En la octava audiencia del megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, se produjo la testimonial de nuevos testigos convocados por el Ministerio Público Fiscal, que acusa al exmandatario de haber utilizado fondos públicos, entre 2010 y 2015, para beneficiar empresas, familias y allegados, y permitir el pago de coimas, y financiar el denominado “Sueño Entrerriano”, su pretensión de se precandidato a presidente de la Nación en 2015.
Florencia Della Ghelfa, empleada del Ministerio de Comunicación y Cultura -exDirección de Información Pública-, fue el primer testigo de la jornada y su testimonio fue el más extenso que se escuchó este lunes. Lo hizo desde las 9 hasta pasadas las 13,30.
Della Ghelfa relató que ingresó en 2008 y qué se ocupaba de armar los expedientes de publicidad y que por ello mantenía un contacto frecuente con las empresas contratistas de publicidad, como Tep, Next SRL, Formato Urbano -que la Fiscalía vincula a Juan Pablo Aguilera- y la de Hugo Montañana y Jesús María Bustamante.
Señaló que era la contadora Corina Carngel quien se contactaba con ella para consultar sobre las órdenes de publicidad por cartelería en las rutas. Y lo hacía por las imprentas que la Fiscalía vincula con Juan Pablo Aguilera, como así también con la de Montañana y Bustamante.
Al ser interrogada sobre una serie de correos electrónicos que recibía de Cargnel -fechados entre 2012 y 2015-, reconoció que realizó trámites para las imprentas y que por esas «ayudas» recibió dinero. «Era una cuestion de ayuda. No lo tomaba como trabajo», dijo.
Cuando se le preguntó por qué los correos electrónicos eran enviados también a Gustavo Pereyra -empleado del PJ que supo operar con una firma de publicidad- y Juan Pablo Aguilera, señaló que el primero solía hacer seguimiento de expedientes o llevaba documentación para las firmas Tep, Next, Montañana y Bustamante, pero no supo responder la razón por las cuales también se notificaba a Aguilera.
Además, cuando se le exhibieron, entendió como similares las fotografías con las cuales las empresas de Montañana, Bustamante y Formato Urbano certificaban la colocación de carteles en las rutas.
Entre los mails que llamaron la atención de los fiscales, se le mostró uno de 2013 en el que la empleada pública decía que revelaría fotos de la empresa contratista para anexar en los expedientes de publicidad.
«Hola Cori (por Cargnel), ahí guardé las fotos que me enviaste. Si puedo hoy las llevo para ir revelando. Asique Bustamante, cuando quiera, puede facturarme las dos órdenes para ir presentando esto», decía el correo que envió Della Ghelfa a Cargnel.
Megajuicio: testigo afirmó que las imprentas no pertenecen a Aguilera
Al respecto, la fiscal Patricia Yedro le consultó si revelar las fotos era parte de su trabajo en el Estado. La testigo, explicó: «No, lo que hacía en 2013 era ayudar cuando las fotos no estaban bien. Ella mandaba por mail fotos y me preguntaba si alguna de esas podía llegar a servir para el expediente. Había algunas fotos que no estaban bien y pedíamos que las cambiaran».
Más adelante, leyó dos particulares mails de 2013: en uno, la testigo informaba a una empleada de la empresa Tep que iría a la empresa a buscar documentación; y en otro, la contadora Cargnel le pedía acelerar expedientes y que avise cuando concurriría a la firma porque «está tu dinero y no sé si necesitas para las fotos».
Luego de un cuarto intermedio, la testigo respondió algunas preguntas de los defensores. El abogado José Velázquez le preguntó cómo era la relación con los proveedores, y al respecto, dijo: «Tenemos buena relación con los proveedores porque más de una vez le hemos devuelto las cosas y les enseñamos a facturar. Por ahí teniamos personas del interior y nosotros le ayudábamos a confeccionar la orden y la factura. Era una forma de ayudar al proveedor más cuando son nuevos y no están acostumbradas a trabajar con el Estado».
Si bien en la ronda de preguntas de la Fiscalía observó que eran «similares» las fotos de la cartelería en las rutas que las firmas adjuntaban en los expedientes de certificación de publicidad, ante la pregunta de los defensores manifestó que eran imágenes «ilustrativas» y que la cartelería era controlada «in situ» por Gustavo Tamay, responsable de ello en el Ministerio de Comunicación.
Más testigos
Tras la comparecencia de Della Ghelfa, fue el turno de Luis Fernández, hermano por parte de padre de los acusado Alejandro y Luciana Almada -esposa de Aguilera-, quien actualmente trabaja en Criminalística de la Policía de Entre Ríos.
Contó que .antes de ser policía, trabajó en la librería Alfa, ubicada en calle Monte Caseros, de Paraná, y que pertenecía a sus hermanos. También admitió que tuvo un contrato con en el Senado provincial.
Por último, declaró como testigo Julio Rodríguez, un trabajador oriundo de General Campos, quien es amigo de Maximiliano Sena, imputado en la causa. Contó que trabajó para Tep y que para ello fue contactado por Sena. Asimismo, admitió que tenía un contrato con la Cámara de Diputados y que trabajaba bajo las órdenes de Hugo Bethet, hoy exlegislador de San Salvador.
Acusación en la causa de las imprentas
En el alegato de apertura del juicio, el 27 de septiembre, la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, detalló de qué modo se operó con las publicidades estáticas en vía pública para beneficiar a dos empresas que adjudicó al cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL, y con qué dinámica actuaban en forma “cartelizada” con las firmas Fernando Montañana y Jesús Bustamante para la distribución de las pautas publicitarias, en maniobras delictivas “en continuado” entre 2010 y 2015.
En esas maniobras de cartelización, sostuvo que se sustrajo del erario público la suma de $21,5 millones, que dolarizada al valor de entonces representaba 3.250.000 dólares.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de más de $20 millones a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro de Cultura Pedro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”.
Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
El megajuicio
En el debate participan los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Los defensores son Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Miguel Cullen, Marcos Rodríguez Allende, Emilio Fouces, Ignacio Díaz y José Velázquez.
Los imputados son Sergio Urribarri, actual embajador en Chipre e Israel; Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación; Juan Pablo Aguilera, empleado del Senado; Gustavo Tamay, empleado de Turismo; Maximiliano Sena; Emiliano Giacopuzzi; Alejandro Almada, Luciana Almada, pareja de Aguilera; Gustavo Tórtul, empleado del Gobierno de Entre Ríos; Germán Buffa, comerciante; Gerardo Caruso, empresario; Hugo Marsó, exministro de Turismo; y Corina Cargniel.
El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: el N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.