«Es competencia del Superior Tribunal de Justicia analizar, adaptar y establecer los protocolos adecuados de acuerdo a la infraestructura y a las estrategias que puedan adoptarse para la ejecución de las actividades que le correspondan».

De ese modo escueto, el Comité Organizador de la Emergencia Sanitaria (COES) respondió a la seguidilla de consultas que llegaron desde el Poder Judicial a propósito del protocolo sanitario que se aplicará durante las audiencias del megajuicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel. La última consulta, con mucha prisa, tenía fecha de vencimiento este jueves, a las 8. Pero el COES no siguió las urgencias de Tribunales, y la respuesta estuvo promediando la mañana.

La prisa del Poder Judicial tenía una explicación: este jueves se realizó una audiencia para debatir si el megajuicio se puede realizar y en qué condiciones.

El COES ya había dicho algo similar en una consulta anterior sobre el mismo tema. Luego de validar el protocolo elaborado por el área de Salud Ocupacional del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para la realización de las audiencias del megajuicio -que debió empezar este jueves 16, pero que al final no-, desde el COES aclararon que «no es materia de este Ministerio (de Salud) determinar la factibilidad de la realización de dicha actividad (el juicio) en el ámbito del Poder Judicial como órgano independiente, quien bajo su responsabilidad debe decidir».

Los defensores que intervendrán en el megajuicio a Urribarri habían reprochado el protocolo sanitario anti Covid elaborado por el ingeniero Mario Benavento, coordinador responsable en Higiene y Seguridad en el Trabajo, y el médico Pablo Marcelo Taleb, médico del Trabajo afectado a Salud Ocupacional del Poder Judicial de Entre Ríos, que fijaron los parámetros  a cumplir por las partes en el megajuicio a Urribarri. Dijeron que habría afectación del derecho de defensa al disponerse declaración de testigos en forma virtual y en forma presencial, y al aplicar el distanciamiento social de 1,5 a 2 metros.

Este jueves, el tribunal que juzgará en un futuro incierto a Urribarri -y que integran los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- escuchó los argumentos de los defensores y los reparos del Ministerio Público Fiscal, y la explicación huidiza de los médicos Pablo Marcelo Taleb y Valeria Moyano Rodríguez, que no pudieron evacuar todas las dudas por la ausencia del factótum del  protocolo, el ingeniero Mario Benavento, dizque en uso de licencia. En ese mar de dudas, el tribunal decidió abrir un cuarto intermedio hasta este viernes, a las 10, y pidió que Benavento esté presente. Para la reanudación de la audiencia, el área de Salud Ocupacional del STJ deberá elaborar un nuevo protocolo con las «sugerencias» -que no son tales- del COES para llevar adelante las audiencias del megajuicio.

Si los jueces no atienden las razones de los defensores, el megajuicio se retomará, aunque habrá que esperar una reprogramación. Originalmente, estaba previsto que se desarrolle entre el 16 de septiembre y el16 de noviembre, y en su transcurso, que declaren 140 testigos sobre las 3 causas acumuladas contra Urribarri. En caso de que atiendan las observaciones de los representantes legales de los imputados, el caso irá a la cola de las audiencias, a la espera de que la pandemia de coronavirus haya pasado y no sean necesarios protocolos sanitarios para llevar adelante un juicio en Tribunales.

 

Respuesta Coes by Entre Ríos Ahora

 

 

Qué se juzga

 

El megajuicio incluye  tres causas de corrupción acumulados, y de ahí el nombre: N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y  N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.

 

Cada una de esas causas se tramitaron en forma separada y, durante 2020, se fijaron los días de juicio. Pero en forma sucesiva fueron suspendiéndose. El jueves 13 de agosto, el tribunal que finalmente quedó para juzgar a Urribarri, conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón –se habían excusado Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo, primero; y Pablo Andrés Vírgala y Gervasio Pablo Labriola, después- decidió suspender, por razones sanitarias, el inicio del juicio, el “Sueño Entrerriano”, y resolvió la unificación: la primera, la «causa de la vaca», que se iba a concretar ese año pero se suspendió; «el Sueño Entrerriano», también suspendido; y  el proceso que tenía fecha para octubre del año pasado, en el que se investiga la distribución amañada de publicidad oficial, que también se suspendió.

 

Este jueves 16 debía dar inicio el megajuicio, para lo cual el área de Salud Ocupacional del Superior Tribunal de Justicia (STJ) diseñó un protocolo sanitario anti Covid. Los defensores de los imputados, sin embargo, no estuvieron de acuerdo con las restricciones impuestas. Por eso el inicio del debate –que estaba previsto que se extendiera hasta mediados de noviembre- se aplazó a la espera de resolver ese incidente.

Los abogados Marcos Rodriguez Allende, Miguel Angel Cullen, Emilio Fouces, Andrés Ignacio Bacigalupo y Juan Méndez pidieron que se fije audiencia para fundamentar por qué dicen que la aplicación del protocolo sanitario para las audiencias afecta “el derecho constitucional de defensa de sus asistidos en caso de realizarse el contradictorio oral y público, en el modo y bajo estas circunstancias de extrema excepcionalidad”.

 

 

También, los defensores Raúl Enrique Barrandeguy, Ignacio Esteban Diaz, Candelario José Perez,  Pedro Fontanetto y José Raúl Velázquez peticionaron audiencia para dar a conocer su valoración acerca de la aplicación del protocolo sanitario, el cual -según los letrados- afectaría el ejercicio de la defensa material.

