El juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, ordenó este lunes precisar la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal en la causa por el supuesto sobreprecio de 20 cuadras en Santa Elena, en la que está imputado el exintendente  y exvicegobernador Domingo Daniel Rossi.

La resolución hace lugar a lo solicitado por el abogado defensor del dirigente peronista-vecinalista, Carlos Reggiardo, quien sostuvo que la acusación presentada en esta etapa por el fiscal Santiago Alfieri no reúne los requisitos para que el caso sea llevado a juicio oral y público.

En una audiencia celebrada el 16 de abril pasado, tras las elecciones primarias, el letrado pidió que se anule la investigación penal preparatoria y que se sobresea a su defendido. En igual sentido se expresaron los defensores técnicos de los demás investigados.

En tanto, el fiscal Alfieri había pedido que el caso sea elevado a debate oral y público. Este lunes se retomó la audiencia y el juez Carballo dio a conocer su resolución que ordena al representante de la acusación pública que reformule el hecho imputado.

El magistrado dio 20 días hábiles para que el acusador presente los cambios y precisiones al hecho endilgado al exjefe comunal, sus exfuncionarios, y empresario y técnicos que intervinieron en la obra de las 20 cuadras.

En diálogo con Entre Ríos Ahora, el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo, se mostró satisfecho con la decisión del juez. “Es totalmente ajustado a derecho. Es lo que planteábamos. En la resolución hace un exhaustivo análisis de la acusación fiscal, y prácticamente en cada uno de sus párrafos le observa no solo el modo de redacción sino los hechos que supuestamente imputa. Le dice que no queda claro si son delitos o acciones comunes de cómo se debía realizar la contratación”.

“En general le hace un reproche bastante severo a la redacción y a la forma y claridad que debe estar propuesta una acusación. Esto no es una cuestión que crea que es de sintaxis, sino que en el fondo es una acusación hecha a las apuradas con el solo propósito de meterlo a Rossi en la parrilla. Tenemos la confianza que esta nulidad va a marcar el final de esta causa que ha sido una persecución y que seguramente no hay posibilidades de que estando a derecho se llegue a una condena”, agregó el letrado.

En cuanto a la obra cuestionada por la Fiscalía, el abogado afirmó que “fue una contratación que se hizo con un presupuesto que mandaba Nación. Además se ejecutó la obra y las obras complementarias. Si hay un responsable de que la obra haya tenido un daño es Silvio Moreyra, que primero le levantó los arcos que tenía la obra para tránsito pesado e impidió que se pueda hacer uso de la garantías y reparación de la obra”.

“No olvidemos que el 10 de diciembre de 2015, cuando Rossi deja el mandato, la obra estaba entregada de manera provisoria y quedaban los 6 meses de garantías para la entrega definitiva. Si hubiesen querido salvar la obra y no utilizarla como un latiguillo político hubiesen hecho los arreglos necesarios”, agregó.

Por último, el letrado fustigó a la actual gestión del intendente Moreyra, quien denunció el supuesto sobreprecio. “La obra es buena, está bien construida y significó la construcción de 26 cuadras donde las familias que vivían en calle de tierra pasen a vivir en calle de asfalto. La obra que Moreyra no puede terminar significó 26 millones de pesos para 9 cuadras”.

La causa

La causa se inició en 2016 por una denuncia formulada por el actual intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, que es concuñado de Rossi. La presentación la realizó con la representación del abogado Guillermo Mulet, conocido por sus denuncias a la corrupción del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.

Según la primera acusación fiscal –ahora enviada a reformular-, durante la gestión Rossi, el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szcczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional Más Cerca.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Alfieri había adelantado que en la instancia de debate oral pediría una pena de prisión para Rossi: 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Además de Rossi, el fiscal busca que sean llevados a juicio otras seis personas: el empresario Néstor Juan Szczech; al ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortíz (responsable técnico del Programa Más Cerca).

Lo cierto es que esta primera acusación sufrirá cambios. Ello se debe a la reciente resolución judicial que ordena a la Fiscalía a reformular parte de la acusación.

En el medio de esta discusión judicial, el próximo 9 de junio, en las elecciones generales, Rossi y Moreyra se enfrentarán en las urnas. El primero busca su quinto mandato en la ciudad del norte entrerriano, mientras que el segundo quiere su reelección.

Rossi obtuvo 4.417 votos, contra 4.243 de Moreyra. La diferencia fue mínima: 174 votos.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.