó a reunir con otros padres viales para peticionar una solución ante esa problemática.

El último testimonio de la jornada fue el de Mónica Griselda Godoy, una trabajadora vial quien también relató que enviaba a sus hijos al jardín maternal y que rubricó la nota en el que se solicitó una escuela primaria para la continuidad de la educación de sus hijos.

Al finalizar la audiencia, el juez Gervasio Labriola solicitó a las partes que informen cuántos testigos restan comparecer a los fines de organizar las futuras audiencias.

La Fiscalía informó que sólo falta recepcionar el testimonio de uno de sus testigos; mientras que el abogado Miguel Ángel Cullen, que junto a María Fernanda Vásquez Pinasco defiende a Rodríguez, estimó que tiene en lista a 10 personas, pero que podría desistir de dos. Uno de los testigos a confirmar, dijo, es el exministro de Educación de Entre Ríos y actual intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto.

Por su parte, el abogado Guillermo Vartorelli, que junto a Javier Martínez, defiende a los imputados Kemerer y Heyde, informó que resta escuchar a cuatro de sus testigos.

Causa

Los tres imputados están siendo juzgados por los camaristas Gervasio Pablo Labriola, Gustavo Román Pimentel y Daniel Julián Antonio Malatesta.

La Fiscalía acusa a Rodíguez, Kemerer y Heyde de haber sustraído fondos públicos para destinarlos a la construcción de la escuela violando la ley de Vialidad, Nº 2.936. Cuestionan que el organismo haya gastado 3 millones de pesos en personal docente, que figuraban como empleados viales; y cerca de un millón de pesos en obras de refacción y construcción del edificio escolar.

También reprochan que Kemerer, representando a la Asociación Civil Los Viales y actuando en connivencia con Rodríguez y con Heyde, “sin observar el procedimiento previsto la Ley de Contabilidad Pública, celebraron un contrato de comodato por el cual DPV le cedió a la Asociación Civil el predio donde funciona la escuela”.

El lunes, en el primer día de juicio, Rodríguez, defendió la creación de la Escuela Pública de Gestión Privada, Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, de Paraná, con fondos del organismo. “Estoy orgulloso de haber creado esa escuela”, dijo.

En los días subsiguientes comparecieron como testigos empleados de Vialidad, docentes de la escuela, e integrantes de la Asociación Civil Los Viales, creada para administrar la institución. El juicio continuará la semana que viene con la recepción de nuevos testimonios.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.