Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera reaparecieron en la arena política este sábado en Paraná. Fue en la histórica Escuela Normal José María Torres,  donde el peronismo kirchnerista se reunió para escuchar a Jorge Capitanich, el actual intendente de Resistencia, Chaco, y exJefe de Gabinete de Cristina Kirchner, que llegó  para dar impulso a la consigna “Hay 2019”.

Hacía tiempo que el cuñado del exgobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, no se mostraba en un acto político, sobre todo desde que la Justicia avanzó a paso firme en diferentes causas que lo tienen como imputado: tanto en la justicia provincial, por contrataciones supuestamente direccionadas hacía empresas ligadas a su persona; y en la justicia federal, por supuesto lavado de dinero. Tampoco se lo suele ver en la Cámara de Senadores, donde cumple función de secretario de bloque del oficialismo.

El acto que encabezó Capitanich tuvo como fin alentar la “unidad en la diversidad” del peronismo para frenar al Gobierno de Cambiemos, que encabeza Mauricio Macri. Allí, fuera de la lente de las cámaras, se ubicó Aguilera, quien escuchó con atención al chaqueño, y arengó incluso el hit del verano, el del vituperio a la madre del presidente Macri.

Urribarri, en cambio, volvió a mostrar su poder de convocatoria, aunque menguada después de las revelaciones de hechos de corrupción durante su gobierno.

En la Justicia, hay varios expedientes con el apellido de Urribarri y Aguilera. Uno de ellos tendrá novedades este lunes 26 de marzo, cuando se lleve a cabo una audiencia ante el juez de Garantías N°2 José Eduardo Ruhl.

Se trata de la causa conocida como “la vaca”, en la que Aguilera está imputado junto a Urribarri, y el exministro de Comunicación Pedro Báez; y otras ocho personas, por el presunto desvío de publicidad entre 2010 y 2015 por un monto total de $24.204.918,69. Los delitos que se les imputan van desde negociaciones incompatibles con la función pública, a fraude, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, más falsificación de documentos públicos.

En esa investigación judicial, Urribarri, Báez y Aguilera están embargados en $26 millones.

En dicha instancia se discutirá un recurso por “falta de acción” interpuesto por todos los abogados de los acusados. El planteo busca que el magistrado dicte un sobreseimiento porque consideran, lisa y llanamente, que no existió delito.  A decir verdad, el recurso tiene otra finalidad: dilatar la audiencia de elevación de la causa a juicio, que también debe resolver el juez Ruhl.

En esta causa, Aguilera es defendido por el abogado Marcos Rodríguez Allende; Urribarri por el exdiputado nacional Raúl Barrandeguy –otro de los presentes en el acto de Capitanich-; mientras que el hoy diputado Báez es defendido por el tándem Ignacio Díaz y José Velázquez. Los fiscales que llevan adelante la acusación, y que se opondrán al planteo, son Alejandro Cánepa y Patricia Yedro.

Además, Urribarri y Aguilera están imputados en la causa del Parador Playero que instalaron en Mar del Plata en enero de 2015, y que le costó a la Provincia $14 millones de pesos. Según la fiscalía, el montaje sirvió para financiar la campaña presidencial del entonces gobernador. En la documentación recabada se registraron transferencias por $2 millones hacia empresas vinculadas a Aguilera –las ya famosas Tep Srl y Next Srl-, que luego fueron destinados a la impresión de cartelería proselitista.

El Cuñado también está siendo investigado por la Justicia Federal, en un expediente caratulado “Urribarri Mauro Gabriel,  Aguilera Juan Pablo, Robledo Juan Sebastián, Pérez Gustavo Hernán, Lazzaro Fabian s/Infracción Art 303”. Esta es la famosa causa de la “Mesa de Dinero”, denunciada por la revista Análisis, que dio cuenta de la venta de dólares en el Senado, cuando el hijo del exgobernador Mauro Urribarri  estaba como secretario y Aguilera era prosecretario desde diciembre de 2011.

Los demás investigados constituyen un grupo que también asistió al encuentro de Capitanich este sábado, pero a quienes el gran público menos conoce: el secretario y el prosecretario de la Cámara de Diputados, Nicolás Pierini y Sergio Cornejo, respectivamente; y el secretario de labor parlamentaria del Senado, Lautaro Schiavoni. A decir verdad, a la cita de ayer sólo faltó Mauro Urribarri, quien mantiene un bajo perfil desde que fue eyectado del Ministerio de Gobierno y Justicia, en octubre de 2017.

Báez, complicado con supuesto testaferro

El exministro de Comunicación y Cultura y actual diputado provincial por el PJ, Pedro Báez, tuvo su lugar en la mesa de dirigentes que recibió a Jorge Capitanich. Al igual que Urribarri y Aguilera, el legislador también tiene asuntos pendientes en la Justicia, pero ello no le impide aún pararse sobre un escenario y entonar cánticos contra la corrupción – siempre y cuando sean del macrismo-.

La Justicia está tras los pasos de Báez en la causa que investiga su supuesto enriquecimiento ilícito. En este legajo un punto clave es su “hombre de paja”, como en el Ministerio Público Fiscal señalan a su supuesto testaferro, el presidente de Global Means SA,  Germán Buffa.

El 3 de abril habrá más novedades en este expediente. En dicha fecha habrá una audiencia solicitada por el abogado de Báez para requerir al juez de Garantías N°5, Elvio Garzón, que anule todas las pruebas que recabaron los investigadores en los allanamientos que se realizaron en propiedades de Buffa el pasado 2 de marzo.

El empresario, por medio de su abogado José Velázquez, ya hizo su parte: en la audiencia celebrada el pasado lunes 19 de marzo reprochó el procedimiento judicial y pidió que todo lo actuado sea declarado inadmisible. La fiscalía, representada por el fiscal Juan Malvasio, se opuso al planteo y destacó que “dio en la tecla” al ir tras el empresario.

Y es que, según reveló el fiscal en dicha audiencia, la fiscalía cuenta con documentos que demostrarían que Buffa es el testaferro de Báez. Señaló, por ejemplo, que la cónyuge de Báez, Sofía Riquelme, y su hijo Nicolás, estaban autorizados a conducir un auto registrado a nombre de la empresa Global Means SA. que preside Buffa. Esa es la punta de una investigación que promete más revelaciones.

Pero no es la única investigación que lo tiene a Báez redactando excusas judiciales. El exfuncionario está imputado también por una causa que data de 2011, cuando contrató a la empresa de Buffa de forma direccionada, según la fiscalía. En este expediente el juez Gustavo Maldonado lo procesó junto a Urribarri y Buffa.

Schunk y Valiero, también dijeron presente

El grupo de Urribarri y Aguilera no eran los únicos espectadores con causas judiciales en la sala de la Escuela Normal. Además, estuvieron Roberto Schunk y Diego Valiero, exministros de Producción y de Economía, respectivamente, que están imputados por defraudación al Estado en la causa que investiga el destino de los $5,5 millones  que recibió como créditos entre 2009 y 2012 la empresa Grandes Máquinas SA,  dinero que fue otorgado por el Gobierno provincial para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.

La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Urribarri y los ministros. Sin embargo, la compañía fue declarada en quiebra en 2014 y las cosechadoras nunca se construyeron.

La investigación se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet,  luego de que el caso tomara relevancia pública por investigaciones periodísticas. El expediente, que se tramita por el sistema procesal viejo, está caratulado “Senor Ricardo Javier, Senor Ricardo Vicente, Scravaglieri Sergio Eduardo y Boll Carlos Ariel S/ Estafa en Perjuicio de la Administración Pública”.

El expediente  primero estuvo en manos de la juez de Transición Paola Firpo, pero luego pasó al entonces juez de Transición Pablo Nicolás Zoff, quien avanzó con pedidos de oficios a empresas vinculadas al Grupo Senor. Éste no llegó a dictar un auto de mérito, es decir, procesarlos o sobreseerlos, ya que dejó la magistratura y ahora es fiscal en la Unidad de Violencia de Género. Ahora, la causa volvió a la juez Firpo que debe resolver al respecto.

Además de los exfuncionarios, están imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; y dos exfuncionarios de menor rango: Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna).

Un detalle que no pasó inadvertido en el encuentro de este sábado fue el documento de la convocatoria, que si bien su destinatario principal era el macrismo y sus políticas de ajuste, por momentos parecía una descripción de la gestión urribarrista.

El documento hablaba de funcionarios “de los dos lados del mostrador”, de presiones a la prensa acallando “voces opositoras”, de un Estado como “cueva de la timba financiera”; de falta de transparencia por “comportamientos oscuros”; de “extorsión y chantaje” como método de Gobierno; y  de un “republicanismo a cartón pintado”, entre otros conceptos compartidos.

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.