Sergio Daniel Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, actual embajador argentino en Israel, está sentado en el banquillo de los acusados desde el lunes 27 de septiembre por la tramitación de un megajuicio que abarca tres grandes causas de supuestos hechos de corrupción ocurridos durante sus dos administraciones, entre 2007 y 2015.
Esas tres grandes causas unificadas en un único expediente: son los N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
Hasta ahora, en el megajuicio se debatió sobre una de las causas, la que salpica al cuñado de Urribarri, el funcionario del Senado entrerriano Juan Pablo Aguilera. Mediáticamente se la conoce como la «causa de la vaca» y relaciona la posición privilegiada que tuvieron durante la administración Urribarri las empresas Cinco Tipos, Formato Urbano, Tep SRL y Next SRL, los nombres sucesivos que han adquirido firmas, en la captación de las ordenes de publicidad en vía pública contratadas por el Gobierno entrerriano. La llamaron «la causa de la vaca» por una intervención del fiscal Santiago Brugo en una de las tantas audiencias judiciales: dijo que se habían truchado las certificaciones de las publicidades en rutas, mediante el photoshop: se cortaban y pegaban escenarios y siempre aparecía la misma vaca pastando.
Para el Ministerio Público Fiscal -representados por la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano-, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Pedro Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
En la tramitación de la causa, la Fiscalía ha relatado de modo pedagógico la conformación de una organización delictiva para la captación de forma exclusiva de la publicidad oficial en vía pública entre Tep y Next, de Aguilera, más Bustamante y Montañana, que ello sucedió así entre 2010 y 2015, y que para garantizar la permanencia en ese círculo cerrado era condición sine qua non el pago de sobornos. Señala que en ese período se perpetró una “maniobra irregular”, “sorteando la libre competencia”, y que el Estado pagaba contra la presentación de “ficticias constataciones” del trabajo realizado. O sea: se pagó por publicidad que jamás se hizo, y que se justificó su realización con, por ejemplo, fotos trucadas.
El encargado de chequear que la publicidad contratada efectivamente se hiciera era Gustavo Tamay, exfuncionario del Ministerio de Cultura, dependiente directo de Báez.
“Bustamente y Montañana participaron de ese mecanismo, siendo beneficiados en un porcentaje de la publicidad oficial, acordando previamente que, una vez cobrado el monto de la publicidad otorgada por el Estado, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera, a través de la contadora Corina Cargnel, quien tenía a su cargo la gestión, seguimiento y control de los contratos, y la percepción de los retornos”, aseguró en algún momento el fiscal Gonzalo Badano.
En la investigación penal preparatoria, dijo el fiscal, quedó comprobado que Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos mediante la contratación de publicidad que se direccionaba hacia Aguilera, Bustamante y Montañana. Esta maniobra se realizó por medio de una organización cuyo fin era beneficiar a Aguilera y a sus testaferros. Las empresas Tep SRL y Next SRL se atribuyen a Aguilera. Encontramos evidencia suficiente para sostener que son de Aguilera”.
Los secuestros llevados adelante en las oficinas de Tep SRL y Next SRL, en bulevard Racedo al 400, en agosto de 2016, permitieron incautar material y documentación que probarían, según la Fiscalía, el modus operandi de la organización y el pago de los sobornos. Lo más relevante resultó la información hallada en la oficina de la contadora. “Corina Cargnel estaba al tanto de los pagos del Ministerio de Cultura. Y le indicaba a Bustamante cómo debía presentar las facturas. A raíz de ese hecho, de saber cuándo Cultura abonaba las facturas a las empresas, apenas salía un pago, Corina Cargnel se comunicaba con Bustamante para que éste efectúe los retornos a la empresa de Aguilera. Ellos le denominaban el sistema de compensación”, detalló.
Las coimas que pagaba Bustamente a las empresas de Aguilera eran mediante la presentación de facturas por prestaciones “ficticias”. Dijo el fiscal Badano que las coimas no sólo iban a las cuentas de Tep SRL y Tep SRL, sino también a las de los proveedores de éstos.
Bustamante se libró del megajuicio porque aceptó su culpabilidad mediante un juicio abreviado. El empresario Montañana fue apartado del juicio por su estado de salud, y será sentado en el banquillo más adelante.
Se aguardaba con expectación un testimonio clave, el de la contadora Corina Cargnel, pero finalmente desistió y no habló, por ahora.
En la «causa de la vaca», la Fiscalía adelantó los pedidos de pena para los acusados: para Urribarri, Báez y Aguilera, ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; seis años de prisión e inhabilitación para Tamay; seis años de prisión para Cargnel y Montañana; y cuatro años de cárcel para los hermanos Almada, Giacopuzzi y Sena.
Asimismo, para cada imputado se solicita la pena de multa de $90 mil. En tanto, también solicitarán el decomiso de bienes de la empresa Tep SRL. Un inmueble ubicado en calle Racedo 413, en Paraná; otro en la misma calle pero al 409; una moto 268IGE, marca Zanella; y dos vehículos, uno marca Ford y otro Citroen, este último modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business.
El coach y el contrato
Carlos Alberto Ramírez fue el primero de los tres testigos de la audiencia de este martes. Actualmente se dedica a la rotulación publicitaria en forma particular, pero antes tuvo trabajos en relación de dependencia. En 2005, ingresó a Cinco Tipos, predecesora de Formato Urbano, y que luego daría lugar a Tep SRL y Next SRL. Ingresó por su amistad con Alejandro Almada –cuñado de Aguilera- a quien conoce de la infancia. “Alejandro era el dueño de Next”, reveló.
Luego, aclaró: Next SRL era de Maxiliano Sena y Alejandro Almada. Y Tep SRL de Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada –esposa de Aguilera-; a Aguilera supo verlo por la empresa, que funciona en Racedo al 400, pero no supo precisar qué rol cumplía. Le pagaban medio jornal en blanco, y a modo de favor, Alejandro Almada, funcionario de la Cámara de Diputados, le consiguió un contrato en la Legislatura por lo cual se inscribió como monotributista. Entre 2008 y 2012 realizó tareas de mantenimiento en la Cámara baja, en horario vespertino.
En el alegato de apertura, el 27 de septiembre último, la Procuradora Adjunta dijo que Sena y Giacopuzzi eran meros “prestanombres” de Aguilera.
Ramírez no pudo aportar mucho más sobre el movimiento de las empresas que se adjudican a Aguilera –“trabajaba en una piecita, encerrado, porque no podía ingresar polvo a las máquinas con las que trabajaba”, aclaró- pero sí dio detalles sobre la contratación en la empresa de un “coach” que los adiestraba en cómo desempeñarse.
La Fiscalía le hizo notar que en el allanamiento realizado a la casa de Aguilera se hallaron facturas a su nombre y una presentación con su firma hecha ante la Cámara de Diputados para conseguir el contrato que le prometió Alejandro Almada. El testigo no supo decir cómo pudo estar esa documentación ahí, aunque reconoció su firma.
El defensor Marcos Rodríguez Allende hizo algunas consultas sobre el coach, pero no abundó demasiado. En cambio, quiso saber si el testigo sabía que Aguilera era gerente general “de las empresas”.
-La verdad, no tengo ni idea –respondió.
-¿Es posible que haya ido a la empresa a ver a su mujer? –insistió Rodríguez Allende.
-Puede ser.
-¿O realizaba algún otro tipo de actividad en la empresa?
-No sé. Se veía que iba pero no sé qué hacía.
Después, se presentó la contadora Alejandra Levand, empleada del área Contable de la Secretaría de Comunicaciones, exMinisterio de Cultura y Comunicación, que explicó cómo funcionan los mecanismos administrativos de certificación de pauta publicitaria, de qué manera se hacen las reservas presupuestaria para pagar esos servicios y quién autoriza qué cosa en esas tramitaciones.
Después de las explicaciones que hizo ante las consultas de la fiscal Patricia Yedrdo, el defensor José Velázquez preguntó:
-¿El ministro Báez o el gobernador Urribarri alguna vez la llamaron interesando un pago?
-No tenía contacto con el ministro ni con el gobernador.
La última testigo del día fue la empresaria Leticia Vieyra, dueña de la agencia Urbana Vía Pública, que supo ser subcontratada por Formato Urbano para la instalación de cartelería publicitaria.
La fiscal Yedro quiso saber si conocía a Emiliano Giacopuzzi, Alejandro Almada, Luciana Almada, Maximiliano Sena Respondió que no conocía a ninguno.
-¿Quién era dueño de Formato Urbano? ¿A quién tenía como referente?
-No sé quién era el dueño. Quien me hacía las contrataciones era Gustavo Pereyra. Y lo que yo conocía, era Gustavo Pereyra y Juan Pablo Aguilera eran los dueños. Eso se decía en la calle.
El megajuicio tendrá continuidad el jueves, para cual se esperan los testimonios de Hugo Berthet, Maricel Brusco, Juan Pablo Dimier y Mariela Teruel.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora