“¿Quién dice que hubo sobreprecios?”
Miguel Ángel Marizza puede travestirse rápidamente y dejar el rol de lobo feroz en un santiamén para aparecer, casi por arte de magia, en Caperucita.
Lo hace con una habilidad de pocos.
Y lo hace ahora que se sabe contra las cuerdas: los medios han empezado a hablar de él, a mostrar sus fotos, y a relacionar su apellido con un posible delito de corrupción: sobreprecios en las obras públicas contratadas por el exgobernador Sergio Urribarri en el marco de la logística de la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, de diciembre de 2014.

Su empresa, Caballi Construcciones SA, y buena parte de sus socios en la Cámara Argentina de la Construcción, cuya delegación en Entre Ríos preside, quedaron bajo la lupa de la Justicia. El fiscal Juan Malvasio avanza tomándose de los jirones que dejó el armazón de la Cumbre, esa convocatoria continental que Urribarri quiso disponer con premura y que ahora le ha generado varios frentes de batalla en la Justicia.
En aquella Cumbre, Marizza manejó la batuta de las contrataciones de las obras públicas.
La investigación judicial y los allanamientos que ordenó el fiscal Malvasio en cinco constructoras y en la Cámara de la Construcción, le dijo Marizza a Antonio Tardelli, en el programa “En el dos mil también”, derivó en un estado de perplejidad para el empresario que, aseguró, todavía no entiende. “Allanar cinco empresas, la Cámara de la Construcción, para buscar información que nunca nos pidieron”, explicó, con un extraño candor.
“Nos hizo mucho daño”, se lamentó. “Me parece fantástico que el Tribunal de Cuentas actúe, pero hacer un show mediático de esto, nos pareció poco serio. Y encima con mala información”, contó Marizza.
Marizza no es un advenedizo en las contrataciones con el Estado. Viene desde hace tiempo formando parte del club de la obra pública en Entre Ríos. Y, antes, estuvo cobijado por el menemato en la función pública, del otro lado del mostrador, tarea de la que salió por la puerta de atrás.

PASOS.
¿Cómo fue que Marizza consiguió ocupar un rol clave en la distribución de los fondos de la obra pública durante la Cumbre Mercosur?
El 29 de octubre de 2014, Urribarri firmó el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur.
El acuerdo lo firmó el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes, con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech.
Alicia Feltes, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), fue designada coordinadora general de ese comité, y se le otorgaron, según el convenio, “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.
Ese comité, además, se integró, en representación de la Cámara de la Construcción, por Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA, “quien será el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”.
El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de “realizar internamente” en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas que luego servirán para ser propuestas al coordinador general (Feltes) para la ejecución de las obras, servicios y/o provisión de bienes” destinadas la organización de la Cumbre.
Cinco empresas se repartieron las obras de la Cumbre: Caballa Construcciones, cómo no; Cemyc SRL, Luis Losi Construcciones, Organización Integral Construcciones SA (Oicsa) y Szczech.
Esas cinco constructoras cobraron más de $38 millones en la Cumbre Mercosur
Al tope de la lista se ubicó la empresa constructora Cemyc SRL.
Cobró $ 12.979.337,82.
Le siguió en la lista, muy cerca, la constructora Antonio Caballi SA, del empresario Miguel Ángel Marizza, que se alzó con $ 12.683.198,14.
Los trabajos fueron desde la colocación de plantines en la Escuela del Centenario, sede de la Cumbre del Mercosur, al acondiconamiento de La Vieja Usina, otro de los sitios del cónclave continental; también por el amoblamiento que se usó y los elementos de decoración que se utilizaron en las distintas sedes.
La mitad del monto que cobraron en forma directa Caballi SA y Cemyc SRL, se llevó otra constructora de nombre conocido Szczech & Szczech SA: cobró $6.88.198,97; le siguió OIC SA, que percibió $5.644.639,94.
La que menos cobró fue Luis Losi SA, donde gerencia un hermano del titular de YPF, Miguel Galuccio: apenas percibió $ 535.184,34.
Todo eso, sin licitación, por contratación directa: Urribarri consiguió en 2014 que la Legislatura le diera patente de corso para contratar en forma directa. Y eso se hizo.
Quizá por eso Marizza dice no entender el empeño judicial por investigarlo. Entiende que aquella ley ómnibus de Urribarri lo deja a salvo. “¿Por qué el allanamiento? ¿Por qué no nos dijeron qué necesitaban, y se los dábamos?”, se pregunta.
Quizá porque la historia tiende a repetirse.
Un perfil que escribió en 2015 el periodista Guillermo Alfieri muestra la otra faceta de Marizza, ese empresario próspero que siempre se exhibe como el samaritano de la obra pública.
Marizza integraba la planta de personal técnico de la firma Caballi cuando, a fines de 1987, el entonces gobernador Jorge Pedro Busti lo nombró en la conducción de la Empresa Provincial de la Energía de Entre Ríos (EPEER). En su gestión piloteó el proyecto del Cierre Norte – Cierre Sur, con línea de alta tensión y alto presupuesto. En esa etapa tuvo un paso por la empresa de gas que empezaba a tender la red para el servicio domiciliario del combustible traído a territorio por la cañería subfluvial.
De la provincia, saltó al plano nacional, en la intervención de Gas del Estado, sujeto a desguace en el programa elaborado por Roberto Dromi y adoptado por el presidente Carlos Menem.
Su salida de Gas del Estado fue con una causa por corrupción, de la que sólo la prescripción lo puso a salvo.
El 14 de abril de 2010 la Sala I de la Cámara Federal porteña sobreseyó a cuatro ex funcionarios acusados de corrupción por considerar extinguida la acción penal por prescripción. Estaban acusados de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” en la privatización de Gas del Estado, durante el gobierno de Carlos Menem.
Ese grupo lo integraban Carlos Bastos (ex miembro del Comité de Privatización de Gas del Estado y ex ministro de infraestructura de la Alianza), Raúl García (ex presidente del Enargas), Miguel Ángel Marizza (ex subinterventor de Gas del Estado) y Patricio Perkins (ex miembro del Comité de Privatización de Gas del Estado).
Antes, en julio de 1999, el nombre de Marizza alcanzó los titulares de la prensa por otro hecho de corrupción: lo procesaron junto al exinterventor en el PAMI Carlos Alderete por el supuesto delito de defraudación, que habría cometido cuando contrató por 20 millones de dólares a una empresa privada para que llevase, mediante camionetas, cine a los jubilados en el interior del país. Entonces, Marizza era subgerente de PAMI.
Acabada su función en el Estado, y volcado al manejo de su constructora, no tardaría mucho en dar un vuelco a sus actividades.
En 2003, dio rienda suelta a su otra faceta: la de empresario de la noche, y consiguió, del Estado otra vez, la concesión de las viejas instalaciones de la Toma Vieja para montar el boliche Budha. Cuando ese negocio no funcionó, se trasladó a los galpones del Puerto Nuevo, y los ocupó por concesión para abrir Señor Anderson. Después, se trasladó del Puerto a la Avenida Costanera, y en el viejo lugar del Museo de la Ciudad abrió el boliche Ortiz, que todavía sigue.
Ahora, como le pasó durante el menemismo, su alianza con el Estado, antes como funcionario ahora como empresario, le trae problemas con la Justicia.
La historia, pensará Marizza, siempre continúa.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.