En el alegato de apertura del megajuicio que se sigue al exgobernador Sergio Urribarri y otros 12 imputados, el arranque correspondió a la fiscal Patricia Yedro, que se centró en los nexos comerciales siendo funcionario público del cuñado del extitular del Poder Ejecutivo, Juan Pablo Aguilera, y de qué modo evadió la incompatibilidad en la contratación con el Estado, poniendo en su lugar «prestanombres» en las empresas Tep SRL y Next SRL, domiciliadas en Racedo al 400, en Paraná. Esas dos firmas concentraron buena parte de las contrataciones en publicidad en vía pública ordenadas por el Gobierno provincial durante la administración Urribarri, señaló la fiscal.
«Aguilera era el dueño y las empresa fueron creadas para negociar con el Estado. Aguilera era el integrante oculto. Jamás podía haber sido cara visible porque tenía incompatibilidad para contratar con el Estado y actuaba por intermedio de sus testaferros», dijo Yedro, y en esa figura englobó a la mujer de Aguilera, Luciana Almada, a su hermano, el funcionario de la Cámara de Diputados Alejandro Almada, y sus dos amigos, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena.
Luciana Almada, esposa de Aguilera.
Alejandro Almada
Maximiliano Sena.
Emiliano Giacopuzzi.
Y contó que durante el urribarrismo, Aguilera «tuvo un rol protagónico en el Gobierno, cercao a su cuñado»: funcionario de la Cámara de Diputados adscripto a la Gobernación, titular de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y siempre a cargo de las campañas del PJ. «La publicidad (oficial) le generó a Aguilera el negocio más rentable. Su relación familiar con el exgobernador, la posición en la Legislatura, en la Casa de Entre Ríos, el vinculo que tuvo con distintos funcionarios, generaron un terreno propio para expandir sus negocios», señaló y reveló que la empresa Publicitar, que tuvo corta vida comercial de la mano de Gustavo Pereyra, empleado del Partido Justicialista, también fue de Aguilera.
Yedro aclaró en el arranque. «Nos tildaron de arbitrarios, de irresponsables, de ejercer el poder de manera desmesurada, incluso de inhumanos en este debate. Pero siempre desarrollamos nuestra labor comprometidos con el descubrimiento de la verdad». Luego, inició un demoledor alegato de acusación, centrado en Aguilera y sus «testaferros», su mujer, su cuñado y Giacopuzzi y Sena. «Esta investigación se inició hace más de seis años. Estuvo plagada de cuestionamientos, de planteos. Sin embargo, hoy podemos decir que vamos a demostrar que todo aquello que sostuvimos desde el primer día, con la denuncia, aquellos hechos que se imputaron a cada uno de los imputados, han sido comprobados, los hemos demostrado. Este es el momento en el cual podemos hacer alegaciones de lo que ocurrió en el debate», apuntó.
Dijo que al Ministerio Público Fiscal le hubiese resultado más expeditivo acusar a Aguilera y a su cuñado Alejandro Almada por el delito de negociaciones incompatibles en la función pública al ser ambos funcionarios y negociar con el Estado. «Pero la evidencia es tan abrumadora, y mostraba que era Juan Pablo Aguilera el dueño de las empresa (Tep y Next), y que durante 5 años se mantuvo a las sombras, actuando a través de sus testaferros, que esa fue la hipótesis que sustentó la Fiscalía», agregó.
«Con Urribarri en el gobierno, el negocio de la publicidad le iba a resultar rentable a Aguilera. Con estas cuatro personas, podía mantenerse oculto, porque aparecían como dueños de estas empresas», puntualizó Yedro. «Esta afirmación de la Fiscalía -añadió- respecto de la titularidad de las empresas no es antojadiza. A pesar de que fue negada por todos los imputados, incluso por testigos, el hecho de que Aguilera fuera el dueño era un secreto a voces en Paraná. La hipótesis fiscal que sostuvimos desde el inicio siempre se basó en la prueba que contamos, contundente, que no deja margen de dudas . La prueba nos decía que a quien se rendía cuentas, quien definía el rumbo comercial, las inversiones, el manejo de los empleados, era Juan Pablo Aguilera».
Buena parte de la prueba que la Fiscalía utilizó para la acusación fue sacada del disco extraíble hallado en oportunidad del allanamiento que se efectuó el 1° de agosto de 2016 a las oficinas de las empresas Tep SRL y Next SRL, ubicadas en Racedo al 400.
Yedro aseguró que la información obtenida de ese disco rígido «confirma que Juan Pablo Aguilera es el dueño de las empresas. Y que la contadora (Corina) Cargnel respondía funcionalmente a Aguilera». En ese dispositivo se encontró documentación que comprometería a Aguilera, elaborada por el abogado Luciano Minigutti -que no declaró en el juicio por cuanto se amparó en el secreto profesional- que, entre otros aspectos, probó las negociaciones que llevó adelante el cuñado con el empresario Carlos Eduardo Vitagliano, de Visual Ilusión SA, que le había ofrecido ser socio de su empresa.
Después de detallar los lazos de empleados del Ministerio de Comunicación con las empresas de Aguilera, y dar cuenta de qué modo operaba Aguilera, se pasó a un cuarto intermedio. Cuando se reinicie la audiencia, el tribunal, conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, deberá resolver un planteo del defensor Emilio Fouces, que pidió que los fiscales no sigan exhibiendo documentación en la audiencia.
A la causa del cuñado, le sigue la megacausa del Sueño Entrerriano, que incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano».
El tercer caso de debate tiene que ver con el otorgamiento de una pauta de publicidad al empresario Germán Buffa.
En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.
En los tres casos, la Fiscalía dará a conocer su acusación y los pedidos de condena y la jornada está prevista que se extiende, por lo menos, hasta mañana martes.
La causa
En el alegato de apertura del megajuicio, el 27 de septiembre de 2021, la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche -hoy suspendida en su cargo por un proceso de jury en su contra- describió de qué modo Aguilera actuó como funcionario y empresario-: lo que se conoce como la “causa de la vaca” la Fiscalía menciona como un direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública del Gobierno a través de un procedimiento “cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios “prestanombres”, en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.
“Un delito continuado”, calificó la fiscal a la maniobra, que ocurrió entre 2010 y 2015. Durante esos años, señaló, “se desarrolló una maniobra sistemática destinada a favorecer a un grupo de empresas dedicadas a realizar publicidad estática en vía pública”. En esos años, y con esas maniobras, se manejaron pautas de publicidad por $21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares. Goyeneche habló de “el dueño” para referirse al cuñado Aguilera, cuestión que “siempre se mantuvo oculta” para los organismos de control. “Tep y Next manejadas desde las sombras por Juan Pablo Aguilera, mientras que Montañana y Bustamante lo hacían con un previo acuerdo espureo de cartelización con el señor Aguilera”, lanzó.
Las empresas Tep SRL y Next SRL fueron creadas en 2009 por Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad estática en vía pública por parte del Gobierno provincial, afirmó la Procuradora Adjunta.