El empresario Gerardo Caruso, factótum del parador playero que se montó en el verano de 2015 en las playas de Mar del Plata, dizque para promocionar turísticamente la Provincia, hará este martes su declaración de imputado en el megajuicio que se sigue al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri.
El último 27 de septiembre, Urribarri se sentó en el banquillo acusado en tres grandes causas de corrupción durante su gobierno: la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; lacontratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
El parador investigado se inauguró el 3 de enero de 2015. Costó a la provincia $14.561.870,00. Ese dinero fue cobrado por la firma “El juego en que andamos”, en la que es socio gerente Gerardo Caruso, también exdirector de Contenidos de Fútbol para Todos. La empresa que montó el parador ganó una licitación pública en diciembre de 2014, que en la justicia consideran que estuvo amañada y que fue ficticia, ya que se habría aparentado una compulsa con otra empresa, Castromil SRL. Ésta fue descartada porque no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado.
Los fiscales consideran que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015.
Los fiscales sospechan que parte del dinero con que se pagó el parador fue a la campaña de Urribarri. ¿Cómo? La firma de Caruso habría hecho transacciones bancarias por $2 millones hacia las empresas Tep SRL y Next SRL, vinculadas al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. A su vez, la empresa del exFútbol para Todos subcontrató a la cooperativa de trabajo “X la Plata Publicidad” Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron $338.800. En la causa también se menciona a otras empresas como parte de esa operatoria. En el expediente constan pagos a Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL.
“El Juego en que andamos SRL”, que integra Caruso, tiene su sede en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, hubo un detalle que no escapó a los investigadores: en un documento se consignó que la firma tenía como domicilio en la provincia en calle Las Heras 207 de la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú. Esa dirección es la casa familiar de Rubén Virué, exsecretario de Justicia de Entre Ríos –designado por Urribarri-, quien estuvo en el cargo hasta el 5 de junio de 2015.
El llanto
Virué declaró en el megajuicio. El exfuncionario dijo que posiblemente su dirección fue puesta porque Caruso conocía a su hijo Fernando, que trabajó como productor en el programa “Fútbol para Todos”.
La fiscalía entiende que “Foia” Caruso contó con “información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”, y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Además, apoyándose en informes del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, advierten que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos y con una competencia simulada, ya que la otra firma que se presentó en la compulsa, Castromil SRL, no cumplía un requisito básico: estar inscripta en el Registro de proveedores del Estado.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora