El Consejo General de Educación (CGE) “suspendió” la aplicación de la resolución N° 2.566, dictada en 2016, y que conforma parte del andamiaje legal que sostiene la aplicación de los descuentos salariales por días de paro a los docentes.

A través de la circular N° 11, fechada este martes 18, Educación informó que queda “momentáneamente suspendida la aplicación de la resolución N° 2.566/16  en pos de encontrar y fortalecer soluciones a partir de la apuesta al diálogo dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial”.

De los 13 días de paro que los docentes cumplieron desde que se inició el ciclo lectivo 2017, el 6 de marzo último, el Gobierno sólo aplicó quitas salariales por las huelgas de la primera semana de clases, del 6 al 10 de marzo. Pero está en suspenso la decisión respecto de qué ocurrirá con los otros 7 días.

De momento es parte de la negociación.

Aunque la “suspensión” de una de las normas que avalan los descuentos da una pista de cuál es el camino que piensa seguir la administración del gobernador Gustavo Bordet.

Los descuentos por días de paro que aplica el Gobierno se apoyan en una serie de directivas.

La principal, la directiva Nº 30, emitida en 2007 por el exgobernador Jorge Busti, que dispuso que los servicios administrativos contable sólo abonen los días efectivamente trabajados por los agentes del Estado.

Esa circular, la N° 30, impuso la determinación de “hacer cumplir el principio que se debe remunerar por prestaciones laborales efectivamente realizadas” por parte de los agentes del Estado.

El viernes 22 de agosto de 2008, la administración del exgobernador Sergio Urribarri reflotó la vigencia de aquella circular, a través del decreto N° 4.940, que estableció que el Ejecutivo podía tomarse hasta diez días para abonar los salarios a los activos, y hasta 20 días para los pasivos.

El artículo 4° de ese decreto “ratificó” la vigencia de la circular N° 30 dictada por Busti.

A esa disposición, le siguió el dictado de la resolución Nº 2.565, emitida por el Consejo de Educación en 2008, que creó el manual de funciones de los rectores y directivos de escuela, y les impuso como obligación, entre sus funciones, la de informar sobre ausencias por adhesión a las huelgas de parte de los docentes.

Luego, el 4 de agosto de 2016, aquella normativa se amplió con la publicación de la resolución Nº 2.566, también del CGE, que amplió el trabajo del personal directivo de las escuelas e incorporó un apartado en el que se incluyó entre “las funciones y responsabilidades del personal directivo”, la tarea de “realizar el control y carga de las asistencias del personal del establecimiento mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (Sage)”.

La información que colecta el Sage sirve para la liquidación de los sueldos en forma mensual, y para el control de asistencia.

El último congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) pidió la derogación de esas dos resoluciones: 2.565/08 y 2.566/16. Pero el CGE sólo dispuso la “suspensión” de una de esas dos resoluciones.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.