En el marco del expediente “Sociedad Anónima Entre Ríos S/ pedido de concurso preventivo s/ concurso preventivo”, este miércoles, a partir de las 7,20, se realizará la audiencia informativa, prevista en la Ley de Concursos y Quiebras.
El proceso, a cargo del juez de civil Ángel Luis Moia, será en el salón María Sara J. Oyhampé, en el primer piso del edificio de Tribunales y transmitido en vivo por el Canal de Youtube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia. La audiencia informativa es la última oportunidad para presentar una propuesta de acuerdo a los acreedores en un concurso y quiebra, y no se puede modificar a partir de ese momento.
A las puertas de esa instancia, los actuales trabajadores de «El Diario», cuya empresa editora es Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), de la cual forman parte el empresario rosarino Ramiro Nieto y la familia Etchevehere, entre ellos el excandidato a gobernador libertario Sebastián Etchevehere, denunciaron públicamente que no cobran salarios desde abril pasado.
«Los trabajadores de `El Diario` estamos inmersos en un conflicto como consecuencia de la falta de pago de nuestros salarios desde abril de 2024, por lo que estamos realizando desde fines de septiembre una retención total de servicios. Tampoco se nos ha abonado el primer Sueldo Anual Complementario (SAC) del año, y estamos a días de tener que cobrar el segundo», describieron. «La empresa de Rosario, Difutec, que públicamente asumió la gestión de `El Diario´, no ha respondido a nuestras solicitudes formales. Después de múltiples comunicaciones, la empresa designó como representante al Sr. Alejandro Miguel Cartasso, presidente del Directorio de Multiportal Medios S.A., gerente de Diario Uno de Entre Ríos, quien, en calidad de asesor, nos informó que comprendía la situación, aunque no presentó nunca ni propuesta, ni respuesta a los reiterados requerimientos a la empresa ni una solución específica para resolver la cuestión», señalaron.
En ese marco, dijeron: «Nos hemos mantenido dispuestos a trabajar, y, a pesar de la falta de respuestas, decidimos preservar nuestra fuente laboral y continuar con las operaciones del medio. Aunque esta situación ha sido de público conocimiento, no la expusimos en los medios. Sin embargo, debido a la falta de avances y de un interlocutor por parte de la empresa, ante la renuncia del gerente, hemos decidido hacer pública nuestra situación para visibilizar el conflicto y buscar soluciones».
Intríngulis
Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario y de la cual forman parte el excandidato a gobernador de La Lilbertad Avanza, Arturo Sebastián Etchevehere; el exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere; y el director en Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Juan Diego Etchevehere, informó que posee bienes inmuebles por un valor de $ 1.641.920.091 aunque el detalle final del valor de la firma tiene muchos puntos ciegos por el desastroso manejo administrativo y financiero luego del proceso de concurso preventivo que inició en 2018, cuando despidió a más de 80 trabajadores sin pagarles las indemnizaciones de ley.
El Evaluador del concurso José María González elevó un informe al juez del concurso, Ángel Moia, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, en el que detalla: «Del estudio integral de los antecedentes obrantes relacionados con la información contable, este Evaluador considera que la Concursada (SAER) ha agravado su situación de empresa en funcionamiento, con un significativo deterioro de sus activos monetarios». Y agrega: «De conformidad a las normas profesionales relacionadas con la intervención de un Contador Público, en su función como auditor externo, el mismo, debe evaluar, de conformidad a las normas profesionales que regulan el ejercicio de la profesión, aspectos relacionados con la integridad de la información contable, cualidad relevante y necesaria, para brindar un encuadre al informe que se requiere a este Evaluador».
El Evaluador destaca que la empresa editora de El Diario «evidencia serias dificultades en su sistema contable, que le impide brindar información actualizada y confiable. El sistema de control interno, necesario para el procesamiento de la información contable, también tiene serias debilidades en su funcionamiento, lo que ha originado que el Auditor externo interviniente para los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, ha expresado su opinión con modificaciones (salvedades), porque no ha podido reunir evidencias (elementos de juicio válidos y suficientes) sobre la información contenida en dichos estados
contables».
«Ante la falta de información contable confiable, emitida por la Concursada, este Evaluador ha preparado el presente informe sin considerar activos monetarios tales como Caja, Bancos y Créditos, ya que en autos se ha evidenciado la falta de disponibilidad de fondos líquidos para afrontar los gastos de funcionamiento, incluyendo
cuestiones básicas como las remuneraciones del personal, que ante esta situación, realiza ´paro de actividades´, lo cual también evidencia la escasa actividad económica, por lo que puede apreciarse que fácticamente, la Concursada se encuentra transitando un escenario de graves dificultades de funcionamiento», agrega González en el informe que remitió al juez Moia.
El vaciamiento
La debacle de SAER y El Diario había sido advertida por Dolores Etchevehere -la hermana menor de Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, hija de Leonor María Magdalena Barbero Marcial y el ya fallecido Luis Félix Etchevehere- en una causa penal que inició en 2013 en Tribunales.
La presentación judicial ocurrió en 2013 pero los tres hermanos no se sentaron a dar cuentas ante un juez sino hasta siete años después, en 2020.
En el ínterin, la denuncia estuvo a punto de ir a dormir el sueño de los justos, luego de los dictámenes de dos fiscales que juzgaron que el tema no tenía la menor importancia.
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Contó de qué modo, con qué maniobras, bajo qué paraguas su familia pretendió cometer una serie de hechos ilícitos en las empresas familiares que tendrían alto impacto social: en 2018, una de las firmas del holding familiar, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, dejó en la calle a 80 trabajadores sin pagarles indemnización, e ingresó en concurso preventivo.
Bajo el paraguas del urribarrismo, en 2010 había ingresado a SAER el empresario santafesino Walter Greón, que estuvo hasta 2012 cuando fue la incursión de otro santafesino, Ramiro Nieto: en la última década, el negocio periodístico de los Etchevehere y sus socios circunstanciales viró de tal forma que convirtieron a un medio clave en la Provincia en un libelo con ideario negociable.
Pero en el génesis de la causa por estafa que involucra a los Etchevehere ocurrió lo impensado.
Extrañamente, el 6 de febrero de 2014, la agente fiscal Evangelina Santana dictaminó lo que sigue: “Atento a la entidad del hecho que diera inicio a las presentes y siendo factible que el conflicto suscitado en autos pueda ser resuelto mediante el proceso de mediación, ante la pronta implementación en nuestra jurisdicción del nuevo ordenamiento adjetivo, remítase las presentes actuaciones a la Delegada Judicial del Ministerio Público Fiscal, Dra. Paola Farinó, a fin de que consulte a las partes y en caso de que presten su consentimiento, celebre la mediación”.
El 24 de febrero, y tras entrevistarse con Dolores Etchevehere, Farinó informa que la mediación resulta inviable. El 6 de marzo, la agente fiscal Santana anoticia al juez Grippo de la continuación de la causa penal. La primera medida que dicta el magistrado es pedir a la Dirección de Personas Jurídicas de Entre Ríos información sobre la composición societaria de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, y de Construcciones del Paraná SA. También, a los bancos Itaú y de Entre Ríos para que informen sobre líneas de crédito otorgadas a la firma Las Margaritas, también del holding de los Etchevehere.
Dolores Etchevehere dice en un segundo escrito, presentado el 10 de abril de 2014: ”Básicamente he denunciado la forma en la que abusivamente se ha obligado a la sociedad en beneficio de un grupo de accionistas (mis hermanos y mi madre) lo que posibilitó la extracción de fondos líquidos para ser aplicados a otra maniobra también de una tercera: Construcciones del Paraná, de la cual naturalmente no soy accionista (sí lo soy de SAER y Las Margaritas, como oportunamente explicara)”.
De ese modo, la menor del clan Etchevehere contaba de qué modo se había «vaciado» a Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER)
En la primera denuncia, la mujer habló de la “toma fraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentes a u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 por dólar) cuyo importe fue retirado por los denunciados según así surge de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año”. Los denunciados son, claro, sus tres hermanos y su madre.
