La jornada número 16 del megajuicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, se desarrollará este jueves con la declaración de cinco testigos, entre los que se destaca la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez.

A Urribarri lo sentaron en el banquillo por tres grandes causas de corrupción durante su administración: los expedientes N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.

En concreto, se trata, primero, de  la “causa de la vaca”: el direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento “cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios “prestanombres”, en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.

Con esas maniobras, se manejaron pautas de publicidad por $21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares.

La segunda causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa, Global Means, tuviera existencia real. Buffa era “una persona del entorno” de Báez, según Fiscalía, y por eso se “direccionó” el 1° de julio de 2011 una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares.

Luego, suceden las tres causas agrupadas en el expediente del “Sueño Entrerriano”.

El primer caso es el de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del “Sueño Entrerriano”. La solicitada se publicó en 18 medios gráficos nacionales.

El cuarto caso, dentro del subíndice “Sueño Entrerriano”, alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. “En la misma línea de procurar instalar su imagen a nivel nacional con dineros públicos, vamos a demostrar que Urribarri y Baez sustrajeron de la partida presupuestaria para la Cumbre 28.400.000.  Lo gastado equivale a 3.221.000 dólares. La contratación fue con “el supuesto objetivo” de difundir políticas públicas. Tres de los cuatro videos no aludieron a la Cumbre sino a la imagen de Urribarri. La filmación de los videos estuvo a cargo de la firma El Buey Solo SRL.

El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.

Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se trató de una acción más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.

 

Causa Cumbre Mercosur: vuelven a discutir sobre una pericia clave

 

La titular de Vialidad, que este jueves declara en el megajuicio, quedó salpicada en una causa paralela, que todavía no ha ido a juicio: la investigación penal por el supuesto pago de sobreprecios en la contratación de obras para la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014.

El 29 de octubre de 2014, Urribarri firmó el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur que tuvo lugar en Paraná a mediados de diciembre de ese año.

El acuerdo lo firmó el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes, ya fallecido, con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech.

Así, se puso en marcha el denominado Operativo de obras, servicios y provisiones de bienes esenciales para la Cumbre del Mercosur. Alicia Feltes, actual titular de Vialidad, fue designada Coordinadora General de ese comité, y se le otorgaron, según el convenio, “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.

Ese comité, además, se integró, en representación de la Cámara de la Construcción, por Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA, “quien será el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”.

El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de “realizar internamente” en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas que luego servirán para ser propuestas al coordinador general (Feltes) para la ejecución de las obras, servicios y/o provisión de bienes” destinadas la organización de la Cumbre.

El miércoles 19 de octubre de 2016, el fiscal Juan Malvasio realizó allanamientos en las sedes de las firmas, en la Cámara de la Construcción y en la oficina de la titular de Vialidad, Alicia Feltes. De aquel operativo, el acusador público se llevó computadoras, documentación y hasta el teléfono celular de la funcionaria. Mientras, solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

Cinco constructoras cobraron más de $38 millones en la Cumbre Mercosur. La empresa Cemyc SRL (Grasso) cobró $ 12.979.337,82; Antonio Caballi SA, de Marizza, se alzó con $ 12.683.198,14; Szczech & Szczech SA cobró $6.88.198,97; le siguió OIC SA, que percibió $5.644.639,94. En último lugar se ubicó Luis Losi SA, con $ 535.184,34.

Los trabajos se realizaron en las dos sedes que tuvo la Cumbre: la Escuela Centenario y la Vieja Usina. Se colocaron carpas, mobiliario, plantines de ambientación, decoración, instalación de equipos de audio y videos, banners, servicio informático y de limpieza, entre otros elementos para el funcionamiento del encuentro continental.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora