El abogado Ignacio Esteban Díaz, defensor del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez, aseguró este jueves que los organismso de control cumplieron con su rol en el marco de las contrataciones de publicidad que la Fiscalía le reprocha a su cliente. Además, pidió que no se tenga en cuenta como pureba las pericias realizadas por bioingenieros del Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal.
En su alegato de clausura en el megajuicio que tiene como principal acusado al exgobernador Sergio Urribarri, el defensor de Báez puso énfasis en los organismos de control adminsitrativos del Estado, como la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. «Estos órganos han actuado con correción en el cumplimiento de sus funciones», remarcó en diferentes momentos.
El letrado refirió que la Contaduría General fue la encargada de realizar la reserva presupuestaria para las diferentes contrataciones y que para ello realizó un «doble control» sobre el gasto, y que en ningún momento reprochó o hizo alguna observación al ministerio a cargo de Báez.
Asimismo, cuestionó que la Fiscalía haya calificado de «laxo» el control de los organismos, lo que habría permitido que se hayan direccionado contrataciones a favor de las empresas que se adjudican a Juan Pablo Aguilera -Tep SRL y Next SRL-, cuñado del exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri.
«Se ha dicho que es laxo el control que hacen estos órganos autónomos de la Constitución. Más que laxa, se trata de lo que son especialista: son especialistas en determinar si el fin de la partida se condice plenamente con la reserva del gasto que están haciendo para la contratación. Deben ser los más especialista que puedan existir. Por lo tanto, en mi humilde opinión, no podemos hablar acá de malversación», señaló Díaz.
Megajuicio: rechazan anular el disco rígido y los testimonios de bioingenieros
En ese sentido, resaltó que los «órganos han actuado con correción en el cumplimeinto de sus funciones» y agregó que «nunca hubo observación que puedan producir un decreto de insistencia o conllevar la remisión a Fiscalia para hacerse el juicio de cuenta. Cuando surgieron, se cumplió en plenitud».
Más adelante, planteó que no se considere con «valor probatorio» los informes periciales de los bioingenieros Juan Rossi, Guillermo Fritz, y Fernando Ferrari, del Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal, por entender que no son idóneos para actuar como peritos especializados en cuestiones informáticas y, además, por ser parte interesada en el proceso, ya que trabajan en la Fiscalía.
Megajuicio: piden 12 años para Urribarri, y 10 años para Báez y Aguilera
«No pueden darse validéz a las pericias realizadas por Ferrari y Fritz, bioingenieros, usurpando incumencia, ni tampoco a ningún otro informe que se hubiera realizado en función de ellos», sostuvo y además pidió que los peritos sean investigados por el presunto delito de «usurpación de título».
En su argumentación contra los peritos de Fiscalía, señaló que la normativa exige que los peritos sean pertenecientes al Superior Tribunal de Justicia y tengan incumbencia en la materia sobre la que se expiden.
Qué dijeron los peritos
En su declaración como testigo, el bioingeniero Guillermo Fritz, del Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal (MPF), detalló durante siete horas de qué modo se peritaron esos equipos -el disco rígido fue hallado en los techos de una veciona de los talleres de las empresas que se atribuyen a Aguilera- y cuánta información relevante se encontró. La más relevante, carpetas a nombre de Aguilera, con información sobre la contratación de publicidad callejera; también datos vinculadas a la empresa de Jesús Bustamante, cuyo titular accedió a un acuerdo de juicio abreviado y aceptó que pagó coimas a Aguilera; y referencia a la titularidad de Aguilera de las empresas Tep SRl y Next SRL.
En cuanto al disco rígido, explicó que «se hizo una copia idéntica con bloqueador de escritura, que anula cualquier señal electrónica que puede hacer que se escriba algo en el disco».
En tanto, el bioingeniero Fernando Ferrari contó que trabajó en la extración de información de celulares secuestrados a varios imputados de las causa de las imprentas.
En su extenso testimonio, en la que explicó cuestiones procedimentales y técnicas sobre su trabajo, el profesional leyó mensajes reveladores entre Luciana Almada y su esposo, Aguilera, en el que asoma nuevamente que las firmas pertenecían a éste último.
Megajuicio: perito habló de fotomontajes de cartelería publicitaria y del parador
También leyó conversaciones entre la imputada Corina Cargnel -contadora de Formato Urbano y de Juan Pablo Aguilera- y los publicistas Fernando Montañana y Jesús Bustamante -quien en 2018 hizo un acuerdo de juicio abreviado por esta causa y recibió una condena condicional-.
Por su parte, el bioingeniero Juan Rossi declaró respecto a su actuación en dos investigaciones: las conocidas mediáticamente con el nombre “La causa de la vaca” y la del «Parador», que trata sobre la promoción que se realizó en Mar del Plata a comienzos de 2015.
En la primera, la Fiscalía sostiene que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago se hacía utilizando una misma foto o fotos adulteradas; mientras que, en el segundo legajo, afirma que se utilizó el parador para promocionar la figura de Urribarri.
El eje
El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: e N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
En el alegato de apertura, el 27 de septiembre último, la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, detalló de qué modo se operó con las publicidades estáticas en vía pública para beneficiar a dos empresas que adjudicó al cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL, y con qué dinámica actuaban en forma “cartelizada” con las firmas Fernando Montañana y Jesús Bustamante para la distribución de las pautas publicitarias, en maniobras delictivas “en continuado” entre 2010 y 2015.
En esas maniobras de cartelización, se habría sustraído del erario público la suma de $21,5 millones, que dolarizada al valor de entonces representaba 3.250.000 dólares.