“Hoy marchamos con los 30.000 como bandera. Estamos orgullosos de la fuerza que mostramos frente a los atropellos e intentos de avasallamiento de nuestros derechos sociales, laborales, políticos, económicos, culturales y ambientales. Nos movilizamos masivamente porque las movilizaciones son las llamas que nos encienden para no quedarnos en el mero desahogo personal, verbal y virtual de nuestra indignación. Solo con la organización, con nuestra presencia, la claridad de nuestras convicciones, proyectos e ideas, lograremos construir una alternativa política que posibilite el mundo que siempre soñamos”.
De ese modo, planteó, el documento consensuado por los Organismos de Derechos Humanos, el espíritu de la marcha que este martes unió Plaza Saenz Peña con Plaza Alvear en el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. “Los 30.000 luchaban por un país con justicia social, igualdad y libertad. Por eso siguen vivos en cada pelea del presente. En cada estudiante que defiende la educación pública. En cada trabajador que pelea por su salario. En cada joven que se organiza. En cada mujer y disidencia que enfrenta al patriarcado. En cada pueblo que defiende su territorio, ríos y ambiente”, señaló.
El documento detalló: “Pero aquel golpe no fue sólo militar. Fue parte de un proyecto económico, político y cultural, con la complicidad del poder judicial y de los medios hegemónicos de comunicación. Destinado a destruir la organización de la clase trabajadora, endeudar al país y concentrar la riqueza en manos de unos pocos respondiendo a intereses imperialistas”.
Y apuntó: “Si bien sostenemos que la historia no se repite, hoy nuestro país está atravesando un proyecto de desarticulación del entramado social solidario y la profundización de políticas de sometimiento por parte de los gobiernos, socavando nuestra soberanía. Frente a esto, hoy, a 50 años, seguimos luchando y llenando las plazas del país unidos en un solo grito: Fue Genocidio”.
En materia de coyuntura, señaló: “Hoy, el gobierno de Javier Milei defiende y justifica el Terrorismo de Estado y los genocidios. Gobierna para los grandes grupos económicos. Ajusta a jubilados, trabajadores, estudiantes, discapacidad y sectores populares. Destruye salarios, recorta derechos y pretende imponer un país para unos pocos. Y cuando el pueblo reclama, responde con represión y criminalización de la protesta social”.
Y denunció “los protocolos represivos y el aumento del autoritarismo como respuesta del Estado a nuestras luchas y nos solidarizamos con Pablo Grillo y con todas las compañeras y compañeros víctimas del accionar ilegítimo del gobierno. Una vez más seguimos exigiendo justicia por: Julio López, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Luciano Arruga, Héctor Gómez y Martin Basualdo, Elias, Lionel y Jonathan Gorosito, Gabriel Gusmán, Ariel Goyeneche, Romina Iturain, Eloisa Paniagua, José Daniel Rodríguez y Vicky Nuñez! Denunciamos al Poder Judicial, clasista, patriarcal, racista y capacitista. Ayer como hoy, es utilizado por el poder para perseguir e intentar disciplinarnos. Como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner y Milagro Sala. O persiguiendo luchadores como Norma Lezana del Hospital Garrahan”.
O: “Intentando imponer el silencio sionista como con Vanina Biassi y Alejandro Bodart. Otra vez, es el Poder Judicial quien otorga un manto de legitimidad a estas políticas de persecución ideológica”.
Pero además atendió la realidad local al decir que el gobierno de Javier Milei “se sostiene por sus cómplices, como el Gobernador Rogelio Frigerio y los legisladores nacionales, que colaboran con el despliegue de un programa de miseria planificada que combina ajuste económico brutal, destrucción social, persecución política, discursos de odio y represión”.
“Bajo el lema de orden y responsabilidad fiscal, sus gobiernos avanzan con ajuste sobre los trabajadores. Se despide, se deterioran los salarios, se recortan derechos, y las consecuencias de la crisis recaen sobre quienes vivimos de nuestros ingresos y nuestro bienestar. Se continúa el modelo empobrecedor del FMI, esa deuda ilegítima e ilegal de la cual el pueblo no ha visto ni un peso pero que pagamos con el ajuste sobre nuestras vidas”, planteó el documento de la marcha. Y subrayó: “Es el mismo gobierno que ejecuta descuentos a los huelguistas, prohíben las asambleas e imponen por decretos o arreglos espurios, salarios de pobreza a la docencia y trabajadores estatales, pretendiendo ahora, aplicar una reforma previsional regresiva. En nuestra provincia, de la mano de estos estafadores, se han perdido en 2 años 6416 puestos de trabajo registrados y cerraron 868 empresas: un verdadero industricidio”.
Foto: Mauricio Garin
De la Redacción de Entre Ríos Ahora