En la Cámara de Diputados de Entre Ríos siguen pendientes los pedidos de desafueros que formuló la justicia para el exgobernador y presidente de la Cámara Baja, Sergio Urribarri, y sus pares Pedro Báez y José Allende. Todo parece indicar que, en el marco de un contexto electoral, la Cámara Baja cambiará de integrantes en diciembre sin siquiera haber discutido el tema en el recinto.

El desafuero está establecido en el artículo 115 de la Constitución provincial. Y la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados es quien debe tratarlos en una primera instancia.

La comisión está integrada por 8 diputados peronistas y 4 de Cambiemos: los oficialistas Ester González, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzman, Juan Reynaldo Navarro, Raúl Riganti (complicado en una causa judicial por sobreprecio cuando fue intendente de Larroque), María del Carmen Toller, Rubén Ángel Vázquez, y Guztavo Zavallo, un aliado en el recinto; y los radicales Jorge Monge, Gabriela Lena, María Alejandra Viola, y el macrista Esteban Vitor.

El Código Procesal Penal de la provincia, establece en su artículo 20 cómo es el trámite: “La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aún cuando no exista dictamen de comisión”.

Actualmente, la Cámara Baja se encuentra en el límite del plazo para expedirse al respecto.

Desafueros

El primer pedido de desafuero para Urribarri y Báez ingresó a la Comisión el 22 de mayo de 2018 y lleva el número de expediente 716.

Se trata del remitido por el juez de Transición Nº 2, Gustavo Maldonado, que procesó a ambos por el delito de peculado y negociaciones incompatibles por haber otorgado pauta a la firma Global Means SA, del empresario pizzería Germán Buffa, quien a su vez maneja una franquicia en Paraná de Planeta Pizza, integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer) y está sindicado como ser “testaferro” del actual diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito.

En esta causa se investigó cómo se le dieron 118 mil pesos en 2011, seis meses antes de que la empresa fuera creada. El caso se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D’ Agostino.

En el marco de este proceso, los abogados de Urribarri y Báez plantearon que no podía llevarse el caso a juicio, dado que a los legisladores no le quitaron los fueros.

Sin embargo, el 21 de diciembre de 2018 un tribunal conformado por los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo resolvió que sí se podía avanzar hasta el debate oral y público.

“Decimos que no es un obstáculo para que la presente causa continúe hasta su finalización, por el simple hecho de que, en la medida en que no se pretenda restringir la libertad ambulatoria de los legisladores procesados, se encuentra plenamente garantizado el normal desenvolvimiento del órgano parlamentario del cual forman parte como integrantes Urribarri y Báez, que, reitero, es el único fin al que obedecen los fueros”, dijeron.

Segundo pedido de desafuero

La segunda solicitud de desafuero lleva el número de expediente 1.194 e ingresó el 6 de julio. Es la que remitió el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, quien elevó a juicio la causa en la que Urribarri y Báez están acusados de diferentes delitos contra la administración pública por el millonario reparto de publicidad oficial en vía pública entre 2010 y 2015, que tenía como principal beneficiaria a las firmas Tep SRL y Next SRL, que la Fiscalía vincula a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador y secretario del bloque de senadores del PJ.

En ellas aparecen como socios su mujer, Luciana Belén Almada, y su cuñado Alejandro, quien fuera sorprendido con dinero en un operativo que le valió la apertura de una causa en la Justicia Federal por supuesto lavado de dinero.

En esta causa, los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa, estimaron en $24.204.918,69 el prejuicio al Estado. Los delitos que se les imputan van desde negociaciones incompatibles con la función pública, a fraude, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, más falsificación de documentos públicos.

A fin de recuperar ese monto si se llega a una condena, el juez Ruhl embargó a Urribarri, Báez y Aguilera en 26 millones. Llegado el momento, serán juzgados por un Tribunal colegiado integrado por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo. El juicio arranca el 29 de julio próximo.

En esta causa también serán juzgados Gustavo Tamay (responsable de certificación de publicidad en la vía pública); los empresarios de la empresa Tep SRL: Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, los hermanos Almada, y la contadora de la firma, Corina Cargnel. También será llevado al banquillo el empresario Fernando Montañana (Concepción del Uruguay).

En esta investigación hubo un arrepentido: el empresario Jesús Bustamante, quien a mediados de mayo de 2018, en el marco de un juicio abreviado al que accedió tras acordar con la Fiscalía, admitió haber pagado coimas para participar del negocio del reparto de publicidad oficial en vía pública durante la administración de Urribarri como gobernador y de Báez como ministro de Cultura y Comunicación. Y que esos retornos se los pagó a empresas que el Ministerio Público Fiscal adjudica a Aguilera.

El desafuero de Allende

El pasado 27 de junio de 2018, el juez José María Chemez envió al presidente de la Cámara de Diputados, Urribarri, el pedido de desafuero para el diputado y sindicalista José Allende. El expediente se registró bajo el expediente administrativo N° 1050.

Es la solicitud realizada en la causa en la que el diputado está acusado de haber amenazado al periodista Martín Carboni, de NoticiaUno.com. Además de Chemez, el legislador será juzgado por los vocales Daniel Julián Malatesta y María Carolina Castagno. La causa está a cargo del fiscal de Coordinación Álvaro Piérola. El legislador iba a ser juzgado el 29 de junio, pero el juicio se suspendió porque se amparó en los fueros.

Allende también tiene pendiente de resolución una segunda causa. La iniciada por violencia de género que tiene como denunciante a la ministra de Salud, Sonia Velázquez. La denuncia la formuló el viernes 26 de octubre de 2018 ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial, donde relató “aprietes” por parte de Allende.

En octubre del año pasado, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial pidió al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Diego Lara (PJ), que informe el estado de tratamiento de los pedidos de desafuero para Urribarri y Báez.

Lara respondió el 28 de octubre que aún quedaba un extenso plazo para que la Cámara Baja se expida. En el escrito dirigido entonces a la titular de la OGA, Nancy Guadalupe Bizai, explicó que el 31 de julio se reunió la comisión para analizar el pedido de desafuero que formuló el 6 de ese mes el juez de Garantías José Eduardo Ruhl.

Luego explicó que al no haber dictamen en el plazo de 60 días establecido por el artículo 20° del Código Procesal Penal de la provincia, el trámite pasó a la Cámara de Diputados, que tiene 180 días hábiles para resolver. Es decir, 6 meses.

En ese sentido, informó que a la fecha, y tomando al 31 de julio como “inicio del cómputo de los sesenta (60) días que marca el artículo 20° del Código Procesal Penal vigente, los integrantes de la Comisión no han emitido dictamen alguno, habiendo expirado el plazo para hacerlo”.

“En consecuencia, -concluyó- y de conformidad a la normativa antes citada, la Cámara de Diputados aún cuenta con el plazo de los ciento ochenta (180) días hábiles que establece el mismo artículo 20° del C.P.P.E.R para resolver el pedido de desafuero, aun cuando no exista dictamen en comisión”.

El 4 de diciembre fue la última sesión de la Cámara Baja en 2018. Tras el receso, los legisladores reanudaron las sesiones ordinarias el 12 de marzo de este año. Si se toma los meses de noviembre y diciembre del año pasado, y los transcurridos desde marzo, la Cámara Baja se encuentra en el límite de los 180 días hábiles para expedirse al respecto.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.