Después, abundó en las cifras y detalló que el fraude bancario fue mayor a los u$s 250.000. Hubo otros dos montos de u$s 360.000 y u$s50.000 que los denunciados tomaron de préstamos bancarios y se repartieron en provecho personal. Por eso, en 2014 Dolores Etchevehere pidió el allanamiento de la sede de la sociedad Las Margaritas SA, en Urquiza 1123, tercer piso, el mismo edificio donde funcionó la Redacción de El Diario, con el propósito de secuestrar los libros contables “y toda otra documentación que tenga que ver con el hecho que se denuncia”. También pidió allanamientos a las sedes de SAER, en la misma dirección, Urquiza 1123, tercer piso , dirección que corresponde a otra firma, Construcciones del Paraná, cuyo allanamiento también solicitó.
Los préstamos, después se supo, fueron pedido por los Etchevehere a los bancos Itaú y Nación, a tasa subsidiada, en teoría para fines productivos, pero que en la práctica fueron a dar al bolsillo de la familia.
Con su denuncia, Dolores Etchevehere procuraba establecer “la ruta del dinero” y la “posible utilización de los fondos (o parte de ellos) de los préstamos tomados por Las Margaritas SA en la transferencia de los inmuebles” propiedad de SAER. Desvío de fondos, vaciamiento, estafa: delitos gravísimos que una fiscal, más adelante, entendería como una simple peleíta familiar.
Efectivamente ello todo fue como lo denunció Dolores Etchevehere, según un sesudo dictamen de los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra, que más tarde intervendrían en el caso tras la desafortunada intervención de la fiscal Santana y, más tarde, de su colega Laura Irene Cattáneo.
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El 26 de noviembre la jueza Firpo le concedió el recurso de apelación.
Desde el vamos, la causa se caratuló como “Estafa”.
Los camaristas José María Chemez, Elvio Garzón y Miguel Giorgio tomaron intervención el 3 de marzo de 2015 y consideraron que el archivo de la causa resultó “prematuro y desacertado, toda vez que advertimos que se trata de un caso que reviste gravedad, con importantes sumas de dinero en juego, que excede el marco de un simple conflicto de familia y merece al menos que se produzcan algunas de las medidas de prueba interesadas por la denunciante a los fines de dilucidar la posible existencia o no de delito”.
De ese modo, los camaristas resolvieron revocar el archivo de la causa.
El 31 de marzo de 2015 emite dictamen el entonces fiscal de Cámara Rafael Martín Cotorruelo –hoy juez de juicio-: analizó la causa, releyó el dictamen de la fiscal Cattáneo, que había pedido el archivo y también había desestimado la denuncia, y concluyó que “corresponde en este estado ordenar la continuidad de la investigación”.
El 1° de abril de 2015 Cotorruelo devuelve el expediente de la causa Etchevehere al despacho de la jueza Firpo. Entonces, interviene una quinta fiscal, Viviana Margarita Ferreyra.
En 2016 la causa tiene nuevo juez, Pablo Zoff –hoy agente fiscal- y se incorpora otro miembro del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Joel Cánepa –actual juez de juicio- y se produce una petición que ya había hecho Dolores Etchevehere: los fiscales Cánepa y Ferreyra le piden al juez que libre orden de allanamiento a Las Margaritas y el secuestro de libros contables, que se libre oficio al Banco Central para que aporte toda información referida a esa compañía de los Etchevehere, y se pida al Registro del Notariado de la Provincia un informe de los inmuebles registrados como propiedad de esa sociedad. También, que luego de levantar el secreto fiscal, la AFIP y la ATER informen declaraciones juradas de los períodos 2010 a 2016 de Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere y también de Leonor María Magdalena Barbero Marcial.
También, los fiscales pidieron la indagatoria de los tres hermanos Etchevehere y su madre, pero el 23 de diciembre de 2016 los fiscales solicitan que se suspenda la indagatoria en virtud de la nueva prueba incorporada a la investigación penal.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora