El abogado defensor del cuñado Juan Pablo Aguilera, Marcos Rodríguez Allende, pidió este lunes al tribunal que juzga el megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri que dicte una «sentencia histórica» y para eso le pidió que excluya como material probatorio los informes periciales del bioingeniero Guilllermo Fritz, que peritó el disco rígido hallado en el allanamiento a las empresas Tep SRL y Next SRL, y también del contador Héctor Enrique, que detalló de qué modo se pagaron retornos en la contratación de la empresa El Juego en que Andamos, que en 2015 montó un parador en las playas de Mar del Plata, y que le constó a la Provincia $14 millones.
También Rodríguez Allende pidió la exclusión del informe producido por la contadora Victoria González Brunet, dependiente del Ministerio Público Fiscal, que analizó un entrecruzamiento de llamadas entre Aguilera, el empresario Gerardo «Foia» Caruso, que se adjudicó el montaje del parador, y, entre otros, el exgobernador Urribarri, y que probaría que hubo «direccionamiento» en la contratación. Pero no sólo peticionó que ese informe pericial quede afuera del juicio «sino lo que es anterior al informe de la contadora, es decir, los informes que vienen de las empresas prestatarias de telefonía, que también deben ser excluidos, porque lo que informan es ilegal porque no está fundado en resolución por un juez de Garantías competente».
En cambio, el defensor admitió que fue con fondos del Partido Justicialista que el cuñado Aguilera ayudó a financiar el parador de Mar del Plata, tal como lo declaró en diciembre el empresario Gerardo Caruso ante el tribunal que conforman los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón.
El dato que relevó fue que para montar el parador, e invertir los $14 millones que se comprometió a invertir al ganar la licitación exprés que lanzó la Provincia, debió salir a pedir plata, aun cuando la productora El Juego en Que Andamos era la tercera en su largo historial, y que se vanaglorió de sus muchos trabajos, producciones y éxitos que cosechó a lo largo de su vida. Uno de los financiadores para esa instalación fue nada menos que el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
-¿En algún momento fue deudor de Aguilera? –le preguntó Fouces.
-Sí.
-¿Por qué motivos?
-Cuando se me adjudica la licitación, al poco tiempo había que inaugurar el parador, el 3 de enero, y teniendo ya el pliego adjudicado y la certeza del primer pago por parte del Ministerio de Turisimo recién a mitad de enero, tuve que salir a buscar asistencia financiera para cubrir mi inversión, que en este caso era casi la totalidad del monto de la propuesta ($14 millones, NdelR). El 3 de enero el parador tenía que estar funcionando. Son trabajos en los que la casi totalidad de la inversión se inyecta antes. Al tener tan poco tiempo de preproducción, salimos a buscar asistencia financiera a personas conocidas, a amistades, y uno de ellos fue Juan Pablo Aguilera. En ese marco, Juan Pablo Aguilera me presta dinero, y por eso yo en un momento le debía plata.
-¿Usted se la devolvió?
-Correcto. Parte en efectivo. Y otra parte mediante pagos a empresas con las que Aguilera había contraído deudas. Le pagué directamente a esas empresas para saldar esa deuda. Y así fue.
-¿Le hicieron factura a El Juego en Que Andamos?
-Correcto, porque teníamos todo bancarizado. Éramos muy prolijos con los números. Nos facturamos a nosotros y pagamos contra factura.
-¿De qué forma pagaron?
-Transferencia bancaria.
-¿Tuvo problemas con Afip?
-Nunca.
Este lunes, el defensor Rodríguez Allende certificó que ese financiamiento existió y que Aguilera echó manos a recursos del PJ para avanzar en el posicionamiento de Urribarri a nivel nacional. «Aguilera estaba trabajando en un posicionamiento a nivel nacional en distintas provincia y en ese marco dispone de un fondo del PJ. Aguilera tenía la plena disponibilidad de esos fondos», aseveró.
Pero negó de forma cerrada la tesis acusatoria de Fiscalía, dijo que la instalación del parador fue parte de una proyección de la marca «Entre Ríos», y que durante el juicio «no hubo un solo testigo que diga que Urribarri se promocionó con el parador. No hubo una sola prueba que haya demostrado que el parador haya sido creado para el posicionamiento del señor Urribarri».
Después de denunciar el «hostigamiento mediático» que rodeó la causa, el defensor de Aguilera -para quien Fiscalía pidió 10 años de cárcel por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública- dijo que «sinceramente no cabe otra posibilidad que la absolución de culpa y cargo de aguilera».
Concluido su alegato, el megajuicio pasó a un cuarto intermedio hasta este martes, cuando se escuchará a los defensores del exgobernador Sergio Urribarri, Candelario Pérez y Raúl Barrandeguy.
La acusación
La instalación del parador de Mar del Plata costó $14 millones, unos 1,7 millones de dólares.
En el trámite de contratación de “El Juego en que Andamos”, la firma elegida para montar ese parador que costó $14 millones, se observaron “las mismas irregularidades que con la contratación de Nelly Entertainment, y este es un modus operandi de una organización delictiva”, dijo en el alegato de la acusación el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. La contratación y la selección del adjudicatario se dio de forma “clandestina” y luego se dio inicio a un expediente administrativo en el Estado para darle “apariencia de legalidad”.
Para probar el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, el fiscal aportó un dato: la adjudicación de la instalación y armado del parador de Mar del Plata a la firma “El juego en que andamos” ocurrió el 29 de diciembre de 2014, y el 3 de diciembre de 2015 se inauguró. “Ese dato es suficiente para probar las negociaciones incompatibles”, señaló.
En ese tiempo record, “El Juego en que Andamos”, la empresa de Gerardo “Foia” Caruso, una firma con un patrimonio de $60 mil y un promedio de ingresos mensuales de $47 mil, consigue, a 6 meses de haberse constituido como productora, la instalación del parador de Mar del Plata por un monto de 1,7 millones de dólares.
En esa contratación, dijo el fiscal, hubo “sobreprecios y esto fue así para asegurar (el pago de) los retornos. Esta era la intención”. La estrategia fue “reducir los plazos para que no haya oferentes, simular competencia, determinar el precio arbitrariamente. Todo esto porque ya estaba todo decidido”.
“Tuvieron que poner un precio acorde a las necesidades proselitistas”, dijo Ramírez Montrull, y después detalló las 181 llamadas que hubo entre Urribarri y el empresario Caruso, comunicaciones que empezaron mucho antes de que se haya resuelto la adjudicación, el 20 de octubre de 2014. “Hubo seis llamadas entre ambos, antes de que Caruso resulte adjudicado, y 2 llamadas el día de la adjudicación. Urribarri fue el que negoció todo”, planteó.
Aunque también hubo llamadas entre Caruso y el cuñado Juan Pablo Aguilera, Franco Urribarri, hijo del exgobernador, y Hugo Marsó, exministro de Turismo.
«Esta suma de irregularidades tiene su beneficio, el beneficio es la promoción de la imagen de Urribarri», y que configura el delito de negociaciones incompatibles con la función públilca, dijo. Y agregó que también se suma el delito de peculado. «Tiene un plus esta causa respecto de la causa Mercosur. Acá hay un retorno de dinero. No solo que el beneficio es la publicitación de la imagen, sino que hay retorno», afirmó. «Este esquema de retornos fue en forma clandestina», ilustró.
Ramírez Montrull detalló tres pagos de «retornos», por una suma total de $4,7 millones.
El montaje
«Venimos a mostrar todo lo que hicimos en Entre Ríos en estos siete años de gestión, en este lugar tan lindo y popular al que vienen a veranear miles de argentinos gracias a este modelo de crecimiento con inclusión social impulsado por Néstor y Cristina Kirchner”.
De ese modo, Sergio Daniel Urribarri se presentó el sábado 3 de enero de 2015 en la playa La Perla, de Mar del Plata, cuando inauguró el parador.
La contratación con la empresa de Gerardo «Foia» Caruso para instalar aquel parador se tramitó a través del expediente Nº 1656830, que inició el 5 de diciembre de 2014 el Ministerio de Turismo.
El 12 de diciembre de ese año se dictó el decreto Nº 4.804 que autorizó la “contratación de un servicio de instalación, montaje, logística y puesta en funcionamiento de un Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, para el mes de enero de 2015”.
El 29 de diciembre de 2014, se dicta el decreto Nº 5.120 que aprobó “todo lo actuado en la Licitación Pública Nº 69/14” para instalar el mentado Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en Mar del Plata. Y adjudicó la contratación del servicio a la firma “El juego en que andamos SRL”, por un monto de $14.561.870, “por cumplir con los Pliegos de Condiciones, resultar el precio razonable y conveniente a los intereses del Estado y ajustarse a las característica del servicio requeridos de acuerdo a lo expresado en la oferta y la documentación aportada”.
La licitación resultó curiosa: se presentaron dos firmas nada más. “El Juego en que Andamos SRL” y “Castromil SRL”. Pero se rechazó la segunda “por no encontrarse inscripta en el Registro de Proveedores del Estado” y haber “cotizado por un precio más alto”. En su alegato de este jueves, el fiscal Ramírez Montrull dijo que se trató de una «competencia simulada», porque de antemano se sabía quién sería el adjudicatario.
Todo ese trámite, según Urribarri contó en una declaración pública que distribuyó a los medios tras su presentación en Tribunales cuando la causa penal estaba en trámite, incluyó la intervención de distintos organismos. Dijo que “así como la Contaduría General de la Provincia se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público, el Tribunal de Cuentas también ejerce el control de forma posterior; y el Poder Legislativo aprueba, observa o desecha la denominada cuenta general del ejercicio. Del mismo modo, el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público”.
Las dudas en torno a la rapidez del trámite y la falta de participación de organismos de control llevó al exsenador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) a presentar una denuncia en la Justicia. Así surgió el Legajo Nº 58383, caratulado “Urribarri Sergio Daniel, Marsó Hugo José María, Aguilera Juan Pablo, Cargnel Corina, Caruso Gerardo Daniel s/Peculado en concurso ideal con defraudación a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La acusación de la Fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.
Para el cometido, según la Fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al exdirector de Contenidos del “Fútbol para Todos”, Gerardo Caruso, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y la contadora de las empresas de éste, Corina Cargnel.
La operación se resume del siguiente modo: la Provincia convocó a una licitación pública con plazos reducidos; a la compulsa se presentaron dos firmas, “Castromil SRL” y “El Juego en que andamos SRL”. La primera perdió, porque, insólitamente, no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, requisito básico y conocido en ámbitos empresariales y públicos.
De modo que descartado el competidor –que en la Justicia consideran ficticio o simulado-, se contrató a la empresa que supuestamente se quería beneficiar desde el inicio. La maniobra continuó cuando la firma contratada gira una parte de ese dinero a la subcontratación de publicidad de campaña. Para hacer efectivo este paso fue indispensable de empresas intermediarias, entre las cuales se encontraban las del cuñado del gobernador.
“El Juego en que andamos SRL”, de la que es socio gerente Gerardo ‘Foia’ Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los $14 millones que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo “X la Plata Publicidad” Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron $338.800.
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La firma que integra Caruso, según la acusación de Fiscalía, también habría hecho un “retorno” de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por $ 2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700.
Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.
Los trámites para contratar a “El juego en que andamos SRL” se iniciaron el 5 de diciembre de 2014, cuando el entonces ministro Hugo Marsó interesó a Urribarri la instalación del parador para difundir la marca Entre Ríos como destino turístico en Mar del Plata. En el expediente de la causa por el parador, se considera que esa solicitud fue justificada de forma “ficticia”, ya que la verdadera razón era promover la precandidatura de Urribarri.
Según la acusación, Urribarri y Marsó tuvieron el “aporte imprescindible” de Gerardo Caruso, socio gerente de la firma contratada y, entonces, director de Contenidos del Fútbol para Todos. Los investigadores entienden que “Foia” contó con “información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”, y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Y recalcan que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos.
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La firma tiene su sede en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, en manos de los fiscales hay un documento en el que se consignó el domicilio del entonces Secretario de Justicia Rubén Virué, quien renunció al cargo el 5 de junio de 2015.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.