«No queremos antenas. Sí queremos vida».

El pasacalle se colgó frente a una estructura publicitaria que era, en realidad, una pantalla que cubría una antena de telefonía celular que se plantó en calle Artigas.

Los vecinos primero reclamaron así: con carteles, visibilizando su reclamo ante los otros habitantes de la zona.

Después, dieron otro paso. fueron a la Justicia.

Pero más temprano que tarde cayeron en la cuenta que no siempre en la Justicia el que reclama encuentra razón.

El amparo que presentaron para evitar lo que entendían eran daños a la salud provocado por las radiaciones de la antena de telefonía celular fue rechazado en dos oportunidades.

Y ahora les toca hacer frente al costado más enojoso de un fallo adverso: hacer frente al pago de honorarios y costas. Y como se trata de vecinos del corriente, clase media que vive de su trabajo, no encontraron mejor modo que vender pastas para reunir recursos con los cuales pagar a los abogados.

El primer fallo adverso fue del camarista laboral Guillermo Bonabonatt, que les dijo, palabras más, palabras menos, que los amparistas eran también usuarios de telefonía celular, de modo que el reclamo no cabía.

Clara Zapata es una de los vecinos que ahora deben hacer frente al pago de las costas del juicio que perdieron.

«No esperábamos este resultado. Es un reclamo justo de proteger nuestra salud. teníamos conocimiento de cualquier antena de telefonía produce radiaciones electromagnéticas que causan un efecto muy malo para la salud. Está comprobado con el tiempo se producen daños a la salud. No lo esperábamos. Y estábamos seguros que nos iban a entender. Por eso apelamos cuando nos tuvimos el primer rechazo. Fuimos al STJ, pensando que ahí íbamos a encontrar la justicia. Pero no fue así», dice Zapata.

A finales de 2016, Paraná derogó la ordenanza que ponía restricciones a la instalación de nuevas antenas de telefonía celular. Fue en el marco de la adhesión a la Ley N° 10.383, que propone «mejorar» la calidad de las comunicaciones. Así, la nuevas ordenanza que rige en Paraná, N° 9.529 establece: «Se permitirá la instalación de estructuras soporte de antenas sobre columnas, soportes existentes, a instalar o a reemplazar en espacios públicos ubicados en todo el ejido municipal, conforme lo determine la reglamentación que al efecto se dictará. A los fines del uso del espacio público o la utilización de columnas o soportes la Municipalidad de Paraná celebrará el pertinente contrato de locación con los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones y los Operadores de Comunicaciones Móviles».

En primera instancia, el juez laboral Guillermo Bonabotta les rechazó el amparo por «improcedente. «Nos dijo que los ejemplos de contaminación por antenas que habíamos puesto en el escrito no eran de acá, eran de Europa y de Estados Unidos, como si nuestras cabezas se queman de distinto modo. Fueron argumentos ridículos del juez», contó Clelia Zapata.

Después, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con los votos de Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, y la abstención de Leonor Pañeda -hoy ya jubilada- confirmó el fallo de Bonabotta.

En su voto, Giorgio sostuvo que «no puede obviarse que la parte actora no ha acompañado un sólo informe o estudio científico que avale su solicitud analizando la situación concreta que se presenta a su criterio como riesgosa. No se cuenta con prueba suficiente que evidencie en el caso particular el daño actual o posible más allá de sus meros dichos, lo que impide ahondar en su petitorio».

Con dos fallos en contra, los 10 vecinos de calle Artigas al 1300 que batallaron contra la instalación de antenas de telefonía celular por el riesgo que implicaría a la salud, debieron hacer frente al pago de costas.

«La Justicia fijó honorarios para el abogado de la empresa de telefonía Personal, para nuestra abogada, Aldana Sasia, que nos cobró el mínimo, Aldana Sasia, y también los honorarios de los abogados de la Municipalidad. Son empleados municipales».

Se trata del fiscal de Estado, Francisco Avero, el asesor legal Walter Rolandelli, y también para elabogado Guido Zufiaurre.

«Pensábamos que no iban a reclamar esos honorarios, porque están como empleados municipales, pero rcibimos una notificación de ejecución de honorarios», contó la vecina.

Se trata de una suma de $20 mil que están pagando en cuatro cuotas, la primera ya cancelada el 10 de diciembre.

«Somos vecinos que no tenemos recursos suficientes, así que organizamos una venta de pastas para cubrir parte de los gastos. Vendimos bastante. La gente se solidariza mucho. En función de eso, y gracias a la solidaridad de los vecinos parte de los gastos lo cubrimos con eso. Y todos los meses trendremos que hacer algo. Hay gente que no lo puede pagar», contó Clelia Zapata.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.