Héctor Eduardo Enrique, contador del Ministerio Público Fiscal, aseguró que existió un esquema de retornos de dinero de empreas contratadas por el Estado a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri.

En la 19º audiencia del megajuicio a Urribarri y otros imputados, el profesional dio cuenta del informe que elaboró durante la investigación penal preparatoria, donde determinó que existía un complejo esquema de «devolución» de dinero de contrataciones oficiales por parte de diferentes firmas.

Concretamente, se refirió al informe elaborado en base a la información extraída de un archivo en el disco externo de la contadora Corina Carngel, imputada en el caso de las imprentas vinculadas a Aguilera. El archivo estaba en la carpeta denominada «Juan», y en el interior de ésta había otra que se llamaba «el juego en que andamos». Allí había un Excel en el que se detalla el esquema de devolución. El archivo fue creado el 20 de febrero de 2015, fue creado por el usuario «Juan» y modificado el 24 de abril de 2015.

«En primer lugar, el esquema de devolución surge a partir de que a una firma, El Juego en que Andamos, se le adjudicó una licitación pública para la puesta en funcionamiento de un parador en Mar del Plata. El Estado provincial realizó diferentes pagos y a partir de ahí, el señor Gerardo Caruso, titular de la firma, realizó a partir de dos días movimientos de fondos: una fue con la modalidad de (dinero en) efectivo y otra con la devolución por emisión de facturas. Los beneficiarios directos de esas devoluciones que se identificaron en el esquema fueron Juan Pablo Aguilera y el señor Urribarri», sostuvo.

Enrique habló sobre una de las tesis de la Fiscalía en la causa del Parador instalado por el gobierno entrerriano en enero de 2015 en Mar del Plata, en la playa La Perla del Norte. La instalación estuvo a cargo de la firma «El Juego en que Andamos», de Gerardo ‘Foia’ Caruso, acusado en la causa, y costó $14.561.870,00. Según la Fiscalía, «Caruso había acordado que debía retornar gran parte del dinero pagado por el gobierno» y que dichos retornos de dinero se realizaron de tres formas:

1- Una parte se abonó en efectivo al cuñado del gobernador, Juan Pablo Aguilera.

2- Otra parte se llevó a cabo por medio del pago del alquiler de carteles ubicados en distintas rutas de la provincia de Buenos Aires, en los cuales se publicaron imágenes de Urribarri como precandidato a presidente de la Nación.

3- Una tercera parte se efectuó por medio de transferencias bancarias y pagos realizados por la firma El Juego en que Andamos a distintas empresas, las cuales le emitieron facturas con concepto ficticios a fin de justificar dichas operaciones.

Consultado por el fiscal Gonzalo Badano, el contador Enrique explicó que la operatoria quedó asentada en una comunicación encontrada en uno de los archivos del disco externo secuestrado en el marco del allanamiento llevado a cabo en las imprentas Tep SRL y Next SRL, que Fiscalía adjudica a Aguilera.

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Enrique explicó que de la evidencia surgió que la firma El Juego en que Andamos pagó a la Cooperativa de trabajo X la Plata Publicidad Ltda el alquiler de los carteles en las rutas de la provincia de Buenos Aires por 3 meses a partir de marzo 2015, los cuales llevaban la figura de Urribarri como precandidato a Presidente de la Nación, lo que se concretó por $ 338.800; por otra parte, se realizó el retorno en dinero en efectivo a Aguilera, lo que se llevó a cabo por $ 2.000.000, y también por medio de transacciones bancarias a las empresas Tep y Next–propiedad del Sr. Aguilera-, y las firmas Visual Ilusión, Megaprint, Wall Street Vía Pública y Fredy Publicidad, lo que también se efectuó por la suma de $ 2.468.700,00.

La acusación fiscal dice que «todo lo anterior contó con la imprescindible colaboración de Corina Cargnel -contadora de las empresas Tep y Next-, quien gestionaba la confección de facturas por parte de las empresas mencionadas y también los retornos de dinero con la firma El Juego en que Andamos».

La megacausa

La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye los siguientes expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $28 millones; la difusión en diferentes medios de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones, y la presunta contratación amañada de la firma “Global Means”, en 2011.

La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”. Los delitos que se le imputan a Urribarri son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

Además de Urribarri, también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de aquel y exsecretario del bloque de senadores del PJ; Gustavo Javier Tórtul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera; Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y al empresario Germán Buffa, de Global Means. Durante el juicio falleció el imputado Hugo Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.