La jornada número 32 del megajuicio que se sigue en los Tribunales al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, tendrá este lunes la declaración de imputado del funcionario Gustavo Tamay en la denominada «causa de las imprentas», más conocida como la «causa de la vaca». Se trata de una de las cinco investigaciones penales que sentaron en el banquillo al dos veces titular del Ejecutivo entrerriano en la que se investigó un hecho peculiar: que la certificación de las publicidades del Estado en cartelería de vía pública para autorizar el pago se hacía utilizando una misma foto.
Así surgió la historia de la vaca. Y, va de suyo, la causa de la vaca.
El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.
El funcionario que debía certificar que la publicidad en vía pública efectivamente se realizaba mediante la toma de fotografías era Gustavo Tamay.
El trabajo de peritaje fue extenso, casi ocho meses, y el resultado, contundente: durante la administración del exgobernador Sergio Urribarri, su entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, contrató el servicio de instalación de cartelería publicitaria en las rutas de la provincia, y uno de los contratados resultó ser el cuñado Juan Pablo Aguilera, con la empresa que se le atribuye, Tep SRL.
Durante una audiencia que tuvo lugar en Tribunales el 18 de noviembre de 2o16 se depuró la prueba colectada, y el fiscal Santiago Brugo hizo un comentario hilarante que, con el tiempo, resultó ser una prueba incontrastable de las irregularidades en esas contrataciones. «Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”, dijo Brugo.
Desde entonces, la investigación penal la Fiscalía estableció que el volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponían: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
En la apertura de la causa, la fiscal Patricia Yedro planteó que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.
Y agrega: “Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…), posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública.”
Esas simulaciones, y la puesta de la misma vaca en la distintas fotos como certificación de que la publicidad en vía pública se había hecho, y la posterior pericia que determinó el fraude llevó a que el caso adquiriera el hilarante nombre de la «causa de la vaca».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora