Luego de las suspensiones de los tres juicios que debía enfrentar este año el exgobernador de Entre Ríos y actual embajador en Israel, Sergio Daniel Urribarri -por la pandemia y por distintos planteos de los abogados defensores- lo que resolvió la Justicia fue unificar esas tres investigaciones penales y conformar un tribunal siente en el banquillo a quien fuera dos veces titular del Ejecutivo entrerriano.
Pero el megajuicio -el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de publicidad oficial– tropieza ahora con una cuestión de procedimiento: la recusación de dos los tres jueces que integran el tribunal: María Carolina Castagno y José María Chemez. El tercer es Elvio Osir Garzón. Castagno y Chemez fueron recusados por el empresario Germán Buffa a través de su abogado defensor Raúl Velázquez. Un tribunal conformado por los Pablo Barbirotto, Carlos Ríos y Elvio Garzón rechazó esas recusaciones.
El abogado Velázquez planteó acudir en Casación para recurrir esa resolución. Pero esa vía fue rechazada. Con las firmas de Barbirotto y Ríos -Garzón está en uso de licencia médica-, se negó la concesión del recurso de casación. Velázquez dijo a Entre Ríos Ahora que insistirá con el planteo a través de un recurso de queja. Si en esa instancia se encuentra con un nuevo revés, anticipa, irá con una impugnación extraordinaria. Y si esa vía tampoco fuera posible, irá en queja ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Recusaciones Megajuicio Urr… by Entre Ríos Ahora
De modo que el megajuicio a Urribarri deberá aguardar para que le pongan fecha a los debates: de momento no está firme la conformación del tribunal que lo juzgará.
Buffa los recusó a Castagno y Chemez porque ambos habían intervenido en la causa en la que él está imputado junto a Urribarri y Báez.
El empresario irá a juicio por una causa que investiga los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de una denuncia que hiciera en 2013 el diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D´Agostino.
Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. Todo fue extraño, a decir verdad: la orden de publicidad que le pagó la administración del exgobernador Sergio Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, está fechada el 1 de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.
“En efecto, el mencionado contrato confeccionado en la ciudad de Buenos Aires ante la Escribana Florencia Viale, refiere que los señores Leonardo Víctor Poma y Germán Esteban Buffa resolvieron constituir una sociedad anónima dedicada básicamente a la concentración de medios de publicidad, siendo dicho instrumento público nada menos que el acto constitutivo de la sociedad Global Means S.A., y tiene como fecha de confección el día 15/08/2011, o sea en un plazo posterior a un mes de la orden de publicidad (01/07/2011)”, dice el texto de la resolución del procesamiento firmado por el juez Gustavo Maldonado.
La imputación precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.
El primero fue bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.
Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva las firmas de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.
Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.
Tres en uno
La causa, que iba a ir a juicio en este mes de octubre, quedó subsumida en un megajuicio que abarca tres investigaciones penales contra el exgobernador.
El 6 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola decidió elevar a juicio la megacausa del Sueño Entrerriano, en la que están imputados por los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública el exgobernador Sergio Urribarri, los ex ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del exprimer mandatario, Juan Pablo Aguilera.
La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano
Las audiencias del juicio se habían fijado para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre a las 9 en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná.
Pero ese debate no se reaslizó.
En abril último, la Justicia suspendió el primero de los tres juicios que iba a sentar en el banquillo a Urribarri. Se trata la denominada «Causa de la vaca», con fecha de inicio de las audiencias previstas para 27 de abril de este año y que se extenderían por un mes: hasta el 27 de mayo.
Aquella vez, la suspensión se fundamentó en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
El juicio debió comenzar el 20 de noviembre último, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada «causa de la vaca», que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel «Tavi» Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores.
Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión.
Restaba, sin embargo, un tercer juicio que ya tiene fecha para Urribarri.
En febrero último se conoció la resolución judicial que fijó fecha a un nuevo juicio, el tercero, que iba a enfrentar este año el exgobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28, 28 y 30 de octubre de 2020 fueron las fechas que se fijaron para los debates en la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública en la que también están involucrados el exministro de Cultura y Comunicación y exlegislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario pizzero Germán Buffa.
La resolución de los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo se dio en el marco de la causa en la que Urribarri y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.
En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.
Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser «testaferro» de Báez. “Claramente esta empresa pertenece a Báez”, llegó a decir en una audiencia la fiscal Matilde Federik en relación a Global Means.
Pero ese tercer juicio no se hará. Las tres causas quedaron agrupadas en un único megajuicio.
Ahora, el entuerto que se debe sortear es cómo queda integrado el el tribunal que encabezará los debates.
Ante la recusación de dos de los tres magistrados hubo un pronunciamiento de primera instancia.
El viernes 2 de octubre un Tribunal rechazó los planteos para apartar a los dos jueces. En consecuencia, el Tribunal único integrado en las causas acumuladas para llevar adelante el juicio oral y público queda integrado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Garzón.
Pero esa no es opinión definitiva ya que el defensor Velázquez anticipó que irá con un recurso ante la Cámara de Casación Penal para insistir con su planteo recusatorio hacia los dos magistrados cuestionados. No será la última instancia: de conseguir un revés en esa instancia, adelantó, irá ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Luego, el camino que seguirá de contar con una acogida favorable serán, sucesivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De la Redacción de Entre Ríos Ahora