En la jornada 47 del megajuicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, acusado de delitos contra la Adminsitración Pública entre 2010 y 2015, su abogado realizó su alegato de clausura en la que defendió la inocencia de su cliente apelando a todo tipo de figuras históricas.
Raúl Barrandeguy, defensor de Urribarri, arrancó su discurso anclado en diferentes momentos de la historia: mencionó a Napoleón Bonaparte, a la democracia griega, al proceso judicial llamado ‘mani pulite’ (manos limpias) que se dio en Italia en los noventa contra la corrupción y que lideró el fiscal Antonio Di Pietro; y, más cerca en el tiempo, se refirió al suicidio del expresidente de Perú, Alan García, en 2019, quien era por investigado por presunto lavado de activos provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht .
En la primera parte de su alocución, refirió que la corrupción «es un fenómeno tan viejo como el mundo» y que cada vez que el Estado se hizo presente en la historia existió un «feroz cuestionamiento» para «adjudicar la corrupción al gobernante».
La tesis defensiva es que los organismos de control del Estado entrerriano actuaron y no observaron ninguna irregularidad en las contrataciones que le reprocha la Fiscalía a Urribarri entre 2010 y 2015. Además, recalcó que para combatir la corrupción existen organismos internos en la adminsitración creados para evitarla. Por ello, Barrandeguy resaltó la figura del militar y estadista francés Napoleón Bonaparte (1769-1821), quien, entre otras cosas, creó el Tribunal de Cuentas que se expandió en las democracias occidentales.
«El gran tema que está sobre el pupitre de los asistentes es el tema de la corrupción. A mí me ha parecido interesante destacar que la corrupción, entendida como el aprovechamiento indebido de bienes públicos por parte de funcionarios, es un fenómeno tan viejo como el mundo. En cada lugar donde el Estado se hizo presente, iba acompañado de un cuestionamiento feroz para adjudicar la corrupción al gobernante», arrancó el letrado.
Enseguida, subrayó: «Me parece interesante señalar que en el derecho administrativo y constitucional se desarrolla un elogio enorme de aquellas decisiones de Napoleón Bonaparte cuando crea el Tribunal de Cuentas. Cuando visité su tumba, Napoleón está representado con el código civil en una mano y el Tribunal de Cuentas en la otra».
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Luego se refirió a la caída del primer ministro de Italia, Benedetto ‘Bettino’ Craxi, quien estuvo involucrado en una trama de sobornos y que, tras huir, murió en 1995 en Túnez. El caso se dio en el marco del proceso ‘mani pulite’ (manos limpias), llevada adelante por un pool de magistrados que puso en el banquillo a 3175 imputados y sacó a la luz un sistema de financiamiento ilegal de los partidos.
Barrandeguy comparó el caso de Craxi con las muertes del exfuncionario Hugo Céspedes -ocurrida en octubre de 2021 y que estaba imputado en la causa Mercosur- y Héctor ‘Pitín’ Almada –exsubcomisario de la Policía con historial judicial y padre de los hermanos Alejandro y Luciana Almada, imputados en el megajuicio–, quienes fallecieron como consecuencia del cáncer.
«Un juicio no mata, pero, ante una enfermedad terminal, la mayor o menor tranquilidad, felicidad, displacer o dolor que pueda sentir, es terrible. Ese dolor le expropia al imputado el derecho a vivir en libertad y plenitud que la naturaleza o la divinidad han puesto a disposición. Pasó con Hugo Céspedes y con el padre de los hermanos Almada», afirmó.
En tren de comparar la lucha contra la corrupción en diferentes países y su utilización política, citó el caso del expresidente de Perú, Alan García, quien se suicidó en 2019 mientras era investigado por la justicia.
«Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Chile en algún momento, y Argentina, han tenido algún problema cuando combatieron de forma imprudente a la corrupción. Acá no hay duda que para los latinoamericanos el expresidente Alan García era una figura señera. Posiblemente haya habido motivos para disponer la pena de prisión del expresidente. No osbtante, consultando todos los elementos que juegan en el desarrollo de estas situaciones, uno se va a encontrar que Alan García se pegó un tiro. ¿Qué nos indica esto? ¿Cómo está la democracia en Perú? ¿Alguien se hace cargo del renacimiento de la derecha peruana?», se preguntó.
En ese sentido, consideró que la Fiscalía persiguió a Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, de «forma humillante» y que incluyó «prensa interesada desde el punto de vista vengativo». «Se pudo haber hecho de una forma más sencilla», agregó.
Enseguida, sostuvo que en la prensa se dijo que el exgobernador tenía departamento en Punta del Este, distintas casas en Concordia, dinero en el exterior y emprendimiento comerciales en países limítrofes. «Todo falso», manifestó Barrandeguy y consideró que el proceso en contra del exmandatario se realizó con «dispociciones procesales filiadas en la más rancia tradición inquisitiva».
En ese marco, sostuvo que la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Urribarri se encuentra paralizada hace 6 años, lo cual le ocasiona a su defendido un daño irreparable en su imagen.
A renglón seguido, cuestionó que en el pedido de remisión de la causa a juicio la Fiscalía haya pedido 8 años de cárcel para Urribarri y en el juicio haya elevado el pedido a 12. «¿Qué sucedió? En el juicio sucedió la suspensión de una funcionaria jerarquica importante. No gustó esto que pasó en el Jurado de Enjuiciamiento y nos adjudicaban alguna participación a los abogados de Urribarri. Esto no es democracia. Aquí no hay controles hay desborde por parte del Ministerio Público», lanzó, aludiendo en dicho pasaje a la suspendida Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, quien debe enfrentar un jury por supuesto mal desempeño en la causa Contratos de la Legislatura.
Al cerrar la primera parte de su intervención, aseguró que la causa debidó haberse llevado a cabo a través de la Fiscalía Anticorrupción, que fue creada por la Constitución reformada en 2008, y con una persona designada por el Senado con acuerdo del gobernador.
«Este es el fiscal que nos debe acusar en el juicio, no un fiscal que está presa de algunas limitaciones que no la Este es el fiscal que nos acusada en el juicio, no una fiscal que está presa de algunas limitaciones que no las sabe superar», apuntó.
Candelario Pérez reforzó las críticas
A su tiempo, su colega José Candelario Pérez profundizó los cuestionamientos contra las acusaciones de la Fiscalía. El letrado dijo que el señalamiento a algunos acusados de la causa Imprentas como testaferros es «artificiosa» y que los allanamientos en 8 domicilios se realizaron «sin fundamento alguno».
En sus críticas también incluyó al jueza de Garantías Eduardo Ruhl, quien a su entender permitió «manipular» informes contables por parte de un bioingenieron de la Fiscalía que testimonió en el juicio como perito, entre otras cosas.
También rechazó que para los allanamientos haya autorizado la participación de la Policía Federal y desplazado a la policía provincial.
Asimismo, Pérez dijo que los fiscales fabricaron prueba en un «laboratorio» y que invadieron la intimidad al requerir comunicaciones telefónicas entre los imputados. «Los excesos en este proceso han sido muy graves», acotó.
Tras un amplio repaso por diferentes expedientes, sostuvo que «no hay prueba en ningun de los legajos que hemos examinado».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.