A la vez, los defensores Barrandeguy, Ignacio Díaz, Pérez y Méndez plantearon los siguientes puntos: «1º) para proceder a la citación de testigos sería necesario conocer la fecha y la hora en que se ha programado la recepción de sus testimonios debiendo el Tribunal precisarnos sobre la recomendaciones sanitarias que corresponderá incorporar al citatorio; 2º) los testigos con privilegio deberán ser consultados acerca de si declararan verbalmente o por escrito y luego se les hará conocer, el interrogatorio de partes que en su caso se deberá confeccionar; 3º) el enjuiciado Urribarri asistirá al debate en forma remota, debiéndose habilitar un mecanismo que le permita estar permanentemente en contacto privado con sus defensores;  4º) “Efectivamente utilizaremos documentación probatoria admitida que exhibiremos con autorización del Tribunal cada vez que lo consideremos necesario; 5º) para un mejor aprovechamiento del tiempo útil “nos parece conveniente ubicar los actos procesales correspondientes (apertura,  alegato de apertura, inicio del debate y cuestiones preliminares) en la agenda tentativa del Tribunal”.

 

 

No es el único compromiso judicial que tiene el ahora embajador argentino en Israel. A mediados de agosto no prosperó un acuerdo en una querella por injurias que le había iniciado en 2016 el abogado Guillermo Mulet y derivó en un nuevo juicio, por ahora sin fecha de realización.

El puntapié inicial fue la denuncia por enriquecimiento que formularon contra Urribarri Mulet y su colega Rubén Pagliotto. El 21 de diciembre de 2015, Mulet y Pagliotto  se presentaron ante la Justicia para denunciar penalmente al exgobernador, su esposa, dos hijos y al cuñado, Juan Pablo Aguilera, por enriquecimiento ilícito. La presentación estuvo fundada en un informe periodístico que daba cuenta del crecimiento patrimonial que registró la familia del ex mandatario en los últimos ocho años.

 

Luego de conocer la denuncia en su contra, Urribarri emitió un comunicado donde afirmaba que Pagliotto y Mulet eran “dos conocidos denunciadores seriales de dudosa probidad”; y respecto de Mulet dijo que registraba “antecedentes penales con imputaciones judiciales por apoderarse de elementos sustraídos en un robo, habiendo sido oportunamente detenido por la Policía de la provincia”, a la vez que lo acusó de “encubrir a personas que participaron de un grave delito a una importante empresa avícola de Hernandarias”.

Mulet respondió con una demanda por calumnias e injurias al considerar que Urribarri había “mancillado” su honor y que eso no lo podía permitir.

En tanto, en marzo último a Urribarri le rechazaron en la Justicia un pedido de sobreseimiento en una causa por supuestos sobreprecios y pago de coimas durante los trámites de contratación con la empresa Relevamientos Catastrales SA, del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, concretados a lo largo de sus dos gestiones al frente del Ejecutivo provincial.

El juez de Garantías Mauricio Mayer había rechazado, el 23 de febrero último, el camino del sobreseimiento, pero tras esa decisión acogió favorablemente la apelación que formularon los defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez. Entonces, el caso llegó para su tratamiento al despacho del juez de juicio Elvio Osir Garzón. Pero Garzón devolvió las actuaciones a Mayer con un tirón de orejas a su colega: el sobreseimiento no es una medida apelable, según dijeron fuentes judiciales a Entre Ríos Ahora.

«A Urribarri le denegaron el pedido de sobreseimiento. La resolución de Garzón dice que esta mal concedido el recurso por parte de Mayer, porque el rechazo de un pedido de sobreseimiento no es apelable», contó una fuente.

El último 23 de febrero, en una audiencia ante el juez de Garantías Mauricio Mayer, Urribarri ejerció su defensa y rechazó la imputación fiscal. “Lo sabía: no me iban a perdonar que hayamos logrado semejante transformación en la provincia. Una provincia que dimos vuelta como una media”, dijo entonces vía web desde Israel.

Urribarri sostuvo que las investigaciones penales iniciadas en su contra tienen como objetivo “atacar para borrar de la historia toda nuestra obra”, y aseguró que tras dejar la titularidad del Poder Ejecutivo, en 2015, han sobrevenido para él y su familia “años muy duros”, por “ataques indecibles”. Aseguró ser víctima de un “asedio”.

 

 

El actual embajador en Israel se presentó como “un dirigente político que me he desempeñado siempre con mucho esfuerzo personal y familiar y he llevado adelante con responsabilidad los cargos con los que la ciudadanía entrerriana me ha honrado a través del voto”.  Y aseguró que en todo el proceso de la causa “siempre he estado a derecho”.

Urribarri negó los hechos que se le imputan y cuestionó la imputación en su contra. “Me pregunto con qué pruebas los señores fiscales pueden sostener que fui yo quien ordenó el inicio de actuaciones administrativas para la contratación de la firma Relevamientos Catastrales”, apuntó. “Los señores fiscales no han podido determinar de qué manera se habrían determinado esos sobreprecios. Ningún organismo de control pudo establecer los sobreprecios. No hay especificación concreta qué acción desplegué para saber de qué defenderme. Se utilizan verbos, o se califican determinadas supuestas conductas, describiendo tipos penales sin relacionar con las pruebas”, cuestionó el exembajador.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora